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Misiones pidió a la Nación el predio del INTA en San Antonio como parte del canje de deuda

El pedido de rescate surgió por un planteo de los sectores vinculados a la producción agropecuaria, para que pase a manos provinciales. De ser subastadas, podrían pasar a privados y con ello se perdería todo el trabajo de desarrollo que realiza el organismo.

21 diciembre, 2024
Imagen ilustrativa

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Misiones propuso a la Nación la inclusión de un predio de 2.000 hectáreas, que pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad de San Antonio, como parte de los activos que podrían ser transferidos a la Provincia, en el marco del acuerdo por compensación de deuda que se firmó recientemente.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, comentó a PRIMERA EDICIÓN que “nos confirmaron que el campo experimental está registrado en la Administradora de Bienes del Estado (ABE), donde figura como propiedad fiscal de la Nación, sujeto a venta. Por lo tanto, esperamos para fin de mes la confirmación de que el predio podrá formar parte de este acuerdo de compensación”.

Este tema se planteó durante una cumbre celebrada en Eldorado, donde se reunieron empresarios del norte misionero, quienes expusieron diversas inquietudes, incluida la situación del INTA. La cumbre tuvo lugar el miércoles por la noche, reunió a empresarios de sectores como la forestoindustria, la construcción, la energía, estaciones de servicio, alimentos y concesionarios, junto a los ministros Adolfo Safrán y Facundo Sartori, del Agro. 

Como informó oportunamente PRIMERA EDICIÓN, en esa cumbre se produjeron intensos debates, y la crisis que atravesaba el INTA no estuvo ajena a la conversación.

“El pedido de rescate surgió por un planteo que nos hicieron llegar sectores vinculados a la producción agropecuaria. Nos pidieron que el Estado trate de rescatar esas propiedades, ya que si se lleva a cabo un remate, las tierras podrían pasar a manos privadas, y con ello se perdería todo el trabajo de desarrollo que realiza el INTA en esas 2.000 hectáreas”, explicó Safrán y  continuó explicando que “son propiedades que la Nación quiere vender a un privado o a la Provincia, y estos sectores vinculados al agro pidieron que, dentro del convenio que se está negociando para la compensación de deuda, se incluya la solicitud de rescatar estas hectáreas”. 

La intención es que esas tierras sigan siendo un campo de investigación, como lo es actualmente bajo la administración del INTA, que realiza un trabajo valioso, aunque silencioso.

“Lo que se sabe es que esos campos albergan una gran riqueza en investigación y desarrollo, y también en biodiversidad. Se intentará hacer este rescate”, aseguró Safrán.

 

Crisis y medidas de  ajuste en el INTA

En noviembre pasado, el INTA atravesó una fuerte crisis a raíz de la decisión del gobierno de Javier Milei de rematar dos propiedades: una en Buenos Aires y otra en Cerrillo (Salta), además de retirar a 310 trabajadores y forzar la jubilación de otros 250.

Esta situación generó gran preocupación entre los trabajadores del organismo en Misiones, que habían recibido la visita de un auditor para inventariar el patrimonio en la provincia.

“Hace 20 días, se envió una propuesta elaborada por la presidencia y la vicepresidencia del INTA, en la que se presentaron mapas de todas las sedes a nivel nacional, con la puesta a consideración de diversas hectáreas. En ese documento, respecto a Misiones, se mencionan las 2.000 hectáreas de San Antonio, la sede de El Zaimán y la Estación Experimental Cerro Azul”, relató una delegada de los trabajadores del organismo.

 

Ventas y un futuro incierto 

De acuerdo con un documento confidencial que circuló internamente entre miembros del INTA, el plan del Gobierno nacional contempla la venta en subasta pública de terrenos medianos y grandes, así como el arrendamiento y posterior venta de otros lotes de menor tamaño. El predio de San Antonio se encuentra entre los 24 campos experimentales del INTA distribuidos en todo el país, que van desde Rawson, en Chubut, hasta San Antonio, en Misiones.

Después de paralizar proyectos, avanzar con los retiros voluntarios y las jubilaciones forzadas, el INTA ahora planeaba emprender un proceso de despidos y venta de tierras. Hasta el momento, se realizaron 310 retiros voluntarios y se forzó la jubilación de 250 trabajadores, muchos de los cuales querían continuar trabajando en el organismo. La última reunión del Consejo Directivo Central, celebrada con un cuarto intermedio hasta mediados de febrero, dejó incertidumbre sobre el futuro del personal y los proyectos.

 

“Son bienes inapreciables para la ciencia” 

En medio de estos cambios y tensiones en los distintos organismos nacionales, sectores vinculados al desarrollo agrario pidieron al Gobierno provincial que se pronunciara y reclamara por los campos de El Zaimán, San Antonio y Cerro Azul. De hecho en esta última, por ejemplo, se encuentra la base genética de los pinos subtropicales, un patrimonio intocable e invaluable para la ciencia, como el resto de las propiedades en cuestión.

Así lo había comentado a PRIMERA PLANA, el programa de análisis político que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones y Canal 9 Norte Misionero, el ex presidente del INTA y Senasa, Carlos Paz, quien al momento de dirigir el organismo conoció de primera mano todos los desarrollos tecnológicos que se ejecutan en las estaciones a lo largo y ancho de la provincia.

Es importante recordar que en noviembre pasado, Misiones se adhirió al régimen de compensación de deudas con la Nación.  En marzo de este año, el gobernador Hugo Passalacqua había solicitado el pago de una deuda por regalías que superaba los 100 mil millones de pesos.  Además, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, había explicado que la ANSeS debía grandes sumas de dinero a la caja previsional de Misiones desde 2019.

 Aunque el valor económico de la propiedad que se intenta rescatar no representaría  un gran porcentaje de la compensación, la Provincia entiende que, debido a su relevancia para la ciencia, es preferible que el terreno quede en manos del Estado.

Esto garantizaría la continuidad de las investigaciones científicas que realiza el INTA y evitaría que pase a manos de un privado que no estuviera interesado en aprovecharlo de manera

Sobre el mismo tema también se había referido la delegada gremial del APINTA, Silvina Fariza, quien se desempeña en la Estación de Cerro Azul y llevó adelante junto a su equipo la investigación para la obtención del maíz Bautista, un hito de la ciencia.

La investigadora lamentó todo lo que vienen atravesando en el último año y aseguró que con los pasos que está dando la Nación se confirman los temores de los trabajadores y crece la incertidumbre.

“Supimos que hay un plan donde se muestran las distintas estaciones y campos que posee INTA  en todo el país. La información oficial que tenemos es que son pasos que se están dando y nos dejan peor de lo que ya veníamos, la verdad es que  no sabíamos si  la Nación iba a llevar adelante su plan o no”, confesó la investigadora con angustia.

Tags: Adolfo SafránCerro AzulCompensaciónEl ZaimánIntaMisionesNaciónSan Antonio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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