Para este martes estaban notificados para presentarse en la sede del Palacio de Justicia de Oberá los siete acusados por el crimen, que tuvo como víctima a “Junior” D’Amico, presuntamente por no pagar una deuda de 350 mil pesos.
El debate duró algunos minutos debido a que el defensor oficial de los acusados, Matías Olivera solicitó a los jueces del TP de Oberá que consideren una posible inconstitucionalidad y futura nulidad del debate.
El letrado se basó en la misma lectura de elevación de la causa, en la que se señala que tanto Diego Benegas como Jonathan Gutiérrez están sindicados cómo los autores material. En ese sentido mencionó una posible incongruencia al tener él (Olivera) que ejercer la defensa técnica de los mismos imputados que cada uno señala al otro como el autor del crimen de Nicolás D’Amico.
El defensor oficial Matías Olivera, quien representa a los hermanos Diego y Gustavo Benegas y a Jonathan y Diego Gutiérrez, solicitó al Tribunal que consideren una posible inconstitucionalidad y futura nulidad del debate.
Consultado el Tribunal a la querella representada por Claudio Katiz, cuestionó que ese planteo no lo haya hecho antes del inicio del debate.
El Tribunal llamó a cuarto intermedio para definir la solicitud del defensor oficial. A su regreso los magistrados decidieron hacer lugar al planteo. El debate se pospuso para el próximo 1 de julio.
En ese lapso, Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez, que tienen la acusación más grave, que podría significar una sentencia a prisión perpetua, deberán buscar un nuevo defensor.
Por su parte, Matías Olivera definió ante los jueces representar únicamente a los hermanos Gutiérrez en el debate.
El crimen de “Junior”
Según la investigación, la víctima (quien era empleado de un frigorífico de la localidad bonaerense de Lobos), fue asesinada en un abasto de Oberá, ubicado sobre la avenida Sarmiento casi ruta 14. Su cuerpo fue trasladado en el Volkswagen Bora con el que se movilizaba y luego incendiado con él en su interior.
De todos los acusados los más comprometidos por la imputación penal que pesa sobre ellos son el dueño del local, Diego Ramón Benegas (40) y uno de sus empleados, Jonathan Emanuel Gutiérrez (31). Deben responder por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”.
