La Procuración General de la Corte Suprema de Justicia se expidió ayer de manera oficial, respecto a la competencia que tiene el máximo tribunal judicial del país sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentó Misiones contra el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei.
En los dos dictámenes, a los que accedió PRIMERA EDICIÓN, la procuradora fiscal, Laura Monti, opinó que la Corte tiene competencia para resolver los planteos contra la modificación a la ley del INYM y sus funciones regulatorias del mercado; y sobre el pedido para que la Nación siga enviando los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el programa Conectividad, adeudados desde noviembre de 2023 y suspendidos definitivamente en 2024, a pesar de la vigencia del presupuesto 2023 tras ser prorrogado.
En ambos casos, este importante paso se dio pasadas varias semanas de las presentaciones, incluso transcurrido un mes de la judicialización del caso INYM. En Misiones saben que ahora no hay plazos legales para que los cuatro ministros de la Corte que quedan, voten sobre la cuestión de fondo. Pero se espera que antes, al aceptar o no la competencia, también resuelvan los pedidos de recursos de amparo que suspendan los alcances del DNU 70 sobre el organismo yerbatero como en el recorte de recursos para los docentes.
Cabe recordar que los dictámenes de la Procuración no son vinculantes en las resoluciones de los miembros de la Corte Suprema.
Antecedente de La Rioja
En el dictamen del expediente 215/2024, relacionado al conflicto por el FONID, la procuradora Monti fue muy escueta para respaldar la intervención del máximo Tribunal.
“Las cuestiones aquí debatidas resultan sustancialmente análogas a las ya estudiadas en mi dictamen del día de la fecha, en la causa CSJ 217/2024 ‘La Rioja Provincia C/ Estado Nacional S/Amparo’, a cuyos términos me remito en cuanto fueren aplicables aquí. En virtud de lo allí expuesto, opino que este proceso debe tramitar ante los estrados de este Tribunal”, expresó la funcionaria judicial.
En la causa iniciada el pasado 1 de marzo, la Fiscalía de Estado de Misiones eligió una vía más directa para recurrir el DNU de Milei sobre el dinero nacional para los docentes. No solo existía un puñado de jurisdicciones que ya de habían presentado a la Corte, sino que la tramitación de la demanda por el INYM demostró que ni la primera ni la segunda instancia federal en Posadas admitieron que fueran los Tribunales inferiores los que aborden la importante cuestión legal y política.
Caso INYM, menos dudas
Al intervenir una provincia – en este caso Misiones- contra un Decreto presidencial (el 70/2023 del presidente Javier Milei), la Procuración de la Corte entendió que el conflicto de poderes debe resolverse en el máximo Tribunal.
Fue en la causa 50/2024 “S/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, en la cual se le pidió opinión el pasado 9 de febrero cuando le fue girada la presentación misionera.
“A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte. En efecto, toda vez que la Provincia de Misiones, a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con lo prescripto por el art. 117 de la Constitución Nacional, demanda al Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional), que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia (Fallos: 320:2567; 322:2038; 324:2859; 330:1261 д 3777; 331:1427, entre muchos otros), cualquiera sea la materia del pleito”, expresó la procuradora fiscal Laura Monti en su dictamen firmado ayer.
