Ayer, en el segundo piso de la Cámara de Diputados, se realizó la cuarta reunión informativa por el proyecto de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, conocido como Ley Ómnibus.
Fue así que representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales explicaron sus posturas acerca de la normativa, frente a un plenario integrado por diputados de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
La cita fue la oportunidad para que nuevamente un representante del Instituto Nacional de la Yerba (INYM) pueda pedir a los legisladores, como lo hicieron la semana pasada, se deje sin efecto la desregulación de la actividad yerbatera, algo que no está contemplado en la Ley Ómnibus, pero sí en los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei publicó poco después de asumir.
Fue así que el director por la producción y presidente temporal del organismo yerbatero, Jonás Petterson, tuvo siete minutos para explicar su postura, aunque utilizó solo cinco de ellos.
En primer lugar, recordó, por medio de una comunicación virtual, que el INYM nació en 2002 a partir de la lucha de productores, a raíz de una “profunda crisis económica” que se originó por la “desregulación” del mercado yerbatero en la década de los 90.
Puntualmente sobre el DNU, señaló que “deja a la deriva y a la buena de Dios” a los productores al quitarle al organismo yerbatero la potestad de regular los precios de la materia prima.
“Consideramos que no tenemos condiciones para pelear (un precio justo) en el ámbito de la oferta y la demanda (libre mercado)”, agregó.
Posteriormente, explicó que la cadena yerbatera tiene 13 mil pequeños productores y minifundistas que poseen entre 5 y 20 hectáreas cada uno y tienen que vender su producción a “la industria que tiene un poder adquisitivo muy grande”.
“Necesitamos ese amparo que nos da el INYM que nos garantiza un precio mínimo. Si nosotros no logramos eso, ¿cómo vamos a negociar con los industriales?”, acotó.
Posteriormente, cuestionó el artículo del DNU que elimina el registro de producción que tiene el INYM. “Para nosotros es fundamental tener un registro para saber cuántos somos, quiénes somos, cuánto producimos y a quiénes vendemos”, añadió.
Luego, pasó dar números precisos de la cantidad de productores que hay en Misiones y norte de Corrientes (13.925) y datos de las empresas.
En este último punto destacó que solo dos firmas correntinas industrializan más del 40% de lo que se produce y agregó que el 90% del mercado yerbatero está destinado al consumo interno y el 10% al externo.“Nosotros no tenemos condiciones de generar equilibrio si no tenemos un sistema de registro propio”, apuntó.
Por último, se despidió reiterando la demanda para dar marcha atrás con el DNU.
“Una ley que haya sido creada para defender al pequeño y mediano productor no puede modificarse para beneficiar al eslabón más poderoso de la cadena. Si las cosas tienen que modificarse, que sea para bien y no para mal”, cerró.
Justicia
Cabe recordar que la semana pasada, la Justicia misionera aceptó una cautelar pedida por asociaciones yerbateras y dejó sin efecto algunos de los artículos del DNU que modifican la actividad.
Particularmente, suspendió aquellos que quitaron la potestad de regular los precios.
Críticas desde el puertismo
En su cuenta de Twitter, la diputada nacional de Activar, Florencia Klipauka, publicó un hilo cuestionando la exposición de Petterson y criticando al INYM.
“El Instituto, tal como viene funcionando, hoy perjudica a las familias yerbateras de Misiones”, indicó la legisladora que pertenece al espacio del empresario yerbatero y diputado provincial, Pedro Puerta.
En tuits sucesivos, redobló su cuestionamiento al director del INYM y respaldó el DNU, señalando que desde su publicación “ya se pueden ver los efectos positivos para los productores a partir de un incremento en el precio”.
“No se está desregulando el mercado como dice Petterson. El INYM sigue y va a seguir existiendo. Lo único que ahora las cosas las van a definir los productores y no los políticos”, subrayó.
“La nueva normativa permite que el productor defina el precio que quiera. El Estado no le va a poder decir al productor a cuánto tiene que vender lo que produce. Se le saca poder a la política y se le da a la familia yerbatera, por eso vemos tantas críticas los últimos días”, remató Klipauka, luego de afirmar que “el INYM fijó precios por debajo de la inflación y el mercado”.
