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Dos de Mayo: exponen manejos polémicos de fondos públicos del intendente Weber

Ingresaron pedidos de informe por comprar combustible a una estación de servicio propia, por usar maquinaria vial para emparejar una propiedad suya, comprar una máquina vial sin licitación y contratar a un contador procesado en la causa de “Coleco” Krysvzuk.

20 agosto, 2024
WEBER. Numerosas irregularidades fueron denunciadas de su gestión.

WEBER. Numerosas irregularidades fueron denunciadas de su gestión.

El intendente de Dos de Mayo, Ricardo Weber, se encuentra en medio de una tormenta de acusaciones, pedidos de informes y cruces con varios integrantes del Concejo Deliberante que vienen exponiendo manejos polémicos y presuntas irregularidades del funcionario renovador.

Entre las cuestiones que denuncian se menciona la compra de una retroexcavadodora por 200 millones de pesos sin autorización del Concejo Deliberante, la utilización de maquinaria vial en su propiedad mientras muchos caminos se encuentran intransitables y la compra de combustible con fondos municipales a una estación de servicio que es de su propiedad.

También la contratación de un contador de apellido Arrúa, que fue funcionario de la gestión de Alberto “Coleco” Krysvzuk en El Soberbio y se encuentra procesado por desmanejos de fondos públicos. Justo ayer ingresó al Concejo Deliberante un pedido de informe para que se detalle los motivos de esa contratación.

Días atrás, a raíz de una decena de pedidos de informe que generaron preocupación en la comunidad, el Jefe comunal accedió a concurrir al Concejo Deliberante y responder las inquietudes, aunque en algunos casos dejó más dudas que certezas.

 

Maquinaria vial y amenazas

En los últimos días se viralizaron en redes sociales diversos audios y videos donde había maquinaria municipal trabajando en la propiedad del Intendente y según explicaron extraoficialmente desde el municipio, era una donación de su propia tierra para emparejar y mejorar otros caminos terrados.

Sin embargo, la concejal renovadora Marcela Velázquez, dijo a PRIMERA EDICIÓN que “se ve claramente cómo están haciendo todo un trabajo de emparejado de terrenos y movimientos de suelo, que son trabajos carísimos que llevan días trabajando ahí”.

“A raíz de la denuncia que yo presento y mis pares me acompañan en el pedido de informe, el Intendente paró de trabajar en su terreno (…) pero se sabe perfectamente que estamos hablando de conflictos de intereses, que una persona que ocupa recursos públicos para beneficiarse, estamos hablando de un beneficio, no de una donación”, remarcó.

Velázquez manifestó que “después de eso he recibido amenazas de muerte y también estoy recibiendo de parte del municipio hostigamiento con la policía, porque no le quieren dar la habilitación municipal de un comercio a mi marido, yo me siento amenazada y amedrentada por este señor por hacer mi trabajo de concejal que es velar por las cosas públicas de todos los ciudadanos”.

Recordó que otra concejal, Yanina Holland, “también recibió amenazas del mismo número de teléfono que me amenazó a mí de muerte, por las denuncias que hicieron sobre la tala ilegal en una reserva ambiental de Dos de Mayo”.

“Nosotros hicimos las denuncias en Cibercrimen de San Vicente, pero todavía no hemos recibido ninguna información acerca de la investigación”, dijo.

Al mismo tiempo que las máquinas trabajaban en la propiedad del Alcalde, los vecinos de otros parajes como Pueblo Illia, Indumar y Escuela N° 9, se encuentran con los caminos totalmente deteriorados desde hace meses y el Ejecutivo no hace nada por repararlos.

 

DENUNCIA. Velázquez presentó pruebas de que el alcalde emparejó su propiedad con máquinas municipales.

 

Combustible y compra directa

En la otra polémica, la mayoría de los concejales acompañó un pedido de informe para que detalle sobre la compra de combustible, por parte del municipio, a su propia estación de servicio.

El Jefe comunal se defiende diciendo que cedió su estación de servicio la empresa Cruceño SRL pero la concejal Velázquez indicó que “encontramos una serie de irregularidades tanto en el domicilio del Intendente como también en la cantidad de surtidores de combustible”.

“El contrato dice que el Intendente cede todos los surtidores de combustible, pero ese día en la sesión extraordinaria el intendente dice que el escribano se equivocó, que son solamente dos surtidores de combustible. Entonces lo que estamos teniendo es una irregularidad porque el mismo intendente vende el combustible a la Municipalidad desde su estación de servicio y eso es ilegal”, remarcó la edil.

Por otra parte, explicó que también se pidió informes por la “adquisición de una máquina vial municipal que costó 200 millones de pesos” sin licitación ni autorización del Concejo Deliberante y que justamente esa máquina fue una de las que estuvo trabajando en la propiedad del intendente: “Ocupó todas las máquinas, camiones y motoniveladoras municipales para hacerse una playa estacionamiento y para remover tierra de su terreno”, explicó.

 

Contador procesado por corrupción

La concejal Velázquez formuló otra impactante revelación sobre Weber: contrató a un contador de apellido Arrúa que se encuentra procesado junto al exintendente de El Soberbio, Alberto Elio “Coleco” Krysvzuk, por corrupción.

“Comenzamos a investigar y cuando le pedimos al intendente que presente la lista de empleados que trabajan en la Municipalidad, con el número, con la categoría y con el sueldo que cobran, aparece el nombre de un contador encargado de dibujar los números y de hacer todos los papeles truchos para Coleco Krysvzuk en El Soberbio”, dijo.

“Carlos Arrúa en este momento que no puede ejercer cargos públicos porque está procesado por la Justicia en el caso de ‘Coleco’ y está involucrado en investigaciones con su hermano Pity Arrúa que está preso por narcotráfico. Está contratado por la Municipalidad como Compras de Personal, ese es el cargo que Arrúa tiene, le pregunté al intendente y me dijo que haga un pedido de informe que justamente ingresé”.

“Es una situación fea la que se está viviendo en Dos de Mayo porque esta persona nos trata al Concejo Deliberante como una escribanía, nos desconoce, nos insulta, nos ningunea, también ha salido por medios de comunicación a decir que él no va a permitir que gente de segunda categoría gobierne el municipio”, señaló la concejal.

Y finalizó: “Es la primera vez que yo ocupo un cargo como funcionaria pública y creo que debemos cambiar las políticas porque la sociedad está muy descreída. La ciudadanía merece transparencia, ya no estamos en la época medieval donde un Rey mandaba a cortar cabezas porque alguien dice o actúa como él no quiere. Acá nos tenemos que regir por leyes”.

Tags: acusaciónConcejo DeliberanteDos de MayoIrregularidadesMisionespedido de informesRicardo Weber
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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