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Buscan a quien atropelló y mató a cachorra de yaguareté en Iguazú

or la autopsia, se trataría de un vehículo de gran porte (camioneta, camión o colectivo) que huyó del lugar. Las multas podrían llegar a los 550 millones de pesos y no hay pena de reclusión. Condena de ONG por otro caso de atropellamiento de fauna nativa. El Gobierno provincial ofrece 2 millones por datos sobre el autor de este hecho.

3 octubre, 2024

Desde 2012 hasta el presente, la ONG “Red Yaguareté” contabilizó siete ejemplares de la especie muertos por atropellamientos en las rutas. En ese trágico conteo está una cachorra de aproximadamente cinco meses de edad que murió tras ser atropellada por un vehículo en la ruta nacional 12, dentro de los límites del Parque Provincial Puerto Península -a pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú-, entre las 19.30 y las 20 horas del miércoles pasado.

La autopsia determinó que fue atropellada por un vehículo de gran porte (pudo ser un camión, un colectivo o una camioneta) que hasta anoche se seguía siendo buscado.

El dato fue confirmado por el ministro de Ecología de Misiones, Martín Recamán al programa Primera Plana que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero. Remarcó que en estos momentos lo principal de la investigación es “dar con el autor, que no aparece, es lamentable que no se haya quedado. Queremos saber quién fue, que sea responsable”.

Para incentivar a la población a colaborar con este caso que involucró a un felino considerado monumento misionero, el gobernador Hugo Passalacqua ofreció una recompensa de dos millones de pesos por datos fehacientes sobre el autor que huyó sin asistir al animal.

Con respecto a las sanciones que le puede caber al autor del hecho, el ministro Recamán explicó que “las sanciones van desde los 27 millones de pesos, pero está el hecho del agravante que establece la ley en el caso de fuga, lo que podría multiplicar el monto hasta llegar a los $550 millones”. Advirtió que se debe tener mayor cuidado en la zona, ya que la madre de la cachorra se encuentra por la zona y “hasta que no encuentre a su cría va a seguir buscándola”.

Por último fue consultado si no hay que reformar la legislación para que se instruya una demanda penal a autores de hechos de estas características. Recamán opinó que “siempre me pasa con este tipo de delitos que lo penal es mucho más eficaz, porque la sanción económica es una cuestión de plata. Pero, es la ley que tenemos para aplicar hoy, lo que sí tenemos que ser muy estrictos para avanzar en la sanción”.

 

Repudio de las ONG

Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la Red Yaguareté, fundación que tiene como norte conservar la naturaleza con el foco puesto en el “Tigre Americano” y sus selvas, habló con el programa El Aire de las Misiones por la FM 89.3. “De todas las amenazas que enfrenta el yaguareté, el atropellamiento es la única que depende 100% del Estado”, dijo el conservacionista y recordó que hace años proponen la implementación de un sistema de radares que permitan detectar la patente del vehículo que transita por esa zona algo que nunca se concretó.

Lodeiro Ocampo sostuvo que “más que triste estamos re-enojados porque esto era algo que era cantadísimo y sorprendidos de que no haya pasado antes. No es la primera cachorra atropellada, ni la primera en ese lugar. La primera fue en 2012 y esta es la séptima, de los yaguaretés, que perdemos por atropellamiento entre las rutas 12 y la ruta 19 y que sepamos, porque no siempre uno se puede enterar”.

Agregó que “ante la tristeza inicial de ayer (por el miércoles) a la tardecita, después me sobrevino un enojo ante la inacción de no resolver el problema para el cual hay un amplio consenso de cuáles son las soluciones que se requieren y los costos no son altos”.

Recordó que “ya he hablado tanto de este tema, porque hemos presentado tantas veces las soluciones, propuestas que están consensuadas, que tienen dictámenes favorables de algunos organismos nacionales, que están de acuerdo en todas las veces que tenemos reuniones y hablamos… Ya hace seis o siete años que no participamos más cuando nos citan en una reunión por el tema de atropellamiento en rutas, porque dijimos, no hay nada más que hablar, solo hay que implementar. Y bueno, acá está el resultado”.

Aclaró que actualmente existe un par de radares pero que, si funcionaran, solo registran el paso de los vehículos en ese sitio y no en todo el tramo como el sistema que proponen que además incluye la lectura de la patente. “Cuando estás llegando a la zona de Cataratas hay un radar y otro en una parte hacia un bajo. Hace poco más de un año, yo mismo, cuando estaba haciendo trabajos en la zona, decidimos probar si funcionaban esos radares y violamos la velocidad cuatro veces. Todavía estamos esperando una multa, porque no nos llegó nunca. Es decir, básicamente, no funcionan”.

