“Los avances tecnológicos, la infraestructura y capacidad innegable de los actores políticos y judiciales con que la provincia cuenta no se condicen con el atraso a la hora de cumplir con el mandato constitucional de instaurar el proceso penal acusatorio-adversarial”. La frase corresponde a Luciana Sommer Aromí y no son pocas las voces (se puede afirmar la mayoría de ellas) las que coinciden y exigen una respuesta.
Sommer Aromí es abogada integrante del Centro de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, mediadora, especialista en Derecho Penal, capacitadora para la Reforma Procesal Penal, docente de Derecho Procesal Penal y en Litigación Oral en la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Católica de Santa Fe.
Decidió en plena feria judicial de verano cuando, tal vez, sus colegas prefieran despegarse y no pensar en los escollos del servicio de justicia penal misionero, ampliar y sostener el porqué es clave que el proceso se modifique con sistema acusatorio para dirimir los conflictos.
“Como cada año, en este 2024, se abre una nueva posibilidad de instalar el debate en la agenda provincial. ¿Seguiremos con un modelo mixto, o por fin nos adecuaremos al modelo acusatorio-adversarial?”, pregunta, pero también responde tajante: “Con la reciente reforma del Código Procesal Penal de La Rioja, quedan solo cuatro provincias a lo largo del país, que cuentan con un sistema mixto. Formosa, Tierra del Fuego y Santa Cruz son las únicas que, junto a Misiones, no han dado el salto de calidad que el cambio de sistema significa”.
“La pregunta que recae ante esta realidad es: ¿Por qué Misiones, siendo pionera en tantas cuestiones, teniendo absolutamente todo lo necesario para liderar el cambio que se proponga, no ha avanzado en este punto? Una posible respuesta sería que nos encontramos plenamente conformes con el funcionamiento del sistema de justicia penal en la provincia”.
La abogada agregó una aclaración: “Las críticas no son hacia los operadores del sistema. Cualquier persona que transite los pasillos de los juzgados penales podrá advertir la vorágine de trabajo y la diligencia que el personal imprime a su labor, sin embargo, jamás será suficiente, cuando el sistema burocrático, tedioso y falto de actualización no permita la adopción de respuestas adecuadas a la lógica”.
¿Cuáles son los problemas que se destacan, y las soluciones?
Hay que destacar el alto índice de prisiones preventivas que abarrotan las unidades penitenciarias con personas que se encuentran a la espera de un juicio, pudiendo éste demorar cinco años, en promedio, hasta su concreción.
Víctimas cuyas cámara Gesell no son programadas en todo un año de espera, medidas investigativas que no se otorgan o cuyos resultados tardan años en ser remitidos al expediente y muchos ejemplos más que hacen que la sociedad, que recurre al sistema penal en búsqueda de soluciones, solo obtenga trámites interminables y obstáculos sin respuestas.
Una segunda opción por la cual no se ha avanzado hasta la fecha con la reforma sería pensar que no se considera que la provincia cuente con los recursos necesarios, en este punto deberíamos, entonces, distinguir entre recursos financieros y recursos humanos.
Sin dudas toda reforma implica un costo, pero la experiencia del resto del país indica que con la previsión debida, la reforma en sí no implica un gasto sino una inversión, ya que las soluciones propias del sistema acusatorio en cuanto a la organización adecuada de los recursos humanos y la gestión del conflicto posibilitan la correcta implementación de los recursos financieros.
“Suficiente”
Sommer Aromí sostiene que para este nuevo proceso penal, las herramientas están al alcance: “Misiones es la primera provincia start up, cuenta con infraestructura más que suficiente y con funcionarios judiciales aptos para enfrentar el desafío. ¿Podemos pensar que no hay recursos suficientes para adecuar nuestro sistema de enjuiciamiento al mandato constitucional?, ¿Nos consideramos menos capaces que Chaco, Corrientes, Entre Ríos, que sí han logrado modificar sus sistemas?”.
Y no ocultó su frontalidad: “No podemos más que entender que, en Misiones, si no se da la reforma procesal penal es lisa y llanamente porque no existe voluntad de cambio. ¿Será que, quizás, estamos luchando por el último puesto. Por ser el último vestigio de inquisición en la Argentina?”.
“La actual invitación del Gobierno nacional a las provincias, para avanzar hacia la instauración del sistema acusatorio y la correlativa implementación del juicio por jurados nos abre una puerta, una posibilidad de tomar cartas en un asunto de innegable importancia para la sociedad”.
“Tomo las palabras del maestro (alemán Claus) Roxin: ‘El derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución del Estado’. En este caso, nuestro proceso penal misionero, como sismógrafo de la constitución, sin dudas nos estaría marcando una alarma que difícilmente podamos seguir evitando reconocer, cuando tenemos en frente a los profesionales de la abogacía que exigen a diario poder ejercer su rol de garantes de la legalidad en un proceso verdaderamente constitucional, en que los intereses de los justiciables se protejan con las reglas procesales y principalmente, cuando tenemos en frente a la sociedad, que demanda respuestas oportunas a la hora de gestionar los conflictos y que se merece tener la Justicia de mejor calidad que la provincia pueda dar”.
