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El juez Gallandat se inhibió y la cautelar de Misiones contra el DNU pasó a la Corte

Habilitó la feria judicial para resolver la presentación del Estado, con el fin de sostener las facultades del INYM como lo establece la ley de creación. Pidió un dictamen a la fiscal interna y se apoyó en ese escrito para apartarse del expediente.

9 enero, 2024
MAGISTRADO EN FERIA. El juez Alejandro Gallandat opinó que la Corte Suprema debe actuar en la cautelar solicitada por Misiones

MAGISTRADO EN FERIA. El juez Alejandro Gallandat opinó que la Corte Suprema debe actuar en la cautelar solicitada por Misiones

A cinco días hábiles de la presentación de la provincia de Misiones contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, con énfasis en sostener las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tal como lo prescribe la ley de creación del organismo, el juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga (de Oberá pero subrogante del Juzgado Civil y Comercial de Posadas) se inhibió de tratar el expediente y lo giró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PRIMERA EDICIÓN pudo acceder a la resolución del magistrado, basado en un dictamen de la fiscal interina Silvina Flavia Gutiérrez, quien opinó que no era la competencia de la primera instancia para resolver la demanda misionera. Y que existían antecedentes suficientes para girar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, Gallandat tomó la decisión de inhibirse y, en consecuencia, no hizo lugar al pedido de suspender los efectos del DNU sobre dos cuestiones: la ley del INYM y la Ley de Sociedades que se modificó con la firma del presidente Milei.

En un primer momento, el Juzgado Federal de Posadas no había hecho lugar a la habilitación de la feria, ya que la denuncia fue radicada el 29 de diciembre, dos días antes del inicio del receso. Pero, con fecha del viernes 5 de enero, la Fiscalía de Estado de Misiones insistió con la solicitud que, finalmente, tuvo lugar por parte de Gallandat Luzuriaga.

 

Qué dijo la Fiscalía

La fiscal federal interina sostuvo, al tomar conocimiento de la causa, que “habida cuenta de lo expuesto (por Misiones) y de acuerdo a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el proceso; por un lado la Provincia de Misiones a quien le concierne la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el art. 117 de la Constitución Nacional y, por el otro, el Estado Nacional que resulta ser la demandada en el pleito –quien tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental–, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esa instancia originaria”, indicó.

El mismo 5 de enero, Silvina Flavia Gutiérrez resolvió: “Por consiguiente, dentro del acotado margen en que debo expedirme, soy de opinión que este proceso debe ser tramitado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su instancia originaria”.

 

La posición de Gallandat Luzuriaga

El magistrado en feria se hizo de los fundamentos de la fiscal Gutiérrez y agregó el antecedente de la presentación de otra provincia.

“Tengo en cuenta también que, conforme ha tomado estado público, existe una acción iniciada como competencia originaria ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Provincia de La Rioja contra el Estado Nacional, en la cual también se solicita la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 del PEN y, como medida cautelar, la suspensión de sus efectos en su totalidad. En esa acción, en la primera providencia dictada por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, con fecha 29/12/2023, aceptó dar trámite a la medida cautelar disponiendo el pase a dictamen del Procurador General de la Nación para que se expida sobre la competencia originaria, con cita de 7 antecedentes de esa misma Corte en la materia”, escribió.

 

“Si no se revierte vamos a ponernos en posición de defensa o de lucha”

Representantes de productores y cooperativas de yerba mate estarán mañana y el jueves en el Congreso de la Nación para explicar a los legisladores el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que eliminó funciones esenciales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), desregulando al sector.

La comitiva que viajará a la capital del país está integrada por los directores del INYM: Nelson Dalcolmo, Jonas Petterson (quien actualmente es el presidente temporal) y Claudio Marcelo Hacklander, que representan al eslabón Productores. Además, estarán Danis Koch, Denis Bochert, y Gerardo Vallejos, por Cooperativas.

Anticiparon que la intención es incluso ser partícipes de las reuniones de comisiones donde se traten las cuestiones inherentes el INYM en el Congreso.

 

“El DNU emitido en diciembre, eliminando funciones del INYM, afecta de manera directa a 15 mil tareferos, 12 mil productores, 49 cooperativas, 200 secaderos y 100 industrias, frenando la virtuosidad de haber transitado las últimas dos décadas sin ciclos de sobreproducción ni precios por debajo del costo de producción, garantizando la sustentabilidad de toda la cadena y posicionando a la Argentina como el mayor productor de yerba mate en el mundo”, marcaron desde el sector primario.

 

Es que con el DNU, el INYM perdió la potestad de fijar los precios mínimos de la materia prima y, por ende, los valores deberán ser acordados entre los productores y los industriales directamente.

“Queremos hacerles ver y entender la posición en la que queda el Instituto prácticamente como era en la década del 90 con la quita de acciones que podía desarrollar el INYM. Si no se revierte esto que nos afecta de manera directa, nos vamos a tener que poner en forma de defensa o de lucha nuevamente”, advirtió Marcelo Hacklander en diálogo con Radio República.

En materia de registración, para el director por la Producción en el organismo yerbatero, se está “en un gris” en los controles. “Uno de los temas importantes es el registro, que queda en un gris que no se termina de entender porque, por un lado, se habla de la posibilidad de hacer censos, relevamientos y en la otra punta eliminan la posibidad de realizar registros”, explicó.

Hacklander destacó que “en otro de los puntos quitan la posibilidad de controlar y utilizar las herramientas necesarias para regular la oferta y la demanda, como la resolución 170 que nos costó tanto trabajo conseguir y ponerla en práctica”.

Mientras tanto, en el INYM no se conoce quién será el presidente. “Hay una danza de nombres pero no hay una comunicación formal”, dijo Hacklander.

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Tags: Alejandro Gallandat LuzuriagaCSJDNUINYMJavier MileiMisiones
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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