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Llevan tres meses pidiendo una bomba para tener agua

Desde la aldea Guajayvi Poty sostienen que a pesar de los pedidos a Asuntos Guaraníes, aún no obtuvieron respuestas. La comunidad está integrada por ocho familias con 15 niños. Varios se enfermaron.

25 diciembre, 2023
VERTIENTE. Pese a un chaparrón que cayó ayer, la vertiente tenía poca agua.

VERTIENTE. Pese a un chaparrón que cayó ayer, la vertiente tenía poca agua.

Hace ya tres meses que la comunidad mbya guaraní Guajayvi Poty de Pozo Azul no tiene acceso a agua segura porque la bomba dejó de funcionar y, pese a los innumerables pedidos elevados a Asuntos Guaraníes, no lograron aún siquiera que les respondan.

Según contó a PRIMERA EDICIÓN Silvio, uno de los integrantes de la comunidad donde viven ocho familias y alrededor de 15 niños, “sacamos agua de las vertientes, el problema es que estas se secan entre el segundo o tercer día después de cada lluvia”.

Cuando eso sucede, lo único que pueden hacer para no morir de sed es recurrir al pozo de un colono vecino, ubicado a unos 500 metros de la comunidad.

La falta de agua representa un problema y enorme sufrimiento para la comunidad guaraní cuyas familias tienen sus plantaciones de maíz, mandioca, yerba, banana y batata.

“Desde un principio, cuando la bomba dejó de funcionar, pedimos en Asuntos Guaraníes que viniera alguien a ver qué tenía y si podía repararla, pero ni siquiera nos respondieron”, contaron.

A lo largo de estos 90 días presentaron al menos seis pedidos para que se repare la bomba, instrumento esencial para que la comunidad vuelva a tener acceso al agua de perforación.

Todas las casas de Guajayvi Poty tienen acceso a la electricidad y, según precisaron, “estamos a 1.300 metros de la ruta”.

 

Un representante propio

Esta desconexión entre las necesidades del pueblo guaraní y los funcionarios de Gobierno que manejan los fondos para las comunidades es lo que motivó días atrás que un grupo de caciques presentara un petitorio en Casa de Gobierno.

Como referente de las comunidades, el cacique de Kaá Kupé, Mario Borjas, viajó a Posadas a mediados de esta semana para entregar una nota dirigida al gobernador Hugo Passalacqua solicitando en nombre de la asamblea de las comunidades que “el responsable de Asuntos Guaraníes sea elegido por las comunidades”.

Según indicó Borjas “cuando se elije a dedo no funciona, creemos que las comunidades deben ser quienes elijan quien estará en este lugar que tanto nos impacta. Queremos que el Gobernador nos escuche, no queremos ningún tipo de intermediario”.

A su entender, si el que estuviera al frente de Asuntos Guaraníes fuera un integrante del pueblo mbya guaraní “cuando algo no pueda resolverse, nos sentaremos entre todos para poder conversar”.

Entre las necesidades más urgentes del pueblo mbya guaraní, Borjas mencionó el mejoramiento de las viviendas, el acceso a conexión de energía y agua segura.

Advirtió además la continuidad de la deforestación del monte por parte de las empresas, muchas veces dentro de los territorios de las mismas comunidades. “Son siempre los mismos y nunca cambió nada”, lamentó.

Tags: agua potableAldea Guajayvi PotyPozo Azulpueblos originarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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