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Gustavo Sáenz celebró la inclusión del capítulo tabacalero a la Ley Bases

El Gobernador de Salta indicó que "es el comienzo del fin de un privilegio tan inaceptable como inexplicable", haciendo referencia al "señor del tabaco".

30 abril, 2024

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, celebró la inclusión del capítulo tabacalero en la Ley Bases y destacó a los 82 diputados que “dejaron de lado sus diferencias” y votaron a favor de la iniciativa. 

En un mensaje que escribió en su cuenta de X, y que fue compartido por el misionero, Hugo Passalacqua, Sáenz apuntó contra Pablo Otero, conocido como “señor tabaco”, dueño de tabacalera Sarandí. 

“Es el comienzo del fin de un privilegio tan inaceptable como inexplicable, el de una empresa que evadía impuestos con la complacencia de muchos, perjudicando a millones, a economías regionales y a miles de puestos de trabajo. Más hechos y menos palabras”, indicó.

“Una muestra de que los consensos no son una mala palabra; sirven para beneficiar al país, dejando de lado mezquindades, intereses e ideologías. Por un país sin privilegios ¡Viva la Patria! #Federalismo”, concluyó.

Hoy es un día de alegría para el país: 82 diputados dejaron de lado sus diferencias y votaron para incluir la regulación del tabaco en la ley de bases (+)

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 30, 2024

 

Victoria de las provincias tabacaleras y parte de la oposición

La oposición asestó hoy, de manera sorpresiva, un certero golpe al lobby empresario al aprobar la incorporación de un artículo a la Ley Bases que permitirá que la tabacalera Sarandí vuelva a abonar la misma alícuota del impuesto interno a los cigarrillos que pagan sus competidores en la industria.

Pese a que el PRO y La Libertad Avanza se abroquelaron para que esta reforma no avanzara, la abstención de la gran mayoría de los diputados de Unión por la Patria y 21 que votaron a favor allanó el camino para que se aprobara la incorporación de este artículo, que festejó Hacemos Coalición Federal, la UCR e Innovación Federal.

El resultado fue muy ajustado: 82 votos afirmativos, 77 votos negativos, 69 abstenciones. Sin embargo, alcanzó para aplicar este cambio en el articulado.

Entre los votos positivos estuvieron el de Victoria Tolosa Paz y otros 20 diputados de Unión por la Patria, una decisión que fue reconocida y aplaudida por la UCR y Hacemos Coalición Federal. De los misioneros, los cuatro de Innovación Federal Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik acompañaron e impulsaron la incorporación del capítulo, al igual que el radical, Martín Arjol.  Emmanuel Bianchetti (PRO) y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza) lo hicieron en contra.

De esta manera, la tabacalera Sarandí, que domina el 33% de mercado y que se beneficiaba por ofrecer cigarrillos a menor precio producto de las ventajas impositivas de las que gozaba, volverá a pagar la alícuota del 73% de los impuestos internos al tabaco (actualmente paga el 70%), en caso de que el Senado confirme estos cambios.

“El oficialismo no quería que se votara. Se pudo dar bajo presión. El PRO no quería saber nada. Hubo muchas charlas durante toda la madrugada para que se diera. Al final el oficialismo cedió y se pudo votar”, dijo en estricto off the record un negociador de la UCR que participó de las negociaciones.

En la versión original de la ley ómnibus que se discutió durante el verano y en el primer borrador de esta segunda etapa la suba de los impuestos al tabaco estaba en la propuesta del oficialismo.

Sin embargo, la negativa del PRO influyó para que el Gobierno aceptara dejar de lado este tema y considerarlo más adelante como un proyecto aparte.

Sectores mayoritarios de la UCR, de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal presionaron fuerte para que el tema estuviera en el dictamen, pero no obtuvieron el resultado esperado.

De cara a la sesión y durante el desarrollo de la misma, siguieron tejiendo acuerdos para que se incorporara al texto final como un agregado en el recinto. La Libertad Avanza siguió negándose para no abrir un frente de conflicto con el PRO. Pero apareció un aliado inesperado: Unión por la Patria.

“Vengo señalando que una Argentina que tiene, como cualquier país serio, altos impuestos al tabaco para cuidar la salud de la gente”, explicó Tolosa Paz sobre el sentido afirmativo de su voto.

“Había dictámenes en minoría, fundamentalmente de la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal, que daban cuenta de que, si un sector de Unión por La Patria se abstenía y otros acompañábamos, íbamos a lograr que todas las tabacaleras empiecen a pagar el tributo del 73%“, añadió la platense.

Más allá de que se había alcanzado un principio de acuerdo con algunos diputados de UP, el pronóstico sobre la votación en particular de ese título era incierto y el resultado estaba abierto.

Lo reconoció el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López al tomar la palabra en el recinto. “Entre el bloque de la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la UCR y la Coalición Cívica estamos trabajando hace muchos días y no sabemos cómo van a votar los bloques de esta cámara. Estamos yendo a ciegas con esta votación”.

Antes de pedirle al miembro informante del oficialismo, Santiago Santurio, que contestara por sí o por no si daba lugar a la moción que minutos antes había hecho la radical Natalia Sarapura para agregar al articulado este capítulo sobre el tabaco, el diputado que responde a Elisa Carrió enumeró las ventajas de la reforma propuesta.

“Es recaudación tributaria que va a ser incluida inmediatamente, que ayuda a que haya más dinero, que desincentiva al tabaquismo y que ayuda a que por ejemplo podamos pagarle más a los jubilados”, destacó.

Sarapura recordó que la propuesta para eliminar el impuesto mínimo al cigarrillo y la suba de la alícuota del 70 al 73% se había originado en el Poder Ejecutivo, y que éste tomó luego la decisión de retirarla.

“Estamos discutiendo una propuesta que había hecho el propio PEN y que nos había dado insumos de debate y que genero muchos consenso, de las cámaras, de las cooperativas, de las siete provincias que trabajamos en la economía del tabaco”, manifestó la jujeña.

“¿El Gobierno quiere recaudar o sólo ajustar?”, se preguntó Sarapura.

Luego Lopéz leyó los detalles del capítulo propuesto para ser agregado: “Cuando el precio de venta al consumidor (…) no constituya una base idónea a los fines de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la AFIP”.

Y siguió: “Se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos que resulte inferior como mínimo en un 20% del precio que sura del relevamiento informado en el párrafo anterior”.

“Los cigarrillos tanto de producción nacional como importados tributarán sobre el precio de venta al consumidor inclusive impuestos excepto el IVA un gravamen del 73%”, completó López.

Santurio rechazó el pedido para que se incorpore el capítulo, por lo que se procedió a la votación nominal. 

“El voto afirmativo implica incluir el capítulo y el voto negativo implica excluirlo”, aclaró Menem, antes de dar la señal para que los diputados marcaron su voto electrónicamente en sus bancas.

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Tags: Gustavo SáenzLey "Bases"Pablo OteroTabaco
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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