Sobre la recompensa de dos millones de pesos que ofrece el Gobernador, Lodeiro consideró que “es una respuesta ante el hecho ya consumado, no habiéndose aplicado las medidas preventivas que están consensuadas y aprobadas, así opinamos los especialistas en el tema. La primera reunión que tuvimos por este asunto fue en 2007 en esa zona, o sea, no es un tema que empezamos a hablar ayer. Ojalá que la recompensa sirva para encontrar al responsable pero sobre todo para que se avance en la solución ya conocida, eso es lo que necesitamos todos”.

En cuanto a la cadena de responsabilidades sobre este hecho de atropellamiento del yaguareté, manifestó que “siempre son las máximas autoridades, el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia en el sentido que la ruta 12 es nacional y atraviesa un parque provincial, con lo cual la responsabilidad, legalmente hablando, es de la Nación. De hecho, en un caso que tuvimos en 2012, la entonces ministra de Ecología, Verónica Derna, hizo una demanda, una denuncia, que fue rechazada por la Justicia justamente porque no correspondía a la jurisdicción”.

Recordó que la selva misionera posee entre “90 y 100 ejemplares de yaguaretés. Nunca se puede saber con precisión el número en una especie que es tan esquiva y que no se puede contabilizar en forma directa. Pero es un impacto porque es un yaguareté más, muerto. Esta vez nos enteramos pero hay otros que mueren porque los cazan, por ejemplo, y no lo sabemos, es lo que hace que a la población le vaya costando tanto recuperarse. Tenemos épocas de más recuperación y otras de menos, pero también tenemos zonas como el Valle de Cuña Pirú donde hace ya poco más de dos años que no hay registro de yaguareté y la reserva de la Biosfera Yabotí, donde cada vez se ve menos. La zona norte de Misiones es la más fuerte, donde hay más áreas protegidas, más control, más turismo, menos cazadores, porque es la clave, la bala es lo peor porque, la tradición de caza en las zonas rurales es muy alta y cada tanto la liga un yaguareté cuando alguien va a cazar venados u otros bichos y se cruza con uno, lamentablemente esto sigue pasando y por eso tenemos lugares donde la población empieza a perder territorio. Esto es algo muy grave que venimos manifestando y poniéndonos sobre la mesa porque una vez que se pierde territorio, la historia dice que no se vuelve a recuperar”.

En el hipotético caso que llegaran a identificar y atrapar al conductor que atropelló al yaguareté, Lodeiro se refirió a la pena que podría recibir y dijo que “si se comprueba que cometió un ilícito, se abre una vía administrativa y una vía penal. Por la vía penal puede llegar a tener entre dos y tres años de prisión, que no es de cumplimiento efectivo salvo que tenga antecedentes o haya algún otro factor agravante y después la vía administrativa que ahí sí sería una multa millonaria”.

 

FVSA exigió un esclarecimiento

“Esta es una situación muy dura para quienes trabajamos día a día por la conservación de la especie, y debe serlo para la sociedad en general, ya que son solo alrededor de 100 yaguaretés los que viven en la selva misionera”, señaló Lucía Lazzari, coordinadora del programa bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina.

“Este nuevo hecho, sumado a los atropellamientos que se dan día a día con otras especies, nos demuestra la necesidad urgente de implementar acciones concretas por parte de las autoridades competentes”, agregó.

“Respetar los límites de velocidad establecidos y debidamente señalizados en las rutas y caminos que atraviesan áreas naturales protegidas resulta indispensable para reducir el riesgo de atropellamientos de fauna, y esta responsabilidad está en manos de la sociedad, porque atropellarlos también es una forma de extinguirlos”, finalizó Lazzari.

Desde Vida Silvestre exigieron un esclarecimiento inmediato del trágico atropellamiento del yaguareté. “Es urgente que se investiguen las circunstancias del hecho, se identifique al responsable, y se tomen medidas inmediatas para evitar que esto siga sucediendo. Cada día cuenta en la protección del felino en peligro crítico de extinción”, indicaron en un documento emitido tras conocerse este hecho.

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Tags: FaunaMisionesPuerto IguazúYaguareté
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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