Las expectativas se diluyeron en pocos segundos ayer. El video que envió bajo cadena de custodia, sobre papel madera lacrado y abierto ante las partes involucradas en la causa, solo contenía secuencias del Peugeot 207 en el que se accidentaron los cinco adolescentes el jueves 11 de abril en la costanera, frente a un supermercado calle Córdoba y General Paz en el centro y minutos antes que se registrara el trágico final para dos de los estudiantes del colegio Santa María.
El acto legal convocado por el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, contó con la presencia del defensor particular del joven imputado provisoriamente por “homicidio culposo agravado en accidente de tránsito”, un abogado querellante, los padres de uno de los sobrevientes y la fiscal María Laura Álvarez.
Tras chequearse el registro del Centro Integral de Operaciones 911 de la Policía provincial, se anunció que se ampliará el pedido de más imágenes y en otros puntos de la ciudad, principalmente para la pericia se necesita un tramo entre dos cámaras en el que haya transitado el automóvil antes de chocar una camioneta estacionada y volcar a la altura de la rotonda de la costanera frente a la exusina de EMSA, en la bahía El Brete.
Una vez que el CIO-911 confirme si sus memorias digitales poseen los datos que se le solicitan, se llamará a otra audiencia similar a la de ayer y se podrá estimar un patrón aproximado de la velocidad con el automóvil con los cinco estudiantes se dirigía a la clase de educación física en el polideportivo del colegio religioso (avenidas Centenario y Zapiola).
Querellante
Jorge Lloyd Wickstrom (exfiscal de Estado de la provincia) representa como querellante los intereses de la familia de Juan Cruz Martínez, uno de los dos menores de 17 años que perdieron la vida.
Al finalizar el trámite de ayer, en la sala de debates de los juzgados de Menores de esta capital, dialogó con PRIMERA EDICIÓN sobre la evolución del expediente, expectativas, dudas y certezas respectivas.
“Las grabaciones del tránsito del 911 aparentemente no interpretó bien lo que le requirió la Justicia y se pidió una ampliación de registros y precisión, para determinar desde lugar el automóvil salió con los cinco chicos a bordo hacia la costanera”.
Resaltó que “se necesitan las imágenes de la costanera, al menos grabaciones de tres cámaras para saber la velocidad de tránsito. Cada cámara registra día, hora y hasta segundos, con esto se podría calcular mejor”.
Y agregó que “la hipótesis que se trata de esclarecer apunta a la velocidad del automóvil. De hecho, no debía circular a más de 30 kilómetros por hora, todas las normas y ordenanzas hablan de ese máximo. Por la forma en que quedó el vehículo se entiende que hubo exceso. El daño en la carrocería se puede analizar como de un gran golpe y esto se refiere a una velocidad alta”.
Uno de los puntos sin claridad, hasta el momento, se sostiene en el desempeño del socorro o auxilio a los menores lesionados: “Todavía no hay un documento con los registros de horarios de las ambulancias que asistieron a las víctimas. Algunos dicen nada más que las unidades salen desde el Baliña (hospital lindante a la Red de Traslados sobre la avenida Quaranta y avenida 147, ingreso a Itaembé Miní), hay que esperar que se confirme eso”.
Wickstrom también destacó: “La causa está difícil para el conductor, hace muy poco tiempo le dieron el carnet para manejar. El 3 de abril figura como habilitada la póliza de seguro y el 4 comienza a regir la licencia del conducir. Muy poca experiencia para el manejo tenía”.
“Versiones hay muchas respecto a lo que ocurrió, hay que esperar. Creemos que alguno de los tres chicos (sobrevivientes) tuvo que haber visto el instante de la colisión con la camioneta estacionada”.
Sobre si el espacio para esclarecer lo sucedido será el juicio oral, el abogado manifestó: “En debate y con los elementos que se esperan incorporar se podrá probar el doble homicidio y lesiones en accidente de tránsito”.
“La querella busca que se aplique el Código Penal, el delito es excarcelable pero al menos se puede lograr como efectiva la inhabilitación para volver a manejar durante diez años”.
