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Esposa de oficial de Gendarmería Nacional fue asesinada en San Ignacio

La víctima es Graciela Beatriz Soto (49), oriunda de esa localidad, quien fue hallada sin vida el viernes a la madrugada. Quisieron simular un suicidio pero el hecho tuvo un sorpresivo giro en las últimas horas.

14 enero, 2024
UNIDAD REGIONAL XIII. La Policía investiga lo sucedido como homicidio calificado junto al juez Roberto Sena.

UNIDAD REGIONAL XIII. La Policía investiga lo sucedido como homicidio calificado junto al juez Roberto Sena.

La esposa de un sargento de Gendarmería Nacional fue hallada sin vida el viernes y ayer, tras los informes preliminares de autopsia, se confirmó que la muerte no se corresponde a un suicidio sino a un ataque violento de golpes, arrastre y ahorcamiento, que se habría intentado ocultar detrás de la supuesta y drástica decisión de la víctima de suicidarse.

Graciela Beatriz Soto tenía 49 años, era misionera, y su cuerpo fue encontrado de rodillas y con ataduras que buscaron simular que se quitó la vida.

Ya con el trabajo de la Dirección Policía Científica en el lugar, el viernes surgió la sospecha de una muerte violenta, de un femicidio. De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN en la vivienda en la que Soto convivía con su pareja, a tres cuadras del Escuadrón 11 de Gendarmería Nacional, se recogieron elementos y estimaron de la observación del cadáver que no se trató de un suicidio, entre otros puntos, porque la víctima tenía marcas que le rodeaban el cuello y que apuntaban a un ahorcamiento y no a que intentó colgarse.

De las primeras estimaciones también surgió que la muerte fue resultado de la asfixia que le provocó una persona de mayor contextura física y fuerza, y la mató arrodillada y ahorcándola por detrás. A esta descripción se le sumó el desorden en el lugar que coincidiría con una situación de ataque.

 

Primeros pasos

El juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena, intervino tras la comunicación del hallazgo y solicitó que el cuerpo fuera llevado a la Morgue Judicial de Posadas para que se realizara la autopsia.

Los médicos y bioquímicos forenses intervinieron ayer por la mañana y adelantaron que la muerte fue por asfixia por ahorcamiento pero que no correspondía a un suicidio sino a un deceso violento provocado por otra persona.

Los informes de los peritos del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ) determinaron que se allane nuevamente el domicilio de la víctima y se busquen todos los elementos necesarios para que la labor de los investigadores de la Unidad Regional XIII y de la Dirección Homicidios permita obtener una pista sobre el sospechoso que cometió el femicidio.

El juez mencionado solicitó además la presencia de un equipo de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) dependiente del STJ, que realice la pesquisa virtual de comunicaciones de la víctima con los soportes informáticos secuestrados.

En cuanto a la participación del esposo de Graciela Soto, hasta anoche al cierre de edición, el juez Sena no había tomado ninguna decisión que no fuera que le tomaran declaración en sede policial y que pudiera aportar elementos que esclarezcan lo sucedido.

Se trata de un sargento primero de Gendarmería, de 55 años y está en servicio en el Escuadrón 11 “San Ignacio” de la fuerza de seguridad federal.

Tags: FemicidioGabriela Beatriz SotoGendarmería NacionalHomicidioMisionesSan IgnacioViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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