La Ley de Salud Mental 26.657 establece un abordaje integral de la persona, donde se aleja de la antigua visión de las internaciones en manicomios y medicación total del paciente. No obstante, ante situaciones extremas, donde una persona represente un riesgo para sí misma o su entorno, pueden verse en la necesidad de recurrir a una internación involuntaria.
A pesar de esto, la normativa vigente busca que el sujeto jamás pierda sus derechos e incluso ante la necesidad de internar por un caso crítico de salud mental o adicciones, estos tratamientos deben ser lo más cortos posibles y con el acompañamiento médico y legal del paciente.
¿Qué cambió con esta Ley?
En una entrevista con PRIMERA EDICIÓN el abogado Eduardo Paredes explicó que la Ley actual “es muy buena, por ahí ha sido muy criticada, porque está vinculada al paradigma de la antipsiquiatría de la década del 60”. Con un movimiento que puso en duda el accionar de los manicomios, también alcanzó al sistema carcelario que instituciones que deshumanizan y deconstruyen la personalidad del sujeto.
Sucede que la normativa argentina tomó ese espíritu que criticó al sistema y se centró en que “el sujeto, es un sujeto de derecho aun estando enfermo” y en el caso de llegar a requerir una institucionalización se debe buscar “internar lo menos posible”.
Sin embargo, ¿qué pasa con los casos problemáticos?: “Para una internación durante una crisis se procede a un informe de psiquiatra, con la diferencia que tiene derecho a tener un abogado y un psiquiatra para ser parte de su terapia”, relató el abogado.
Recordó que, previo a esta Ley, una persona en esta situación “era psiquiatrizado y el sujeto perdía la palabra”. En ese sistema, bajo un régimen de medicación, el institucionalizado “ya no era reconocido como sujeto libre”.
En cambio, en un caso extremo que requiera internación de la persona, “hoy tiene derecho a ser oído, a controlar el tiempo de su internación y la internación también en controlada judicialmente y debe ser por el tiempo mínimo posible”.
En este sentido, socialmente estas situaciones críticas, como sucede en adicciones que afectan a todo el entorno de una persona, las familias pueden recurrir a la Justicia e incluso “al Defensor de Pobres y Ausentes”, en casos de no contar con recursos. A pesar de conseguir una medida judicial, con estudios psiquiátricos, reiteró que la persona “puede tener su propio abogado y tiene que controlar que el sujeto no pierda su condición de persona”.
Más allá de que buscan cortar la medicalización total, una práctica muy común en los viejos manicomios, Paredes aclaró que “una persona que está en una crisis extrema tiene que ser medicada y tratada, pero en el menor tiempo posible”.
El impacto en la provincia y el país
Puntualmente en el abordaje de situaciones, como adicciones, problemas críticos de salud mental, Paredes señaló que otro tema “es si esta provincia tiene los lugares adecuados o es todo cotillón y todo reside en un solo lugar: Posadas”.
Sucede que solo con leyes sancionadas tampoco se hace todo, sino que “se necesitan recursos porque si no son papeles pintados”. Por fuera de la Capital Provincial, donde comentó que ha crecido en inversión para tratar esta problemática, indicó que debería verse cuál es la realidad en otros puntos de Misiones, como Oberá, Eldorado e Iguazú.
Pensando en el contexto actual del país, con la reasignación de presupuesto y un revisionismo de todo lo hecho en la anterior gestión de Gobierno, es probable que se vea un impacto en el abordaje de la Salud Mental: “La Ley fue elaborada con un espíritu crítico de los años 60, de todo el sistema, en la jerga diríamos que es ‘progre’, pero hoy no estamos en una etapa progre sino en una muy regresiva, donde probablemente los aportes sean mínimos”.
Lamentablemente “hay dos sectores que son considerados descartables: la enfermedad mental y los viejos”, analizó en relación a políticas públicas y el comportamiento social. Por ello, con críticas por el desfinanciamiento de organismos públicos, coincidió en que “hoy calculo que todo el sistema de salud y la salud mental debe estar en crisis en todo el país”.
Es que “la enfermedad mental es estigmatizante, como la cárcel, son problemáticas para las familias y dentro del gasto en Salud está en el último renglón”, opinó el abogado Eduardo Paredes.
