A través de la Resolución 1926/2024 la Nación dejó en manos de las obras sociales y prepagas la fijación de los coseguros que pagan los pacientes, una medida que impactará sobre casi la mitad de la población del país.
En el programa Primera Plana que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones, dialogaron con la Dra. Miriam Medina, abogada especialista en amparos de salud, quien aseguró que esta decisión que tomó Nación es otro golpe para los afiliados.
La resolución tiene cuatro artículos resolutivos que entre otros puntos establece que se deja sin efecto los aranceles que existían, que las obras sociales podrán aplicar los aranceles que consideren, pero deben notificar los nuevos valores con 30 días de anticipación.
La abogada recomendó a toda la población leer la resolución pero sobre todo el anexo que acompaña a esa normativa porque ahí queda establecido a qué prestaciones no se les puede aplicar un coseguro.
“En el anexo hay un listado de prestaciones a las que no se les pueden cobrar coseguro entre esos por ejemplo programas preventivos por ejemplo cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, odontología preventiva, salud sexual y reproductiva, oncología, por ejemplo”. Esto es importante que la gente sepa para evitar que le quieran cobrar coseguro a prestaciones que en realidad están exentas de ese pago.
La abogada especialista en amparos de salud, fue clara al afirmar que el derecho que debe primar es el derecho a la salud, el derecho a la vida por lo tanto si les quieren cobrar un coseguro por una prestación médica y ese valor es “altísimo” puede buscar asesoramiento para lograr realizarse ese estudio que necesita sin poner en riesgo la salud.
“Yo tengo un derecho que me lo da la Constitución Nacional que es el derecho a la vida, derecho a la salud. Entonces si ese estudio que me tengo que hacer no está en ese listado, no quiere decir que me tengo que morir porque no está lo que yo necesito; quiere decir que puedo asesorarme y buscar ayuda y si es necesario plantear un recurso de amparo porque no puedo pagarlo”.
En otro tramo de la charla con FM 89.3 la abogada especialista en Salud criticó duramente las medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei porque ponen a los afiliados en un situación de guerra entre el profesional médico que lo atiende y brinda la cobertura y quién debería cubrir esa prestación que es la prepaga o la obra social.
“Es realmente un desastre todo lo que está pasando. Desgraciadamente el Gobierno nos pone en un pie de desprotección y de guerra con las prepagas, con las obras sociales y en una situación de total indefensión, porque el que no pueda hacer un amparo, el que no tenga un fundamento para reclamar se verá muy afectado porque si no puede pagar, se va a tener que dar de baja o pasarse de una prepaga a una obra social y le será muy difícil acceder a la salud”.
Informarse, reclamar, buscar asesoramiento son algunos consejos que reiteró la profesional para que las personas puedan acceder a la salud y puedan tener garantizado su derecho a la salud.
Son tres pasos que hoy se vuelven necesarios para de alguna manera también poner límites a decisiones que toma el Gobierno que, lejos de generar alivio o facilitar el acceso a la salud de quienes tienen obra social o prepaga, terminan poniendo más palos en la rueda, debilitando el derecho a la salud que está garantizado en la Constitución Nacional.
“En este momento rige el libre mercado. Se puede entender el libre mercado para cuestiones que no sean urgentes, que no sean necesarios para la vida básica diaria, pero no en la salud (…) el libre mercado en temas de salud va contra la vida y desgraciadamente le está costando la vida a muchas personas”.
