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Legisladores de Unión por la Patria enviaron una nota al FMI pidiéndole no acordar con el Gobierno

Los senadores le escribieron directamente a Kristalina Georgieva, para rechazar el DNU del Gobierno por no cumplir con la Constitución y legislación vigente. Toda el dinero va a ser para “financiar la campaña del presidente Milei”, resaltaron.

18 marzo, 2025

Los  senadores de Unión por la Patria,  y a través de una carta dirigida a la propia directora del FMI, Kristalina Georgieva, rechazaron la firma de un nuevo acuerdo del organismo con el gobierno argentino, el cual -consideraron- “sólo serviría para financiar la campaña del presidente Milei” y tendrá “consecuencias desastrosas” para el país.

La misiva, también destinada a todo el directorio y staff del FMI, arranca: “Atento al dictado del DNU 179/25 por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional se autoriza a sí mismo a contraer un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, los senadores y senadoras de Unión por la Patria queremos hacerles llegar nuestra posición contraria a la suscripción del mismo”.

“Desde el punto de vista jurídico, denunciamos que dicho DNU es incompatible con la legislación vigente, ya que contradice nuestra Constitución Nacional”, aseguraron en la nota firmada por los legisladores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, tridente que conduce la bancada de UP en la Cámara alta.

En ese sentido, indicaron que el decreto “tampoco cumple con la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que ‘todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente’ en su artículo 2”.

“De esta manera violatoria de la institucionalidad, se intenta, tal como se hizo con el acuerdo stand by de 2018 con el gobierno de (Mauricio) Macri, cerrar un acuerdo sospechoso, ya que en el DNU mencionado no se establecen ni montos, ni condiciones financieras y, mucho menos, las condicionalidades y metas que ese organismo le fija a la Argentina, que quedan así cubiertas de un manto de secreto inentendible, a menos que sean de una gravedad tal que impliquen la entrega de activos estratégicos de la Nación Argentina o que establezcan medidas de ajuste todavía más brutales de las hoy el gobierno de Milei está implementando”, enfatizaron.

Los senadores aseveraron que “el FMI debería considerar las consecuencias que se generarían a partir de la firma de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en estas condiciones, y, por ende, sus directivos y funcionarios deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo”.

A su vez, anticiparon que “de continuar por este camino”, Unión por la Patria “no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes”.

“Entendemos que se estarían vulnerando nuevamente las condiciones de excepcionalidad, como ya sucedió en el acuerdo stand by de 2018, puesto que, con este nuevo endeudamiento, casi se triplicaría la cuota que le corresponde a nuestro país, con los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica”, señalaron.

Y pronosticaron: “Si bien el DNU establece que los fondos frescos que el FMI pudiera aportar sólo deberían utilizarse para pagar los vencimientos con ese organismo y reforzar las reservas internacionales del Banco Central, el destino de los mismos será, en definitiva, el de financiar la salida de capitales. En suma, el FMI estaría suscribiendo un nuevo acuerdo que implicaría el incumplimiento del artículo VI de su propio Estatuto, como ya lo hizo en 2018”.

“El gobierno argentino se encuentra desesperado por la falta de dólares”, sostuvieron y, en ese sentido, observaron que “ante la caída de reservas de los últimos días, con salida de capitales y con un contexto mundial sumamente incierto, sólo el rescate del FMI les permitiría continuar con esta política económica de atraso cambiario”.

Los opositores recordaron que el acuerdo de 2018 “fue utilizado por el presidente Macri para financiar su campaña electoral, con el resultado por todos conocido.

Por eso, les solicitamos que tengan en consideración aquella situación a efectos de evitar que la misma se repita y que, por lo tanto, no suscriban un nuevo acuerdo que sólo serviría para financiar la campaña del presidente Milei (que dicho sea paso ya ha encontrado, a través de la estafa con criptomonedas, una novedosa forma de contar con fondos para sus pretensiones electorales) porque está en juego la vida de millones de argentinos sometidos al hambre, la miseria y la exclusión social”.

“Argentina habrá pagado hacia fines de 2025, por intereses, cargos y comisiones a ese organismo, aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, por aquel acuerdo fallido de 2018 y todo ha empeorado desde entonces; la inflación se aceleró, la pobreza y la indigencia crecieron, la producción se redujo y las cuentas externas tampoco mejoraron”, cuestionaron.

Los senadores K expresaron: “Sabemos que este esquema económico va a durar poco tiempo más, ya que más temprano que tarde la corrección cambiaria se hará impostergable. Y también, que el pueblo argentino, que ya viene resistiendo el duro ajuste al que es sometido, seguirá por este camino de rebeldía cada vez con más fuerza, por más represión que intenten aplicar”.

“Las naciones integrantes del FMI, sus directivos y sus funcionarios técnicos, deben tomar nota y deben hacerse cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas”, sugirieron.

Además, advirtieron que esta deuda “podrá ser calificada como deuda odiosa en su más amplia acepción” y “por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nación Argentina, habida cuenta de que se conocen de antemano las consecuencias desastrosas que tendrá”.

“Insistimos en que la aplicación de las mismas recetas basadas en políticas de ajuste, atrasos cambiarios y especulación financiera permanente, sólo traerán los mismos resultados negativos”, resaltaron y concluyeron:

“Firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina, no sólo acarreará su absoluta nulidad sino que, como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado argentino”.

Fuente:parlamentario.com

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Tags: AcuerdoFMIJavier MileiKristalina GeorgievaMauricio MacriUnión por la Patria
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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