Los guardaparques y trabajadores ambientales de Misiones usaron las redes sociales para denunciar la situación de desfinanciamiento y vaciamiento del Ministerio de Ecología en la protección de los recursos naturales.
Mediante un documento publicado en la cuenta “Parques en Peligro” en Facebook, con el fin de “socializar” para “no ser cómplices de una realidad no adecuada al contexto misionero”.
Hicieron esta publicación días atrás, con datos técnicos y citando informes científicos, en un contexto de creciente cuestionamiento sobre las autoridades a raíz de que se han producido numerosos robos de madera en los Parques Provinciales, que son categorías Zona Roja, de máxima conservación.
Los Parques Piñalito, Urugua-í tuvieron graves daños ambientales confirmados por el Ministerio y en Esmeralda el robo se produjo en el límite del Parque, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, pero pese a ser una reserva privada, forma parte del territorio que debe proteger esta cartera ambiental.
Para los guardaparques en Misiones existe una política “reactiva de perseguir infractores posevento de daño ambiental, hacer prensa y anunciar mediáticamente temibles multas de muchos millones”. Pero advierten que “sin embargo, la ley general del ambiente plantea otra estrategia, evitar el daño ambiental”, que se logra con prevención y más recursos presupuestarios.
Menos del 10%
“La política de la infracción cuenta con un presupuesto tan bajo que facilita la infracción, eso es una decisión política de autoridades y diputados provinciales”, remarcan los trabajadores.
Enumeran que la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable tiene jurisdicción en bosques de alta y media prioridad para la conservación (zonas rojas y amarillas), le toca lidiar con la pesca, el hurto de madera y la cacería silvestre y para ello recibe solo el 9,39% del presupuesto total del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales.
En cambio, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) recibe el 28,59% del presupuesto; y la Unidad Superior tiene el 48,1% del presupuesto del Ministerio de Ecología para el 2025.
Denuncian que “esta política de asignación de recursos desprotege zonas rojas y amarillas y por lo tanto libera zonas para la actividad antijurídicas”.
Para ser más gráficos, explican que por cada $100 destinado al Ministerio de Ecología, se disponen de 48,1 pesos; el IMiBio de 28,59 pesos; y la Subsecretaría de Ecología y las Áreas Naturales Protegidas “dispone de miserables 9,39 pesos”.
Aclaran que “el despliegue territorial y la llegada a las zonas de máxima protección lo debe hacer el personal de las ANP”, sugiriendo que los sectores que trabajan en oficina reciben más presupuesto que los que ponen el cuerpo en el monte.
“Pongamos otro enfoque, por cada cien litros de combustible que se le asigna al Ministerio de Ecología, 50 litros los dispone el ministro Recaman, 29 litros el IMiBio, y 9 litros los dispone la Subsecretaría de Ecología que tiene a su cargo las ANP, los monumentos naturales provinciales y la diversidad”, explican.
En este sentido remarca que “está claro que, si no mejora la inversión en las ANP próximamente señores diputados y funcionarios, por omisión de acción, deberíamos declararnos Capital de Cacería Furtiva, posponiendo el de Capital de la Biodiversidad hasta que cambien la política de la cacería hacia una de conservación integral o no disruptiva, si no es muy tarde en términos ambientales, hablando del estado de las poblaciones de fauna”.
Menos fondos cada año
Los trabajadores ambientales recordaron que durante los últimos años se ha podido trabajar en terreno “gracias a los fondos provenientes de Fundación Vida Silvestre Argentina, el cual ha servido para equipar destacamentos de Zona Norte y Zona Sur y para realizar Educación Ambiental y Control y Vigilancia”.
Pero expresan que “desde mediados del año 2024 esos fondos de conservación ya no están, y la capacidad de trabajar en terreno se ha resentido al máximo histórico, la virulencia el hurto de madera se lleva chorros de tinta”.
Y cuestionan que “a pesar del mundo dinámico de los ministros de Ecología, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no hay cambios sustanciales de nada, como pasó con la crisis de incendios forestales del año 2020, no se trabaja en los planes de manejo de las ANP, hay parques que no tienen documento de gestión, ni personal ni los medios para alcanzar los objetivos de la ley XVI – N° 29”.
“Se cierran oficinas técnicas como el AMIRBY (Área de Manejo Integral Biosfera Yabotí) aunque se mantiene las estructuras vacías”, remarcaron.
Por otra parte, citaron un informe técnico que señala la baja protección de la selva misionera en cuanto al recurso humano asignado: “El Congreso de Conservación de la UICN, hecho en Hawaii en el año 2016, en su moción 32 sugiere a los gobiernos incrementar la planta de guardaparques hasta lograr un valor de un guardaparques cada 500 hectáreas (1 cada 5 km2)”.
Pero dada la superficie con categorías de manejo que la provincia de Misiones declara en el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), de 468.359 hectáreas alcanzando un 15,72% de su superficie provincial, “hoy cada guardaparques tendría más de 3.500 hectáreas, con lo cual la provincia de Misiones debería tener 936 guardaparques como valor óptimo”.
Compararon que “hoy el Sistema Provincial cuenta con aproximadamente 120 agentes, de los cuales estarían de guardia unos 60 en un día ordinario, ese número solo es el 6,4% del valor óptimo de personal”.
“Duplicar el personal del SANP en un número aproximado de 250 agentes en los próximos años sería una medida que fortalece las ANP de Misiones, así como dotar de equipamiento y logística adecuada”, finalizaron los trabajadores ambientales.
