En el Congreso de la Nación uno de los temas controversiales que está en debate es la baja de la edad de imputabilidad.
Para conocer cuál es la perspectiva con la que está trabajando la provincia respecto a este tema, en FM Santa María de las Misiones entrevistaron a Eduardo Magno Scherer, presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, quien enfatizó en la importancia del abordaje sanitario e integral como medida preventiva, en contrapuesta a la postura punitiva.
Para contextualizar, cabe mencionar que en Argentina la edad establecida es de 16 años, pero el Ministro de Seguridad Pública ha comunicado que hay un proyecto de ley en el Congreso para reducirla a 13 años.
En primer lugar, consultado sobre qué opina acerca de cuánto debería ser la edad de punibilidad, Scherer sostuvo que “no tiene una postura firme”, porque lo que corresponde es “hacer un análisis más profundo de la situación”.
“Aunque el Poder Ejecutivo Nacional considera que a partir de los 13 años un joven tiene la madurez suficiente para comprender la criminalidad de sus actos, también se están estudiando otros parámetros. Es fundamental definir cómo se abordarán estas cuestiones y qué delitos se considerarán al momento de aplicar un sistema punitivo a un menor de edad en conflicto con la ley penal“, amplió el funcionario. De todos modos, reconoció que “es un debate necesario porque la ley vigente tiene más de 40 años y fue establecida por un decreto del Gobierno de facto, sin un debate amplio”.
En este punto, comparó que es muy distinta la situación en Misiones en relación a otras grandes provincias como Rosario, Buenos Aires, o Córdoba -por citar algunas-. “Pienso que ahora es la oportunidad para abordar estas cuestiones desde otras perspectivas, ya que el régimen penal juvenil, tal como está, no parece funcionar adecuadamente en algunas jurisdicciones argentinas”.
“Misiones tiene una realidad diferente”
Scherer dejó en claro que en Misiones es muy distinto el panorama, porque cuenta con normativas provinciales con una perspectiva integral que, de alguna manera, descentraliza la atención y/o seguimiento de los jóvenes.
“Acá, el Instituto Correcional de Menores que funciona bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Provincial, aloja jóvenes de entre 16 y 21 años. Actualmente, hay alrededor de 25 menores en este instituto, de los cuales solo 4 tienen 17 años; los otros tienen entre 18 y 21 años. Además, hay otros 4 jóvenes alojados en los CEMOAS (Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes), de entre 16 y 17 años, que se encuentran en conflicto con la ley penal por disposición de los jueces correccionales y de menores. En total, estamos hablando de una población de alrededor de 8 menores, lo cual es insignificante en comparación con el total de alrededor de 1700 privados de libertad en el Servicio Penitenciario Provincial en Misiones“, argumentó Shcerer.
Además, sumó que “también contamos con la Residencia Socioeducativa Lucas, que aloja menores de 16 años en conflicto con la ley penal que no pueden ser privados de libertad bajo el régimen penal juvenil actual. En esta residencia hay 6 jóvenes. Las medidas cautelares impuestas por los jueces suelen ser temporales, generalmente no exceden los 20 o 30 días. En Misiones, la población total en instituciones de privación de libertad para menores es de alrededor de 14 personas, número que sigue siendo bajo“, explicó.
Otro dato relevante que aportó es que “en Argentina, solamente el 10% de la totalidad de los delitos son cometidos por menores de 16 años. Nosotros en Misiones estamos en el 1% de ese total”, precisó.
Una perspectiva sanitaria, integral y preventiva
Respecto a las instituciones mencionadas anteriormente, cuya función es alojar y contener a los jóvenes que tienen algún conflicto con la Ley, todas funcionan bajo una perspectiva preventiva, no punitiva.
Eduardo Scherer describió que, en el caso de los CEMOAS, surgieron a partir de la Ley Provincial Decimocuarta Nº 14 del año 2019, que establece que los menores de edad no pueden ser alojados en comisarías ni ser esposados, por lo que deben ser trasladados de inmediato a estos Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento, que dependen a su vez del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, junto con el Servicio Penitenciario Provincial.
En ese lugar, se realiza “un abordaje interdisciplinario para analizar la situación del joven y su entorno familiar. Si se determina que el joven tiene un problema con la ley penal, se ordena el traslado a una institución adecuada, como la Residencia Socioeducativa o el Instituto Correcional de Menores”, informó.
Desde que comenzaron a funcionar estos lugares en 2021, “han pasado por estos centros más de 1500 jóvenes, de los cuales solo 86 han sido trasladados a instituciones de restricción de libertad. En la mayoría de los casos, se ha determinado que el problema es menor o se necesita un trabajo con la familia, ya que muchas veces hay una relación directa entre los menores en conflicto con la ley penal y el consumo problemático de sustancias. Se realiza un abordaje médico y sanitario, en lugar de uno punitivo, como el que propone el nuevo régimen penal juvenil en discusión y el que tenemos actualmente, que tiene una visión punitiva“, insistió el funcionario.
Resultados positivos hasta el momento
Según informó el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia, son dos los motivos principales por los que los menores tienen un conflicto con la ley: el consumo problemático de sustancias y/o un núcleo familiar quebrantado. Por eso, al menos en Misiones, se trata de trabajar sobre esos ejes para mejorar la convivencia, garantizarles la educación formal y procesos para la reinserción.
De hecho, en el Instituto Correccional de Menores “alrededor del 80% de los jóvenes están en contacto con la comunidad terapéutica, y un dato llamativo es que solo 3 de cada 10 chicos tiene contacto con sus familiares“.
Al respecto, “opino que la decisión acertada es prevenir y abordar los problemas antes de que ocurran”, sintetizó. “Desde que comenzamos a funcionar en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, hemos reducido la población en el Instituto Correccional de Menores de 80, 90 chicos a 25, lo que representa una reducción de más del 60% gracias a políticas preventivas”, puntualizó.
