El Gobierno nacional avanzó con su plan de desregulación al transporte interno y a la importación de fertilizantes, una medida que puso en alerta a productores orgánicos y ecologistas, porque permitirá el ingreso y traslado prácticamente sin trabas de “paquetes tecnológicos que son altamente esclavizantes para la gente”.
“Ideológicamente estoy en contra de todos los fertilizantes inorgánicos, la gran mayoría son productos de la síntesis del petróleo, que además de ser gastos innecesarios y una forma de tener cautivo a los productores, no sirven porque hay otras formas naturales de poder obtener los mismos beneficios o mejores beneficios todavía”, señaló crítico el productor tealero y presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand.
En las razones para avanzar con la medida, el ministro Federico Sturzenegger había destacado esta semana que la normativa, creada originalmente por razones militares debido al uso dual del nitrato de amonio -un fertilizante que también puede ser utilizado como precursor de explosivos-, había quedado obsoleta y generaba costos innecesarios para los productores.
“Era una norma que solo imponía costos, porque sí se exigía el trámite, pero no el control que se suponía venía con el mismo”, había afirmado a los medios para defender su plan de desregulación.
Con la nueva normativa, los cambios no se aplicarán a todos los fertilizantes, sino solo a aquellos que superen las 50 toneladas y contengan nitrato de amonio a granel, cuyo tránsito debe ser notificado al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
“Es cierto que este fertilizante, además de su uso como abono, tiene aplicaciones en la fabricación de explosivos, y la normativa original fue creada en tiempos militares, cuando existía la preocupación por su uso dual”, reconoció Sand.
Sin embargo, afirmó que las preocupaciones aumentan cuando se analizan los posibles riesgos de importación de fertilizantes sin el control adecuado, ya que podrían estar contaminados con metales pesados, como el cadmio o el plomo, sustancias altamente tóxicas que podrían terminar en los suelos de los productores.
En ese sentido, sostuvo crítico que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los productos que ingresan al país no representen un riesgo para la salud ambiental.
A favor de regular
“Es función del Estado velar para que todo lo que ingrese a la República Argentina sea inocuo”, afirmó uno de los productores afectados, destacando que las instituciones como las aduanas, el Senasa y otros mecanismos del Estado deben actuar para regular y verificar la calidad de los productos importados.
“Hace poco un informe del propio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reveló cifras alarmantes sobre el uso de plaguicidas en Argentina, situándonos como líderes mundiales en consumo de estos productos. Con 580 millones de litros de plaguicidas utilizados, la cifra promedio per cápita es de 13 litros al año, una cantidad mucho más alta que en países como Brasil, Estados Unidos, Europa o China. Los productores sostienen que este alto uso de plaguicidas está relacionado con el modelo de agronegocios, que favorece a los grandes productores de semillas y maquinaria, pero que no beneficia a los productores pequeños ni al medio ambiente”, cuestionó Sand.
Valor ecológico
Sand defendió la idea de cambiar el enfoque sobre lo que tradicionalmente se considera “maleza”, destacando que muchas de estas plantas silvestres tienen un valor ecológico que debería ser aprovechado y no eliminado.
