Según los registros oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el 9 de febrero fue el último movimiento que registró el expedientes 50/2024 girado por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, con la demanda de la provincia de Misiones contra el Estado nacional, con los artículos que desfinanciaron y desregularon la actividad yerbatera, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei.
Según pudo saber este Diario, ese 9 de febrero se giró al Procurador del máximo Tribunal judicial el recurso misionero que pidió dejar sin efecto los alcances del DNU no solo por el impacto sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino también contra la reforma de la ley de Sociedades, donde se establecía reparos en la integración de los Estados (nacional y provincial) en empresas.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, será el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, quien determine si es competencia de la Corte abocarse a la presentación misionera y, en ese caso, si se aplica el amparo que suspenda los alcances de la norma dictada por Milei.
Si bien hay una cautelar en análisis, aún quedan días de espera para que fije la posición que siempre suele ser atendida por los ministros de la Corte, al momento de dictar sus resoluciones y acuerdos.
El funcionario recién cumplió el quinto día hábil ayer (si se toma el mismo 9 de febrero) con la demanda en su oficina, dado el largo receso de carnavales que hubo la semana pasada.
Además, se fueron sumando desde diciembre a la fecha varias demandas de provincias contra la Nación por diferentes cuestiones, a partir de la “guerra” que la Casa Rosada le declaró a las provincias y que promete tener más capítulos para los próximos meses, si no se logra un diálogo y consensos con los mandatarios jurisdiccionales.
