La séptima jornada de juicio oral al misionero Néstor Fabián Rojas y al bonaerense Pablo Antonio Campos como integrantes de una organización narcocriminal que continuó operando desde el complejo federal de Ezeiza, reunió nuevas coincidencias en contra de la presunción de inocencia de ambos acusados.
En el caso del “Negro” Rojas (53), vale recordar que en el mismo debate en el Tribunal Federal de Posadas también está encartado por asesinar a balazos a Aldo Cantero (32), en Gobernador Roca en 2018 y por las 1,8 toneladas de droga escondidas en un foso en el mismo lugar. Las audiencias se desarrollan con los integrantes del tribunal como subrogantes: Víctor Antonio Alonso como presidente (TOF de Corrientes), Enrique Jorge Bosch (Resistencia) y Fermín Amado Ceroleni (Corrientes), todos conectados por aplicación de videoconferencias, al igual que la Fiscalía: Vivian Andrea Barbosa (TOF Posadas) y Martín Uriona de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
La audiencia de ayer se inició a las 8.28 con el anuncio por parte del juez Alonso del rechazo al pedido de Rojas de que los testigos, investigadores de la Prefectura Naval Argentina, declaren con las cámaras de la aplicación de videoconferencias encendidas y que se las desconecten a los acusados para que solo los pudieran oír desde sus lugares de detención (Marcos Paz) pero que los abogados defensores pudieran observar a los pesquisas y preguntar. El Tribunal fundamentó la negativa en la seguridad de los testigos y que tampoco se podían cortar las imágenes de los declarantes a los acusados porque no lo permite la aplicación.
El abogado de Rojas, Marco Racagni, reiteró enfático su pedido y adelantó que recurrirá en casación las decisiones del tribunal: “Exijo reserva de nulidad del proceso, no me voy a dejar intimidar”. Apuntó principalmente a que el derecho de debida defensa estaría, bajo su interpretación, violentado.
En cuanto a los testigos, el primer miembro de la PNA sostuvo que comenzó a analizar los audios de las escuchas a Rojas y Campos en septiembre de 2020. Registros de diálogos de cuatro a seis horas a diario en los que el “Negro” daba las órdenes mayormente a su pareja Tamara Maciel y ella oficiaba de nexo para mensajes de audio con los demás contactos e integrantes del “PCF” (Primer Comando de Frontera) con el que contrabandeaban cocaína y marihuana desde Paraguay hacia el sur de Brasil y suelo bonaerense.
De estas escuchas aseguró que se descubrió que en la localidad de Moreno, Buenos Aires, montaron un comercio de bebidas para actuar como fachada para distribuir la marihuana que ingresaba a Misiones la organización con el logo del “dragón que se come la cola del PCF”. El investigador remarcó que los mensajes de Rojas “incluyeron amenazas de muerte, eran muy violentos y repetía, por ejemplo, ‘a ése lo voy a ajusticiar’, por mandar a matar a alguien”.
También declaró ayer una prefecturiana misionera que por haber nacido en una localidad en la frontera con Brasil hablaba a la perfección el portugués y se le encomendó interpretar las comunicaciones de Rojas con, al menos, tres miembros del PCF en el Brasil.
“Rojas era el organizador y financista de todas las operaciones, su portugués era muy claro y preciso y no era difícil identificarlo”. Sostuvo además que desde 2020 que comenzó a investigar actividades delictivas en la frontera para la PNA, “nunca vi en otra causa tantos movimientos y operaciones de transacciones de dinero como las que ordenaba Rojas”.
El último testigo de ayer fue un efectivo de la Prefectura que el 29 de septiembre de 2020 interceptó una embarcación entre Candelaria y Santa Ana que intentaba ingresar 700 kilogramos de marihuana con el sello del PCF y el dragón. Relató que pocas horas después del operativo, su inmediato superior le comunicó que iba a ser custodiada su familia, incluyendo su cambio de destino de labores, porque “El Negro” Rojas lo estaba señalando en sus comunicaciones intervenidas como el próximo objetivo a “matar”. “Desde ese momento y hasta hoy, no volví a estar tranquilo por la seguridad de mis hijos”.
