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Alerta PyME: concluye la feria judicial y desde febrero la AFIP volvería a embargar cuentas

La medida que ponía suspensión a estos procedimientos cayó el 31 de diciembre del 2023 y no se ha renovado.

31 enero, 2024

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se encuentran en alerta, ya que a partir del jueves 1° de febrero podrían volver a sufrir embargos de cuentas y ejecuciones fiscales por parte de la AFIP.

La medida que ponía suspensión a estos procedimientos cayó el 31 de diciembre del 2023 y no se ha renovado. Pasando la feria fiscal, el riesgo esta latente para miles de pequeñas y medianas empresas.

Mediante la Resolución General de AFIP 5425 de septiembre de 2023, el ex candidato presidencial Sergio Massa, en plena campaña había suspendido el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para los contribuyentes al tiempo que también instrumentaba planes de pago.

La norma citaba textualmente “suspender hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, el inicio de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para los sujetos comprendidos en el artículo 2°, con excepción de las Medianas Empresas -Tramo 2- y los denominados “Demás contribuyentes”.

Pasó el 31 de diciembre de 2023, enero junto con su feria judicial llega a su fin y en el horizonte aparece el  1º de febrero, y si la AFIP no establece mediante una nueva resolución la suspensión, quedará habilitada la posibilidad de embargar cuentas y hacer ejecuciones fiscales de deudores morosos, como es habitual según marca la ley.

Dada la situación económica actual, la caída de consumo, y las deudas que acumulan las PyMEs, esta situación amenaza la continuidad de muchas que se encuentran en una situación compleja.

Mientras que los contadores esperan una moratoria que permita regularizar las obligaciones de sus clientes, y tras la salida del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que incluía una, las previsiones no son buenas para los próximos meses.

“La suspensión de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares fueron establecidas por la Resolución General No 5425 publicada en el boletín oficial el 29/09/2023. Fue una de las tantas medidas electorales que impulsó el candidato Sergio Massa en ese momento. Durante el mes de Enero, se mantuvieron las suspensiones por la feria fiscal. A partir del jueves 1º de febrero si no se dicta una resolución que amplíe el termino de las suspensiones AFIP tendrá la posibilidad de embargar y de iniciar nuevos juicios de ejecución fiscal, esta medida sería muy perjudicial para todas las Pymes las cuales se encuentran tratando de mantenerse de la mejor manera que pueden”, explica Ana María Kaiser titular del Estudio Contable y Jurídico Kaiser & Montes.

Otro de los que se sumó al pedido fue el empresario y economista Gustavo Lázzari, quien alertó de la situación tras el anuncio de la quita del capítulo fiscal por parte del ministro de Economía. En la red social X advirtió: “El capítulo fiscal no era menor ni menos prioritario. Es imprescindible un nuevo proyecto rápido, racional y pensando en las espaldas del sector privado antes que en las arcas del estado (nac y prov) Urgente: sin moratoria, febrero es una carnicería fiscal”.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: ArgentinaEmbargosferia judicialImpositivasPyme
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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