Finalmente, el Gobierno nacional avanzó en la reglamentación de la reforma laboral que el presidente, Javier Milei, presentó en su momento dentro de la Ley Bases. La oficialización quedó plasmada en el Decreto 847/2024 y fue publicado ayer jueves en el Boletín Oficial.
La normativa presentó cambios en las indemnizaciones, nuevas relaciones entre empleadores y empleados, además de un blanqueo de trabajadores. No obstante, la medida continúa en el ojo de las organizaciones gremiales, quienes advierten que las modificaciones presentadas en la reforma, van en detrimento de los trabajadores.
El abogado e investigador del Instituto de Estudio y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, expuso, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, los alcances de esta nueva disposición que, según sus palabras, representa un “claro retroceso” en materia de derechos laborales.
La reforma laboral, enmarcada en la Ley Bases, otorga una mayor flexibilidad a los empleadores para administrar la fuerza de trabajo, lo que Campos describió como “una pérdida significativa de derechos para los trabajadores”.
Este avance del Gobierno nacional, aseguró, se traduce en “más herramientas para los empleadores, pero menos protecciones para los empleados”, en un contexto donde los despidos podrían volverse más baratos y fáciles de implementar.
Régimen para indemnizaciones
Uno de los puntos más delicados de la reglamentación, según Campos, es el nuevo esquema para las indemnizaciones por despido. La creación de los fondos de cese laboral, que pretenden reemplazar el tradicional régimen de indemnizaciones, es vista por el abogado como un cambio que pone en desventaja a los trabajadores. Estos fondos permitirán a las empresas y sindicatos negociar de manera más flexible el monto de las indemnizaciones, lo que, en muchos casos, resultará en una reducción del costo que las empresas deben asumir al despedir empleados.
En este sentido, Campos advirtió que, si bien se mencionaba que los nuevos fondos serían similares a los utilizados en la industria de la construcción, la reglamentación publicada va mucho más allá. “El Decreto Reglamentario entrega a los sindicatos y a las cámaras patronales la posibilidad de modificar casi todos los aspectos del régimen de indemnización por despido”, explicó el abogado, quien añadió que esto podría incluir “bajar el monto de las indemnizaciones, establecer pagos en cuotas y adoptar otras modalidades para flexibilizar aún más el sistema”.
El impacto de esta nueva reglamentación no será homogéneo, ya que, de acuerdo a la normativa, los trabajadores y empleadores podrán optar por seguir bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo o incorporarse a este nuevo esquema de fondos de cese.
Sin embargo, Campos enfatizó que esta aparente opción no será real para los trabajadores ya que “ningún trabajador estará en condiciones de decirle a su empleador que prefiere seguir bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que parece opcional en el papel, será obligatorio en la práctica”.
Fondos de cese laboral
Otro aspecto que genera inquietud en Campos es la estabilidad de los fondos de cese laboral. Bajo la nueva reglamentación, se podrán utilizar herramientas financieras como fideicomisos y fondos de inversión para gestionar los aportes tanto de empleadores como de trabajadores. “No hay ninguna garantía de que esos fondos no se licuarán con el tiempo”, advirtió.
En un contexto económico marcado por la alta inflación, la falta de mecanismos para ajustar los fondos acumulados a lo largo del tiempo plantea un grave riesgo para los trabajadores. “Si no se establece un mecanismo que garantice que los aportes acompañarán a la inflación, los trabajadores podrían ver sus indemnizaciones completamente devaluadas cuando lleguen a cobrarlas”, comentó.
Campos también señaló que, a diferencia del actual régimen de indemnización, en el cual el trabajador sabe que recibirá un mes de salario por cada año de antigüedad, con el nuevo sistema ni los empleados ni los empleadores podrán prever con certeza cuánto será el monto final a cobrar. “Esto es convertir en papel mojado el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario”, sostuvo.
Según el investigador, esta reforma profundiza los aspectos más preocupantes que ya se habían discutido durante la sanción de la Ley Bases. “Esto no tiene vuelta. Es un retroceso inaceptable para los trabajadores, y solo va a depender de la negociación colectiva para determinar cuánto se profundiza el daño”, afirmó.
Sin embargo, el abogado también mencionó que el futuro de esta reglamentación dependerá en gran medida de las decisiones que tomen los sindicatos en las negociaciones colectivas. “El mejor escenario posible es que ningún sindicato acepte implementar estos fondos de cese, y que la situación se mantenga tal como está”, reflexionó, aunque no ocultó su escepticismo sobre la posibilidad de que esto ocurra.
La experiencia de los años 90, donde muchos derechos laborales fueron flexibilizados a través de negociaciones colectivas, parece repetirse en la actualidad. “En todos los casos, la negociación colectiva fue a la baja. Hoy, nuevamente, el futuro de los derechos laborales está en manos de negociaciones que, muy probablemente, no beneficiarán a los trabajadores”, lamentó Campos.
Acciones a tomar
A pesar de la preocupación que despierta la reforma, Campos no cree que haya una reacción inmediata en los tribunales. “Todavía no hay un daño concreto, solo potencial”, explicó, señalando que cualquier presentación judicial debería esperar hasta que se vean los efectos reales de la reglamentación, es decir, hasta que los convenios colectivos definan los términos de estos nuevos fondos de cese.
No obstante, el abogado indicó que la CTA y otras organizaciones sindicales están preparadas para tomar medidas. “Desde la sanción del DNU en diciembre pasado, ha habido una serie de acciones en defensa de los derechos laborales. Se han hecho movilizaciones y presentaciones judiciales, y es probable que veamos nuevas protestas en el futuro cercano”, afirmó.
“La reforma es poco clara y eso preocupa a los trabajadores”
El secretario Adjunto del Centro Empleados de Comercio de Posadas (CEC), Agustín Gómez, coincidió con la perspectiva de Campos y aseguró que la reglamentación de la reforma laboral es poco clara y genera más dudas que certezas.
“La opinión que tengo es que no se entiende es el porqué los trabajadores tienen que perder derechos laborales, para que las empresas contraten más trabajadores y de manera formal”, expresó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
En esa línea, advirtió que es necesario una reactivación económica, debido a “esta crisis que estamos tendiendo ahora donde vemos en varias partes del país que se están perdiendo puestos de trabajo, estan cerrando empresas y está cayendo el consumo muy abruptamente”.
El secretario Adjunto del CEC enumeró varios puntos que considera que son poco claros y que, seguramente, terminarán perjudicando al trabajador, en beneficio del empleador.
Como ejemplo, habló acerca de la penalización al bloqueo a los ingresos a las empresas. “Ponen el texto de la Ley Bases directamente y eso deja en libertad de interpretación de qué es realmente un bloqueo. Puede estar un grupo de compañeros en la puerta de una empresa en reclamo de algo, pero no bloqueando y la empresa si quiere, puede interpretar que es un bloqueo”, apuntó.
