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Policía apartado de su cargo por presunta implicación en robos y estafas

Fue detenido esta mañana y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá.

17 febrero, 2024

Un nuevo escándalo sacude a la interna de la policía provincial. Esta vez, por la detención de un efectivo del Comando zona Sur de Oberá a quien acusan de robar maquinarias, chapas y herramientas de un galpón que alquilaba para el funcionamiento de un taller mecánico.

Tiene 32 años y es oriundo de Cerro Corá pero trabaja en la Capital del Monte hace varios años.

De acuerdo a las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, el uniformado fue denunciado días atrás por supuestos hechos de hurto en el galpón rentado y que los elementos se utilizarían para pagar deudas con terceros.

Por otra parte, estaría vinculado a casos de estafas virtuales y se investiga su participación en toma de préstamos de personas adultas mayores a quienes ayudaba cuando cumplía servicio adicional en un banco.

Por su parte, desde la Jefatura de Policía comunicaron que iniciaron una investigación interna y de momento ya fue pasado a disponibilidad hasta que se resuelva su situación judicial.

La detención se concretó durante la mañana de ayer cuando el efectivo iba a tomar el servicio, mediante orden del juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Heriberto Alarcón.

Sus propios camaradas le notificaron la orden de arresto y por cuestiones de seguridad fue alojado en otra dependencia de la UR-II.

Posteriormente se realizó un allanamiento en su propiedad y secuestraron una hidrolavadora, varias chapas de zinc, máquinas industriales y elementos ajenos al taller de chapa y pintura que administraba.

El dueño del lugar reconoció los mismos como los que fueron desapareciendo paulatinamente desde diciembre a la fecha.

En este contexto, se lo investiga por estafas virtuales en las cuales varias de las víctimas también serían policías. El mecanismo o al menos uno de ellos, era pedir dinero prestado para cubrir supuestas necesidades o enfermedades de familiares o propias, pero nunca retribuía el dinero.

Otra maniobra era inversiones en plataformas digitales que nunca daban fruto y la tercera, acaso la más grave, solicitar préstamos personales con datos de terceros (mayormente jubilados) y hacer transferencias a otras cuentas bancarias.

Si bien no fue denunciado todavía directamente por este tipo de delito, hubo muchos casos denunciados con autores anónimos o desconocidos por lo que investigarán si hay algún elemento que lo vincule a estos hechos.

Por lo pronto, se espera que entre lunes y martes sea indagado por el propio juez Alarcón, por ahora con la imputación provisoria de “hurto agravado por ser funcionario público”.

 

Otros efectivos detenidos

En septiembre de 2022, tres efectivos de la Unidad Regional II fueron apartados de la fuerza por una supuesta persecución irregular a un joven motociclista, quien se cayó del vehículo y permaneció varios días internado en grave estado. Los uniformados nunca lo ayudaron tras el siniestro.

Durante el 2023, en la fuerza se produjeron varios escándalos con funcionarios involucrados en hechos delictivos.

Uno de ellos fue en la comisaría de Pozo Azul cuando se robaron la batería de una camioneta 4×4 secuestrada y el autor sería un agente que trabajaba en ese lugar.

Otro hecho resonante que salpicó de alguna manera a la fuerza de seguridad provincial, fue el de un caso de torturas y secuestro a un joven en Bernardo de Irigoyen que permanece con dos policías detenidos.

Más cerca en el tiempo, en enero de 2024, un comisario y jefe de uno de los Comandos de Posadas, fue denunciado por golpear y amenazar de muerte a su mujer.

Cabe recordar que desde que asumió la nueva Jefatura de Policía, encabezada por el comisario general Sandro Martínez, este dejó en claro que no iba a tener contemplaciones con los efectivos que obraban mal dentro de la institución. Incluso dijo en una entrevista “no me molesta que la prensa descubra a los delincuentes disfrazados de policías”.

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Tags: #Detenido#OberáPolicialesPolicías apartados
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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