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Condenaron a exprefecturiano a ocho años de prisión por abuso ultrajante de una menor

El acusado prestaba servicio en la delegación de la fuerza federal en Puerto Rico y el hecho fue alertado por una docente de dicha localidad. Testigo clave del delito contra la integridad sexual fue un hermano de la víctima, también menor de edad.

8 febrero, 2025
DOS AÑOS ANTES DEL JUICIO. El acusado fue detenido tras los testimonios clave volcados al expediente en el Juzgado de Puerto Rico.

DOS AÑOS ANTES DEL JUICIO. El acusado fue detenido tras los testimonios clave volcados al expediente en el Juzgado de Puerto Rico.

La agenda de juicios 2025 del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Provincial, se inició el pasado martes y ayer se registró el primer veredicto, fue condenatorio para un exprefecturiano: ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por “abuso sexual gravemente ultrajante, tres hechos, en concurso real” (artículo 119 del Código Penal Argentino).

El acusado de 62 años fue detenido en enero de 2022 y luego de varios meses de evolución del expediente que instruyó el juez de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez y el fiscal Héctor Simon.

Dos años después, los jueces Gregorio Augusto Busse, presidente, César Antonio Yaya y Marcela Leiva (vocal subrogante) declararon culpable al encartado de haber drogado y abusado a una adolescente de 14 años en diciembre de 2021.

Luego de cuatro días de debate en el TP-2, el fiscal Vladimir Glinka solicitó quince años de prisión efectiva para el acusado por “abuso sexual gravemente ultrajante, varios hechos y abuso sexual con acceso carnal, un hecho”.

Los delitos trascendieron y fueron denunciados en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IV “Puerto Rico”, tras el alerta que dio una maestra de la adolescente de 14 años, víctima directa.

La docente tomó conocimiento que el prefecturiano subió una fotografía sin remera y abrazando a la menor. La había publicado en su perfil de la aplicación de mensajería Whatsapp. En la imagen se podía leer la frase “I love you”, algo impropio teniendo en cuenta que se trataba de una menor de edad y “muchos pensarían que tienen una relación sentimental”, expresó la educadora en su denuncia.

Esta primera denuncia destapó una seguidilla de hechos anteriores pero también en 2021 y con la misma menor y cuyo victimario resultaba el prefecturiano que frecuentaba la vivienda de la víctima, barrio y dirección que PRIMERA EDICIÓN se reserva su publicación.

Los abusos fueron reiterados, pero el último y más grave fue el registrado en la casa que alquilaba el acusado y donde residía solo ya que se había separado de su pareja. Allí llevó con engaños a la adolescente de 14 y a su hermano de 12 años.

Al menor de ellos lo hizo bajar a limpiar la planta baja del inmueble, mientras él se quedó en la cama acostado con la hermana mirando televisión. Comenzó a manosearla pero la víctima se resistió. No desistió de su intento y la convenció que no le haría daño pero que tomara el jugo que había preparado.

La víctima aceptó sin darse cuenta que lo que acababa de beber tenía algún tipo de somnífero o droga relajante que limitó su defensa.

Esto facilitó al agresor sexual para quitarle la ropa y continuar con el abuso, hasta que el niño de 12 años se dio cuenta de lo sucedido y comenzó a gritar para que la dejara en paz o llamaría a la policía.

El acusado durante el debate negó el hecho, pero los relatos de los menores en Cámara Gesell durante la instrucción del expediente, fueron contundentes en precisiones, detalles y descripciones del escenario, fechas y horarios.

Los profesionales en salud mental que participaron también en la elevación del expediente, ratificaron durante el juicio oral la veracidad de lo denunciado. Se desprende del veredicto, restan los fundamentos, que los integrantes del Tribunal Penal 2 no dudaron de las víctimas, denunciantes y peritos, y fallaron en el sentido indicado por las pruebas.

 

Testigo en el juicio por el femicidio de Angélica Ramírez

El miércoles 5 de noviembre de 2014, el exprefecturiano condenado ayer a ocho años de prisión por abuso sexual de una menor, fue testigo en el Tribunal Penal 1 de Posadas en el juicio oral y público a Francisco Bourscheid por el femicidio de Angélica Ramírez, asesinada a garrotazos el 26 de septiembre de 2012 en una zanja de la calle Pionero Kuhn en Puerto Rico.

 

NOVIEMBRE 2014. Se inició el debate que culminó con la prisión perpetua para Francisco Bourscheid (hoy de 63 años) por la muerte de Angélica Ramírez (14).

 

Como lo cronicó PRIMERA EDICIÓN, el testimonio del entonces guardia en la delegación de la Prefectura Naval Argentina en dicha localidad fue “dubitativo, por momentos evasivo con las preguntas del tribunal (…) Primero negó que mantuvo frecuentes contactos telefónicos con las dos menores amigas de la víctima fatal (Ramírez) o algún tipo de relación de amistad o sentimental, pero cuando uno de los camaristas del TP-1, Eduardo D’Orsaneo, le leyó los entrecruzamientos telefónicos no le quedó otra que relatar lo sucedido durante la madrugada del lunes 24 de septiembre, dos días antes del crimen. El prefecturiano contó que le pagó un remís a Angélica alrededor de las 4.30 de ese día, porque vía telefónica una joven, mayor de edad, le propuso enviarla hasta el puesto de Prefectura. Indicó que se hizo cargo del costo pero que al ver que se trataba de una menor decidió restituirla hasta la casa de la amiga a bordo de su motocicleta”.

Más de diez jornadas de debate oral con testigos y pericias clave analizadas, principalmente una mancha de sangre con el ADN de la víctima en una zapatilla de Bourscheid, fueron contundentes para la sentencia del 16 de noviembre de 2014.

Tags: #JudicialesabusoExprefecturianoFrancisco BourscheidMisionesPuerto RicoSentencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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