Llegado el día de votar, los siete legisladores nacionales por la provincia de Misiones decidieron apoyar en general el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus.
De esos siete, cuatro responden al frente renovador y son parte de un equipo que debe velar por la mejor gobernabilidad de la Provincia, dependiendo en más del 50% de los recursos nacionales (coparticipación, giros discrecionales, planes y programas, obras, etc).
Los restantes tres tienen en la tierra colorada un rol opositor y no han promovido hasta el momento una agenda común con el oficialismo, para reclamar a la Casa Rosada por los recursos que corresponden a la provincia.
Tras ese voto -previo al martes que viene, cuando se vaya a votar en particular las decenas de artículos que tiene el proyecto enviado por el presidente Javier Milei; no fueron pocos los que -dentro y fuera de la Rosadita misionera- pensaron en un acuerdo político, de fondos “congelados” que se iban a liberar, etc.
Pero el estilo de negociación de Milei descoloca a propios y extraños. Al punto que, algunos de los ministros intentaron acuerdos con los bloques legislativos para sumar apoyos y debieron soportar, luego, que otros funcionarios del entorno del Presidente los desdijeran en público.
Es más, la coparticipación del impuesto PAIS que los gobernadores (entre ellos el misionero Hugo Passalacqua) piden incorporar al texto de la ley que seguirá votándose el martes, entra y sale del proyecto todos los días.
Si bien el viernes se mencionó la posibilidad de concretar una reunión entre Milei y los mandatarios “dialoguistas” (que son alrededor de 16 donde hay macristas, radicales y provincialistas), PRIMERA EDICIÓN pudo saber que hasta anoche no había siquiera una invitación o confirmación oficial.
En la Rosadita misionera aseguraron a este Diario que Passalacqua estaría dispuesto a participar, con el fin de destrabar en conjunto con sus pares los artículos que más rechazo causan y de acompañar un diálogo sobre un nuevo consenso fiscal. “Misiones siempre estuvo del lado de las instituciones”, aseveraron.
Cabe recordar que la aprobación en general, donde el oficialismo consiguió 144 votos de diputados nacionales, se puso en consideración sin siquiera tener un dictamen final escrito en los escritorios de los legisladores.
Pero lo que tendrá un valor institucional y legal será el texto del articulado, con el último ordenamiento, tras la quita del capítulo fiscal que ordenó Milei acorralado por los mandatarios provinciales. Ahí, Misiones tendría reparos sobre cuatro o cinco de las decenas propuestas por la Casa Rosada, “que seguramente se definirán minutos antes de la sesión como ocurre habitualmente”, recordaron las fuentes oficiales consultadas.
La duda que siempre quedará entre provincias y Nación seguirá siendo: ¿cuánto se puede confiar en los negociadores y en la palabra presidencial? “Todavía se están conociendo en muchos casos y la gestión lleva apenas dos meses para la gran mayoría de ellos”, recordó un legislador para poner “paños fríos” a la tensión del debate.
En concreto, hoy, Misiones espera “señales de devolución de gobernabilidad” como lo definió un subsecretario, tras el voto misionero a favor de la Ley Ómnibus.
Mientras, siguen sin llegar los fondos para la Garantía Salarial y el nuevo pago del FONID; tampoco los más de 15.000 millones de pesos para 47 obras públicas paralizadas (que ya están iniciadas) y que dejaron un “tendal” de echados en la empresas constructoras; el pago de la deuda de ANSeS con la caja del IPS; y la lista puede seguir.
Convocatoria sin sustento legal
Aunque faltan todavía once días para que se concrete la fecha de convocatoria, la posible sesión de precios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) hoy carece de validez y no hay fallo de la jueza Fiori que sirva para lograr avanzar en la determinación de los precios.
Primero, porque la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas decidió remitir a la Corte Suprema de Justicia el reclamo de la Provincia contra el DNU 70/2023 en los artículos donde se desreguló la actividad yerbatera y, por ende, se eliminó la facultad de fijar precios.
Pero, en el funcionamiento interno del organismo, finalmente ayer fue designado Daniel Notta como presidente por parte del Estado nacional, es decir que finalmente ahora recién estarán los 12 miembros. Y debería ser el recién llegado, en su carácter de titular del directorio, el que formalice la convocatoria, algo que difícilmente vaya a realizar, al menos en el corto plazo.
Pero, a su vez, está el “faltazo” que anticiparon los representantes del Gobierno de Corrientes, lo que provocaría la falta de quórum en la hipotética continuidad de la convocatoria al 15 de febrero.
La conducción de Jonas Petterson ni siquiera reparó en estas falencias legales, al momento de realizar un anuncio que generó falsas expectativas en la producción que se encuentra en alerta y movilizada por los $505 por kilo de hoja verde pretendidos.
Debe ser, probablemente, porque echó al síndico Emilio Jouliá (desde el 1 de febrero ya no es parte del INYM) después de muchos años de experiencia, trayectoria y de asesoraría con quienes no cuentan con la expertice suficiente para la gestión.
En el norte provincial, un grupo que no comulga con los hermanos Petterson convocó al cese de entrega de hoja en San Pedro, con la intención que esa forma de protesta se reproduzca en otros puntos de la provincia.
A su vez, un grupo de autoconvocados e integrantes de la Fedecoop se prepara para viajar a Buenos Aires para reunirse con Fernando Vilella, secretario de Agricultura de la Nación, para expresar la opinión sobre el futuro del INYM, la liberación de plantaciones que podría provocar sobreoferta de materia prima y la consecuente baja en el precio del producto.
Arrancan las paritarias provinciales
En octubre de 2023, las mesas de negociación salarial de los trabajadores provinciales acordó por última vez con la patronal una suba salarial.
Mañana, será la Mesa de Diálogo de las fuerzas de seguridad (policías y penitenciarios) y la de docentes más cercana al oficialismo (UDPM; UDA; SADOP; SEMAB; AMET y SIDEP) los que abran las negociaciones salariales de 2024. Un día después, también se hablará con el FTEL (CTA; UDNAM; autoconvocados, entre otros).
Los gremios ya anticiparon el pedido de cifras que, difícilmente, el Gobierno provincial esté dispuesto a acordar. Basados en la inflación -especialmente la de diciembre- hay sindicatos que llevarían a las mesas de diálogo hasta un 60% de pedido de incremento.
Del lado de la Rosadita, como ya es habitual, las negociaciones serán encabezadas por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, junto a funcionarios de los Ministerios de Gobierno, Educación y Consejo General de Educación según corresponda.
Según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, la intención es otorgar con los haberes de febrero una suba y, si los números de la coparticipación no bajan aun más, volver a dialogar en marzo. En cuanto a los porcentajes que se ofrecerían, todavía ayer se seguían definiendo con los números muy bajos que llegaron de la coparticipación de enero y los fondos discrecionales que bajaron un 98%.
A su vez, según pudo saber este Diario, se esperaba una decisión respecto a las condiciones del aumento: si será al básico o no remunerativo, en cuotas o en un solo pago, si se modificará el piso salarial y cómo impactará en los jubilados del IPS.
