Este martes la Policía Federal del Brasil lanzó una serie de operaciones para desmantelar la organización criminal presuntamente responsable de una operación multimillonaria de contrabando de granos -especialmente soja y maíz- y pesticidas llevados desde Argentina, a través de puertos clandestinos ubicados a orillas del río Uruguay.
La acción moviliza a más de 200 policías federales para ejecutar 59 órdenes de búsqueda e incautación y 16 órdenes de arresto en las ciudades de Palmeira das Missões, Rodeio Bonito, Cerro Grande, Três Passos, Tiradentes do Sul, Horizontina, Crissiumal, Santo Ângelo, Condor, Tuparendi, Santana do Livramento-todas localidades ubicadas en el Estado de Río Grande Do Sul-, además de Itapema -en el Estado de Santa Catarina, Itaí -Estado de San Pablo, Palmas -Estado de Tocantis- y São Luis -Estado de Maranhao.
Vale decir que también se toman medidas desde este martes para bloquear cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y jurídicas, por un valor aproximado de 58 millones de reales, y el secuestro e incautación de automóviles y propiedades de lujo e incluso una aeronave por un valor total estimado en 3,6 millones de reales.
Esto puso en alerta a toda la zona fronteriza de Misiones, donde el tráfico ilegal de soja, maíz, tabaco e inclusive atados de cigarrillos es habitual y constante.
Por ello, no sorprendería que varios argentinos estén involucrados y a la vez buscados por las fuerzas de seguridad del vecino país, como así también investigadas sus cuentas bancarias.
Localidades misioneras como El Soberbio, Bernardo de Irigoyen, San Pedro o San Antonio, entre otras, poseen puntos clandestinos en la orilla del río Uruguay donde hacen pasar la soja -entre otros productos- a través de este cauce de agua rumbo al Brasil, donde su valor es muy superior al que hoy se paga en la Argentina, por ello es tan lucrativo dicho contrabando.
La investigación arrancó en 2022
Según medios fronterizos del Sur de Brasil, las investigaciones se iniciaron en 2022 y encontraron que la organización criminal está formada por tres grupos que actúan de manera coordinada entre los poseedores de los puertos clandestinos, los beneficiarios y revendedores de las mercancías de contrabando y los operadores financieros.
A través de cambistas, el grupo realizó varias operaciones de cambio de divisas al margen del sistema legal para promover la evasión de divisas con el fin de pagar a proveedores de bienes en el exterior, adquiriendo dos de las empresas utilizadas para este fin criptoactivos por el orden de 1,2 mil millones de reales.
Toda la operación criminal se sustenta en el uso de documentación fraudulenta, como notas de productores rurales difundidas para justificar el gran volumen de granos de contrabando vendidos o emitidos por empresas fantasma.
El volumen de bienes internalizados, combinado con los valores utilizados para la evasión de divisas y el lavado de dinero, permitió a la organización criminal generar montos superiores a 3,5 mil millones de reales en los últimos cinco años.
