Para conocer cuál es la situación actual de obras públicas y licitaciones, esta mañana en FM Santa María de las Misiones hablaron con José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.
Criticó que efectivamente desde diciembre de 2023 se paralizó la obra pública, lo cual implica un impacto negativo en la infraestructura vial, la seguridad de los usuarios y fuente laboral de trabajadores.
Aclaró que entiende que el concepto de “obra pública cero”, como aplica el Gobierno nacional, “puede ser viable en muy corto plazo de tiempo, pero no puede ser eterno”, y argumentó: “Nosotros tenemos 40.000 kilómetros de red de caminos. Ahora estaba previsto, por lo que dijo el Gobierno y los decretos que salieron, que van a concesionar aproximadamente 9.100 kilómetros y todavía no han dicho absolutamente nada más sobre el resto hasta llegar a 40.000”.
Además, advirtió que las rutas “se están deteriorando mucho”, y eso repercute en siniestros viales, muertes, heridos, “eso nos preocupa, ya estamos en un nivel de servicio muy bajo”.
Consultado sobre a qué sector cree que beneficiaría la “obra pública cero”, Rizzo opinó que “a nadie le beneficia esto, ni a las empresas constructoras ni a nosotros que queremos invertir en las rutas para circular con seguridad”. Sin embargo, dijo que aparentemente la idea del Gobierno nacional es “priorizar la inversión en otras cosas que no son la obra pública”, por alguna razón. Aunque esto puede ser contraproducente, ya que “en un país tan extenso como el nuestro, donde prácticamente toda la producción se transporta por vía terrestre… es realmente preocupante esta postura tan cerrada del Gobierno”, apuntó.
Concesión
Sobre esto, José Raúl Rizzo, sostuvo que lo que está previsto en los pliegos preliminares “no debería llamarse concesión de obra pública, porque no lo es”. Explicó que no hay ciertamente una empresa que se haga cargo de los caminos en forma total e integral, “sino que se les presenta una serie de ítems que deben cumplir y eso resulta un perjuicio para el nivel de servicio y del estado de las rutas”, insistió.
En este sentido, sí consideró que hay un beneficio para las empresas, porque “por un lado, cumplen con lo que les dicen, pero cobran los peajes el precio que se les ocurra”; y esto porque los pliegos no establecen cuál sería el valor de referencia de los peajes. “Eso es algo muy grave, es decir, estamos aprobando un pliego y no decimos cuánto vamos a pagar, y esto lo pagamos todos los argentinos”, criticó.
Concesión de Obra Pública -Carta abierta 170225 (2)
