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Absolvieron al policía que vio los candados cerrados pero no las fajas rotas del depósito

Cristian Cristaldo fue declarado inocente por el beneficio de la duda (principio in dubio pro reo) por el delito de “omisión de deberes de funcionario público”. No habría detectado, durante su turno de guardia, que hurtaron estupefacientes de la celda acondicionada para secuestro frente a su silla y escritorio.

13 diciembre, 2024
FINAL CONFORME. Cristaldo (chomba a rayas) y su abogado Matías Sotelo se retiran del Tribunal Federal con la absolución en mano.

FINAL CONFORME. Cristaldo (chomba a rayas) y su abogado Matías Sotelo se retiran del Tribunal Federal con la absolución en mano.

Fueron cuatro las jornadas de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas las que se necesitaron para juzgar a un suboficial de la Policía de Misiones, encartado desde 2019 por “omisión de deberes de funcionario público” por el robo de una veintena de kilos de marihuana prensada del depósito que debía custodiar en la comisaría Primera de Eldorado y del que no advirtió que los candados fueron cambiados, las fajas judiciales federales rotas y a sus espaldas habían apartado en una pequeña oficina, tres bolsas con un peso similar, cada una, y dejado la pinza cizalla con la que lograron abrir la celda acondicionada para el estupefaciente.

Por lo ocurrido entre la noche del 9 y mañana del 10 de marzo de 2019, a Cristian Omar Cristaldo lo imputaron y llegó a debate ante los jueces federales Fabián Gustavo Cardozo, como presidente del tribunal y a los subrogantes Enrique Jorge Bosch y Juan Manuel Iglesias.

El efectivo de la Policía provincial fue absuelto ayer por el beneficio del “in dubio pro reo”, de la duda que favorece al acusado. El fallo fue leído a las 12.30 de ayer por el juez Fabián Cardozo y luego de los alegatos de la fiscal Vivian Andrea Barbosa y el defensor particular Matías Eduardo Sotelo.

Barbosa solicitó para Cristaldo una pena de diez meses de inhabilitación como funcionario público y la multa máxima que exige el artículo 249 del Código Penal Argentino. “Cometió una violación negligente”, resumió la fiscal del TOCF de Posadas.

Pero el alegato fue puntilloso y destacó la labor de los investigadores del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional que intervinieron bajo las órdenes del juez federal Miguel Ángel Guerrero. “Los tres peritos que declararon fueron los que verificaron que las llaves de los candados no abrían, que habían tres bolsas con registros y con panes de marihuana afuera del depósito (…) También hallaron las fajas de las puertas violentadas y extrajeron 72 bolsas para luego confirmarse que cuatro habían sido sacadas de ese lugar”, una de ellas es la que desapareció con la veintena de kilos mencionada y que los habrían escondido entre restos de pasto cortado por uno de los acusados, Fernando Mosqueda (también policía provincial) quien se hizo cargo de su participación en el delito y firmó un juicio abreviado de seis años de prisión.

“Cristaldo estuvo de guardia entre las 19 del 9 de marzo de 2019 y las 7 del día siguiente. Fue imputado por la negligencia. Fue sujeto activo, debe responder por el delito. Su función asignada era la de custodiar la droga secuestrada desde un escritorio. Las guardias eran de doce horas y Cristaldo lo único que tenía que hacer era sentarse y cuidar el estupefaciente y, si lo hubiera cumplido, no se concretaba el robo”.

“Mosqueda lo reconoció, rompió los candados y sacó las bolsas. El plan era disimular la marihuana en bolsas de consorcio negras con pasto cortado. Las mismas bolsas, los efectivos de Gendarmería durante el allanamiento ordenado, encontraron en el casillero de la comisaría que le correspondía a Mosqueda”. Barbosa remarcó del libro de guardia una curiosa aclaración: Durante la madrugada del 10 de marzo, Cristaldo consignó que los candados del depósito estaban cerrados. “No tiene la mínima lógica, porque entre los candados no vio que las fajas de registro estaban violentadas, rotas, y esto era perfectamente visible desde su silla”.

Remarcó: “La misión de Cristaldo era muy fácil de cumplir: debía únicamente cuidar el estupefaciente de alto valor económico. No pudo haber pasado por alto que las fajas de papel estaban rotas”. “Ahí está el dolo, actuó con omisión y la pena corresponde al agravante de que se trata de un funcionario público, un enjuiciado que desprestigia a la Policía de Misiones”.

La fiscal también destacó del contexto del exprefecturiano que ingresó a la fuerza de seguridad provincial en 2015 y para 2019 ya había acumulado 16 sanciones disciplinarias y tres sumarios administrativos, antes del hecho juzgado.

Matías Sotelo basó luego su alegato de defensa en que Cristaldo “cumplió con su función” y que fue Nicolás Eduardo Quintana, el suboficial quien lo reemplazó y “recibió la guardia sin novedades” a las 7 del 10 de marzo de 2019. “Fue Quintana quien debió recorrer la guardia antes de recibirla”.

Sotelo apuntó responsabilidades en jefes superiores a los guardias: “Había personas de mayor rango que no se hicieron cargo del lugar y las condiciones del mismo depósito. No se probó que Cristaldo haya abandonado la guardia o incumplido la función”.

Enfatizó que Cristaldo necesitaba la absolución de toda culpa porque “perdería su fuente de trabajo si era condenado” como lo solicitó a la Fiscalía. El Tribunal, de acuerdo al fallo resolutorio lo tomó como creíble, le creyó y los fundamentos correspondientes serán presentados el 19 de diciembre próximo.

Tags: #Judiciales#MarihuanaCristian CristaldoPolicialesTribunal Oral en lo Criminal Federal
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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