Según un trabajo de Opina Argentina, la evaluación del desempeño del Gobierno cayó seis puntos en septiembre y se ubicó en el nivel más bajo desde que asumió: el 41% de la población aprueba la gestión y el 56% la ve negativamente.
La encuesta, sin embargo, se hizo a mediados de mes y no refleja el impacto de los últimos datos económicos, por lo que vale la pena repasar los puntos altos y bajos que mueven el amperímetro político y social y las expectativas en torno de la economía:
Luz roja
Hay al menos tres noticias recientes que impactaron negativamente en la imagen del Gobierno.
Una de ellas son la realidad social y los recientes datos de pobreza que publicó el INDEC: en el primer semestre de 2024 la tasa subió 11,2 porcentuales y llegó al 52,9%.
Casi 25 millones de argentinos vive en la pobreza, lo que significa que su ingreso (sea individual o la parte que le toca como miembro de una familia) no llega a cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define, precisamente, la “línea de pobreza”.
Peor aún, los números oficiales dan cuenta de un aumento de la tasa de indigencia: el 18,1% de la población argentina no alcanza siquiera a cubrir sus necesidades alimentarias básicas.
Esa situación abarcó, en la primera mitad del año, coincidentes con el primer semestre completo de gestión mileísta, a 8,5 millones de los casi 25 millones de personas que son pobres.
Por si fuera poco, el informe difundido por el INDEC reveló que el 66,1% de los niños argentinos (dos de cada tres) viven en la pobreza y el 27% son indigentes: esto es, comen poco y mal a una edad en que esas condiciones echan una oscura sombra sobre el resto de sus vidas.
Mientras se conocían estos datos, recrudecía el choque por la privatización de Aerolíneas Argentinas.
Si bien la decisión de vender la compañía es una jugada de política económica que puede tener tantas aprobaciones como desaprobaciones, detrás aparecen un sinnúmero de conflictos con los gremios aeronáuticos y de transporte que podrían escalar a los sindicatos en general y aumentan las probabilidades de un paro general.
Según declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, Aerolíneas genera un déficit crónico que ya obligó al Estado a inyectar más de US$ 8.000 millones desde su estatización en 2008.
Esta situación, sumada a una estructura operativa sobredimensionada -por caso, 1.204 pilotos para 81 aviones activos- ha sido señalada como insostenible por el Gobierno.
Los críticos apuntan a que una privatización podría afectar negativamente las rutas menos rentables, los sindicatos se pusieron en guardia ante la posibilidad de despidos masivos.
Las huelgas en el sector aeronáutico ya afectaron a miles de pasajeros en las últimas semanas. En el mismo sector, Transporte, se avivó el conflicto salarial de los trabajadores de la Unión Tranviarias Automotor (UTA), que llegó a anunciar un paro de 48 horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por 48 horas que el Gobierno desactivó por ahora llamando a un período de 15 días de conciliación obligatoria.
Pero el conflicto sigue latente. “Las medidas se irán incrementando de no obtenerse una respuesta empresarial y estatal adecuada al reclamo de salarios”, dijeron los gremios en la primera audiencia de negociación.
El Gobierno, de todos modos, apuesta a desactivar esos riesgos por arriba, como muestra la reactivación de la negociación con el sector dialoguista de la CGT, a cuyos dirigentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este lunes.
Luz amarilla
En “amarillo” aparecen dos negociaciones. Por un lado, el Gobierno negocia un préstamo de corto plazo conocido en la jerga como Repo (Repurchase agreement) por entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones para fortalecer el balance del Banco Central.
La negociación del acuerdo, en el que participarían el banco español Santander y entidades de Wall Street estaría muy avanzada, pero la tasa de interés es un aspecto clave: el Gobierno quiere que quede claramente en el terreno de un solo dígito. Es una entre varias opciones, pero no habrá anuncio alguno hasta el momento de cierre.
En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo aspira a unificar las dos revisiones pendientes del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicarían un desembolso de US$ 1.100 millones, la finalización anticipada del programa en curso y el inicio de las conversaciones por un nuevo acuerdo, que ayude a despejar las dudas en torno de 2025.
La clave en ese frente es si Caputo & Cía lograrán del Fondo, del cual la Argentina es ya el principal deudor, está dispuesto a aportar fondos frescos, bajo qué condiciones y para qué usos.
Luz verde
Así como hubo varios acontecimientos que jugaron en contra de la imagen del Gobierno nacional, también hubo otros a favor. Una buena noticia fue la evolución del blanqueo de capitales, pese a que las entidades financieras están optando por dejar la mayoría de los dólares ingresados al sistema en sus propias bóvedas, ante la posibilidad que a partir del martes se produzcan retiros importantes del dinero blanqueado en efectivo antes del 30 de septiembre.
El Gobierno nacional ya prorrogó por 30 días el fin de la primera de las tres etapas del blanqueo.
“Por pedido de numerosos bancos y estudios contables y debido al gran interés generado por el Régimen de Regularización de Activos, el Gobierno nacional dispondrá por Decreto, y a efecto de facilitar las tareas administrativas de los actores involucrados, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la Etapa 1, hasta el 31 de octubre de 2024 inclusive”, justificó su decisión, que todos esperaban.
Otra jugada oficial de tipo ofensivo fue la reglamentación de la Reforma Laboral contenida en la Ley Bases, el gran (y único) éxito legislativo que hasta ahora tuvo el Gobierno.
El artículo 96, crea un sistema indemnizatorio distinto para los nuevos trabajadores, similar al que se utiliza en la industria de la construcción. A condición, claro está, que gremio y empresas acuerden nuevos convenios colectivos.
¿Qué dice este artículo de la reforma laboral? “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional.
Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina”.
Mientras, el Gobierno espera tener una alegría con el dato de inflación de septiembre. Si bien faltan dos semanas para que se conozca, la expectativa es que pueda quebrar el piso del 4% en torno al cual se movió el ritmo mensual al cual se movieron desde mayo los precios al consumidor.
En síntesis, el gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario complejo: los retos económicos y sociales se acumulan y afectan su imagen pública.
Mientras la pobreza creciente y se incuban conflictos, el Gobierno mantiene iniciativas como el blanqueo de capitales y la reforma laboral y todavía muestra márgenes de maniobra.
Los próximos meses serán decisivos para ver si logra equilibrar el impacto de los problemas más críticos y recuperar terreno en la percepción de la ciudadanía.
