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Histórico: la Justicia Federal aceptó abordar el atropellamiento de fauna

Dos ONG fueron contra el Ministerio de Ambiente de la Nación; la Agencia de Seguridad Vial; la Dirección Nacional de Vialidad; y la Administración de Parques Nacionales (APN).

5 enero, 2025

Debieron pasar años y años de reclamos, presentaciones formales y campañas de concientización para que un juez federal en Misiones admita un amparo de dos ONG ambientalistas, para terminar admitiendo que la muerte de animales -como el yaguareté o un puma en áreas protegidas nacionales- es competencia de ese fuero.

Al magistrado federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero le llevó casi 20 meses de estudio para hacerlo, en una presentación realizada por Norberto Ángel Nigro en representación de Fundación Red Yaguareté y Andrés María Nápoli en representación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con el patrocinio de los abogados Pablo Gustavo Ghirlanda y Cristian Hernán Fernández.

Esto ocurrió el 6 de marzo de 2023 y la resolución de Guerrero admitiendo su competencia llegó a fines de diciembre de 2024, antes del inicio de la feria judicial de verano. Fue en el expediente FPO 1.176/2023 caratulado Fundación Ambiente y Recursos Naturales y otro contra el Estado nacional y otros, sobre amparo ambiental”, fallo al que accedió PRIMERA EDICIÓN.

Claro está que, por las fechas, esta causa no incluyó el atropellamiento y muerte de fauna silvestre como la cachorra de cinco meses de yaguareté, que pereció a inicios de octubre de 2024. Cabe recordar que este hecho fue admitido por una empresa de turismo de Iguazú, que pagó una multa de 20 millones de pesos.

En la demanda, las dos ONG fueron contra el Ministerio de Ambiente de la Nación; la Agencia de Seguridad Vial; la Dirección Nacional de Vialidad; y la Administración de Parques Nacionales (APN). Pero también sumaron a la provincia de Misiones.

Concretamente exigieron que “se ordene a los organismos demandados que tomen de inmediato las acciones efectivas y suficientes para regular el tránsito y cumplir las velocidades máximas establecidas para la circulación vehicular en la ruta nacional 12 en el tramo que atraviesa el Parque Provincial Puerto Península y la Reserva Nacional Iguazú, hasta Puerto Iguazú, sustentando su pretensión en la necesidad de preservar a la fauna silvestre que habita en esa porción de la selva paranaense o misionera, con especial foco en la especie panthera onca (yaguareté)”.

Salvo Vialidad Nacional, los representantes de los demás demandados se inclinaron por entender que debería ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que intervenga en el recurso de los ambientalistas. Se fundaron en que el yaguareté migra de un provincia a otra, con lo cual deberían intervenir varias jurisdicciones en el proceso.

Pero el juez Guerrero apuntó a que “…el objeto de la acción versa sobre la protección de un bien jurídico federal, la especie panthera onca -bien de incidencia colectiva-, declarada Monumento Natural Nacional conforme ley 25.463”. Y  aseveró “…con el grado de verosimilitud suficiente que tal denuncia importa y exige para su escrutinio, que el acto, omisión o situación generada provoca efectivamente una degradación en recursos ambientales interjurisdiccionales, que habilitan la competencia federal perseguida toda vez que exige un actuar conjunto de dos jurisdicciones para la recomposición del medio ambiente que se denuncia afectado”.

Aunque la Justicia haya tardado mucho tiempo, esta acción podría significar un primer paso para sumar otros recursos por hechos posteriores, que signifiquen la protección de la fauna silvestre.

En este caso, nadie irá preso por las muertes de decenas de animales pero, con la intimación judicial, la Nación y la Provincia deberán resolver definitivamente los mecanismos para salvaguardar la vida de la fauna. Con mayor énfasis a las medidas ya adoptadas recientemente, como los radares y la cartelería de advertencia que se puso en las rutas y caminos.

 

Se abrió la paritaria salarial

Esta semana, el Gobierno misionero inició las reuniones con los docentes de la Mesa de Diálogo (no así con el Frente Educadores en Lucha) para llegar a un acuerdo salarial. A diferencia de otros años, Misiones negocia en enero con los sindicatos aunque nadie sabe por qué porcentajes.

