“En Misiones no se defiende la propiedad privada y la Policía no obedece la orden del juez que falló a favor en el juicio de desalojo”, dijo Francisco García, un empresario oriundo de Eldorado, dueño de la firma forestal e inmobiliaria Colonizadora Misionera, que posee 15 mil hectáreas entre Pozo Azul y San Pedro.
Su fuerte afirmación se sustenta en que el juez Gerardo Casco, de San Vicente, el año pasado dictaminó a favor del desalojo en un juicio iniciado en 2018. Ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones, pero al día de hoy la Policía de la Provincia no cumple con la orden y le dijeron extraoficialmente que “hay órdenes de superiores de Posadas de no actuar”.
García se lamentó que los intrusos, unos 300 en total, ya han deforestado cerca de 2.000 hectáreas de su propiedad y la Reserva Ambiental Valle de la Alegría (donde se encuentra el Salto Alegría) causando un daño ambiental tremendo. También provocan una competencia desleal con los madereros que trabajan en forma legal ya que venden la madera a menor precio por no tener costos de impuestos, administrativos, ni de otro tipo.
En este sentido cargó contra el Ministerio de Ecología y la Subsecretaría de Tierras de Misiones, donde “están enterados del grave daño ambiental y solo una vez mandaron una inspección que no hizo nada y los ocupantes siguen como si fuera su casa”.
Incluso, mostró como venden parcelas de su propiedad en la red social Facebook como “mejoras de tierras fiscales”.
“Si el Gobierno de Misiones firma el Pacto de Mayo que propone el presidente Javier Milei, la gente tiene que saber que acá no se respeta ni defiende la propiedad privada y que la Policía no obedece la orden de desalojo de un juez. Dicen una cosa pero hacen otra”, enfatizó el empresario, indignado ante la falta de respuestas y la pérdida de su capital.
“Enviados por la política”
En su testimonio a PRIMERA EDICIÓN, García explicó que los ocupantes “no son agricultores, todos tienen casa en otro lado y muchos vinieron de otros municipios, enviados por punteros políticos de Dos de Mayo, Dos Hermanas, San Vicente y alrededores”.
Su sospecha es que el Gobierno se quiere evitar el conflicto social del desalojo. El argumento es que son tierras ociosas y ellos las necesitan para cultivar y vivir.
Relató que sufrió amenazas de muerte y anda armado debido al temor de tenerlos “casi en el patio de mi casa”.
“Están a 500 metros de mi vivienda. Me rompen los portones porque quieren circular libremente, yo cierro la tranquera y me tumban o rompen los candados. Se sienten como si fueran ellos los dueños”.
“Yo tengo que andar cuidándome porque los cruzo todos los días y actúan con total impunidad. Ni la Policía ni el Ministerio de Ecología hacen nada”, se lamentó.
El maderero aseguró que “no hay familias, es mentira que hay niños, son punteros y personas que vienen traídos por algunos políticos de otros municipios, buscando hacer negocios o buscando quedarse con la tierra. Todos tienen vivienda y chacra en otro lugar”, insistió.
Historia de ocupaciones
Según contó el empresario, 18.000 hectáreas de Colonizadora fueron expropiadas en el año 2006 “y no fueron pagadas, para dárselas a los intrusos” (Causa Expropiación 7984/06 Pcia de Misiones/CMS.A.). Le quedaron 15 mil ha de monte nativo entre Pozo Azul y San Pedro.
“El 75% del municipio de Pozol Azul me pertenece porque está creado sobre mi propiedad”, aseguró García. Y anticipó que “en algún momento el Gobierno tendrá que expropiar”.
En el momento de la expropiación de 18 mil hectáreas, le aseguraron desde el Gobierno que ninguna persona ingresaría al saldo de su propiedad de 15 mil hectáreas, pero no cumplieron esa promesa y los ocupantes avanzan cada vez más, sin la intervención del Estado.
En el año 2018 “entre infinidad de denuncias nunca atendidas por las autoridades competentes, iniciamos juicio de desalojo en el Juzgado competente de San Vicente”. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida. Se iba a realizar el 2 de enero de 2024, luego el 15 de enero y luego quedó todo paralizado.
“Esa orden hasta la fecha no se cumplió a pesar de las intimaciones por carta documento enviadas al jefe de la Regional de San Pedro, responsable de llevar adelante la orden judicial”, explicó García. Desde la Comisaría le respondieron que no cumplían el fallo “por decisión de las autoridades pertinentes de sus superiores en Posadas”.
En el medio hubo reuniones con funcionarios del Gobierno, de Ecología y de municipios. Todos le prometieron gestiones para solucionar sus pedidos pero ninguno volvió con respuestas. El empresario aseguró que cuenta con toda la documentación para fundamentar su denuncia.
“En el mientras tanto padecemos los embates violentos de los intrusos, protegidos por el poder político. Destruyen nuestros bienes forestales, realizan apeos de madera sin reparo alguno, violando no solo la propiedad privada sino las leyes que protegen la masa forestal. Queman, hacen rosados, nos rompen alambrados y las tranqueras. Amenazan con armas, nos roban hacienda y circulan por nuestra propiedad con desparpajo, haciendo grosera y peligrosamente ostensible su impunidad”, finalizó el propietario de Colonizadora Misionera.
