Luego de varios recursos que provocaron suspensiones por años, ahora está todo previsto para que en junio el Tribunal Penal de Oberá lleve adelante el juicio contra el exintendente de El Soberbio, Alberto “Coleco” Krysvzuk, a quien se lo acusa de “peculado y malversación de fondos públicos”.
Según fuentes del Tribunal, sería antes de la feria y “no hay más chance de que se suspenda” como ocurrió en ocasiones anteriores.
En octubre de 2013, Elio Alberto “Coleco” Krysvzuk fue destituido por el Concejo Deliberante del cargo de intendente de El Soberbio, luego de diez años, acusado de varias irregularidades detectadas en un informe presentado por la Comisión Investigadora, lo cual derivó en una denuncia penal.
El 11 de marzo de 2014, ordenada su detención por la gravedad de las acusaciones y la posibilidad de que altere pruebas, logró escapar y estuvo nueve meses prófugo, hasta que decidió entregarse y permaneció preso durante dos años.
En 2017 tras pasar dos años y 35 días detenido, le dictaron el cese de la prisión preventiva. Por pedido de su abogado defensor Daniel Braunstein, el juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, decidió conceder el beneficio de esperar el juicio en libertad. Luego, en 2018, la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación del exalcalde y otros exfuncionarios municipales, al que se les suma un empresario de Posadas.
En paralelo, el año pasado, amparado en la ley electoral y como todavía no tiene condena firme, “Coleco” se presentó como candidato a intendente por el Frente Renovador, obteniendo una importante cantidad de votos y basando su campaña en promesas que, a la luz de las leyes, no podría cumplir, como por ejemplo “liberar el comercio” entre El Soberbio y Porto Soberbo (Brasil), algo que cayó muy bien en los vecinos de la zona que utilizan el comercio fronterizo casi a diario pero están restringidos por las normas federales y la custodia de la Prefectura, Migraciones y Aduana.
Juicio en puerta
Entre las irregularidades detectadas en la gestión de Coleco en 2013, se hallaron facturaciones millonarias a supuestos proveedores con cuentas dadas de baja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o apócrifas, falta de elementos declarados en el patrimonio e irregularidades con relación al personal, entre otras.
También se detectó cobro de tributos que no fueron asentados en caja o lo fueron por mínimos montos. Se añaden falsificaciones de firmas en pagos de pensiones provinciales y vehículos sin seguros ni documentaciones.
Según el expediente, también se detectaron pagos de obras inexistentes con facturas apócrifas con supuesta recepción de obras. Incluso hallaron transferencias bancarias a distribuidoras de bebidas alcohólicas y transferencias a cajas de ahorro, amparados con facturaciones de terceros.