Además de los educadores, podría seguirse con los agentes de salud, de las fuerzas de seguridad y la administración central en los próximos días.

El compromiso asumido por los funcionarios del Gabinete de Hugo Passalacqua, fue llevar a la mesa de negociaciones una propuesta para el 13 de enero, previendo el cierre de las liquidaciones de haberes que ocurrirá en los días posteriores.

En esta primera reunión salarial del año, se pudo observar que la pretensión de las representaciones de los docentes va muy por encima de lo que probablemente ofrezca la “Rosadita” misionera. Pero no está todo dicho y, para despejar dudas, resta una semana.

 

Los Ahora para momentos difíciles

En Misiones, los programas Ahora que implementa la provincia (la Nación se retiró en 2023, tras el triunfo de Javier Milei) nacieron en 2016 siendo precisamente gobernador Hugo Passalacqua, en su primer mandato constitucional. Se convirtieron en una potente herramienta en tiempo de pandemia, frente a la incertidumbre y las restricciones que abundaron en esa época.

Frente a las asimetrías que volvieron para quedarse un buen tiempo, estos Ahora no solo fueron ratificados sino en condiciones muy atractivas: 12 cuotas sin interés y con montos actualizados a los tiempos actuales.

El sostenimiento de los programas significa una millonaria inversión en financiamiento de tasas de interés, devoluciones de parte de los montos de las compras que realizan los consumidores, donde participan no solo el Estado misionero sino el Banco Macro y los comerciantes que adhirieron.

Mientras la Nación contrae el programa Cuota Simple tanto en rubros como en beneficios financieros, la medida provincial se potencia en su finalidad.

 

Un respiro para Eldorado

El cierre de la planta industrial de Coronel Brandsen (Buenos Aires) del Grupo Dass, del Brasil, generó mucha incertidumbre en Eldorado. Es que los obreros misioneros de la firma ya tienen muchos antecedentes de despidos sin mucho preaviso, cuando la empresa tuvo dificultades para hacerse de insumos y continuar con el ensamblado de partes de zapatillas para firmas mundiales.

Hay una cuestión que es común a Brandsen y Eldorado: de la época “dorada” de por lo menos dos mil empleados, pasaron a la crisis reciente y el sostenimiento de un cuarto de esa cifra. En Misiones se podría abrir una oportunidad, si se cumple la promesa de Dass de traer su producción argentina a la tierra colorada. Sería una oxigenación de oportunidades para jóvenes que buscan empleo en la Capital del Trabajo y alrededores.

 

A la espera del aumento

Posadas tuvo su audiencia pública antes de la determinación del incremento del boleto urbano de pasajeros. Desde el pasado viernes, comenzó el tiempo de descuento para que los funcionarios municipales determinen cuáles serán los montos y fechas para aplicar la suba del transporte de pasajeros.

Si bien el Grupo Z, como era previsto, apuntó a obtener la autorización de un boleto a $3.384 para que “le cierre el negocio”, la Municipalidad de Posadas había anticipado que el boleto se iría a alrededor de $1.000 con SUBE o QR. El resto para apuntalar al Grupo Z, saldría de subsidios provinciales y municipales.

Además de esta definición, restan las medidas que vayan a tomar Garupá y Candelaria; además del Sistema Integrado que comanda el subsecretario René Kegler de Transporte de Misiones.

Nadie anticipó aún si este incremento se pagará desde los próximos días de enero o se postergará para febrero o marzo. Lo que sí se supo en la Audiencia, es el descontento de los usuarios con el servicio: un 82% dijo no haber visto mejoras en el servicio y un 72% no observa relación calidad/precio. No lo dijeron las asociaciones barriales críticas o partidos de oposición. Sino que fueron relevados por la Defensoría del Pueblo de Posadas, donde está al frente la abogada Valeria Fiore, una dirigente de la renovación.

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  • El Grupo Z pidió una tarifa técnica de $3.384,50 para el boleto de colectivos

  • En 2024 hubo más de 1.500 animales muertos en las rutas que atraviesan Misiones
Tags: #FaunaSilvestreAumento BoletoDass EldoradoDe Primera ManoMesa de Diálogo Docente
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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