La decisión del Gobierno de retirar la parte fiscal del proyecto de la Ley Ómnibus enviado al Congreso abre un nuevo capítulo en el tironeo entre el Ejecutivo nacional y las provincias acerca de la distribución de recursos.
Ya antes del anuncio del viernes por la noche de Luis Caputo, del desistimiento oficial de ese paquete de medidas -aumento de retenciones, reversión de la reducción del impuesto a las Ganancias sancionada a fines de 2023, moratoria, blanqueo y nueva fórmula de ajuste previsional- el propio ministro había adelantado que ocurriría si el Congreso no aprobaba -y todo indicaba que no lo haría- esas herramientas.
El propio Caputo había ratificado su estrategia para llegar de todos modos al “déficit fiscal cero” el miércoles 24, en un posteo de X, en el que contó: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”.
Miguel Pichetto, el jefe del variopinto bloque “Hacemos Consenso Federal” y excompañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri, lo chuceó por la misma red. “El Ministro de Economía @LuisCaputoAR que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”. Lejos de dejar pasar el ataque, el ministro, que parece haber adquirido algo del espíritu combativo del presidente Javier Milei, le contestó poco después: “Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default. Por último, el tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan qué pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos”.
Ahora bien, ¿Cuánto dinero, de qué partidas, puede el Gobierno recortarle a las provincias, y cuáles serían las más perjudicadas? Para responder, hay que distinguir, en el sistema de “federalismo fiscal” argentino, entre transferencias “automáticas” y “discrecionales”. Las primeras, como su nombre lo indica, se determinan automáticamente en función, básicamente, de la ley de Coparticipación Federal 23.548, una norma “transitoria” que empezó a regir en 1989 y tuvo desde entonces más de 160 enmiendas.
No es poco dinero. Sumando transferencias automáticas y discrecionales, en 2023 (siempre a valores del mes pasado), Tierra del Fuego recibió $980.000 por habitante, Catamarca $928.000, La Rioja $921.000, Formosa $886.000, La Pampa $786.000, Santa Cruz $734.000 y así siguiendo, hasta llegar a los dos distritos que menos recibieron por habitante, la provincia de Buenos Aires, $232.000, y CABA $147.000, con un promedio nacional de $354.000.
Día a día (hábil) en función de la recaudación de diferentes impuestos, la Secretaría de Hacienda distribuye los recursos “automáticos”, que envía a las cuentas oficiales de cada distrito. Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), al viernes 26 de enero los fondos enviados a provincias por esa “ventanilla” en lo que va del año sumaban $2.137.837.651.000 o, más sencillamente y redondeando, $2,1 billones (esto es, $2,1 millones de millones). Esa cifra incluye poco menos de $40.000 millones en concepto de diverso tipo de “compensaciones”.
Ese dinero está a salvo de recortes, pero no la parte “discrecional”, partidas y conceptos que la Nación maneja con criterio político (en criollo, según la cara del cliente) y que según una “Anatomía de las transferencias” que elaboró Marcelo Capello, experto en federalismo fiscal del IERAL de la Fundación Mediterránea, en un 80% se canalizan a través de los siguientes mecanismos:
*Fondo de Incentivo Docente (FONID), complementario de los salarios de maestras y maestros provinciales (según la Constitución Nacional, la Educación y la Salud son “facultades indelegables” de las provincias).
*Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires (FFFPBA), que Alberto Fernández creó por decreto en 2020, quitando coparticipación a CABA para sofocar una incipiente rebelión policial que ponía en crisis al gobierno de Axel Kicillof.
*Programa de relaciones con las provincias.
*Programa de desarrollo regional, que incluye los llamados “Adelantos del Tesoro Nacional” (ATN).
*Aportes de la ANSeS a las cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación.
*Distintas “asistencias financieras” a las provincias y a CABA (en este último caso, por el traspaso de la policía federal a la fuerza de seguridad metropolitana).
He ahí el núcleo del reparto “discrecional”. ¿De cuánto dinero se trata”? En 2023, a valores de diciembre pasado, fueron $1,9 billones (esto es, $1,9 millones de millones, equivalente a poco menos de un mes de transferencias “automáticas”).
El recorte de esas partidas puede ser más o menos contencioso. Por caso, el “Fondo de Incentivo Docente” fue creado por ley, mientras el Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense fue creado por decreto.
Pero lo más jugoso políticamente es cómo se repartió el dinero “discrecional” el año pasado, porque implica que, si el Gobierno reduce sustancialmente esos recursos, como dijo, las que más recibieron son las que más sufrirán el recorte.
