Un comercio privado de la ciudad de las Cataratas envió cartas de documentos al Comité de Vigilancia de la Zona Franca y al Ministerio de Economía de la Nación notificando el inicio de acciones judiciales respecto de medida autosatisfactiva sobre inconstitucionalidad de decretos que habilitan y permiten el funcionamiento del Duty Free Shop en el medio de las fronteras de Argentina y Brasil.
Las cartas documento enviadas en el mes de octubre fueron, además, para advertir que no amplíen plazo de concesión solicitado por el concesionario debido a que están en tramite cuestiones más importantes vinculadas con su continuidad.
La acción judicial ya fue notificada al Ministerio de Economía y a London Suppy SA, la misma empresa que aportó fondos para levantar la quiebra de la imprenta Ciccone Calcografica en la causa que fue condenado el exministro de Economía y exvicepresidente, Amado Boudou.
La firma identificada como Comercial San Nicolás SRL fundamenta su pedido de inconstitucionalidad en que el decreto que le otorga la exención de impuestos al Duty, del año 2002 y firmada por el ministro de Economía Roberto Lavagna durante la presidencia de Eduardo Duhalde, tiene un rango inferior al de la Ley del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y ninguna norma de rango inferior puede modificar a una de mayor jerarquía. Además, la Ley del IVA debe ser modificada por el Congreso. El Poder Ejecutivo Nacional no tiene esa posibilidad y por esa razón puede ser nulo.
PRIMERA EDICIÓN accedió a la presentación realizada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, Secretaría 12, “a fin de determinar la inconstitucionalidad del Decreto N° 963/1998 que autorizó el funcionamiento de la zona franca de Puerto Iguazú y del Decreto N° 1882/2002 que establece una exención impositiva del pago del Impuesto al Valor Agregado a los ciudadanos argentinos en la compra de mercaderías adquiridas en la Zona Franca”.
La medida aparece justo en momentos en que el Comité de Vigilancia, que tiene varios integrantes del Gobierno de Misiones, dio el visto bueno para que se extienda el plazo de concesión por diez años y otros cinco a raíz de la pandemia, que le habría causado una disminución de las ganancias previstas; y solo falta un decreto del Ministerio de Economía de la Nación para que se concrete.
La concesión comenzó en el 2000 y finalizará en 2030. Los propietarios del Duty están a una sola firma de extenderla hasta 2045.
El presidente de London Supply es Eduardo “Teddy” Taratuty, empresario vinculado al kirchnerismo que además de Ciccone fue mencionado en otras causas en la Justicia como por ejemplo un juicio en marcha por supuesta adjudicación irregular de la concesión de Puerto Pañuelo en Bariloche.
“A pesar de los vínculos evidentes con el poder político que gobierna el país hasta el 10 de diciembre, hubo gente que nunca tuvo miedo y se plantó a defender los derechos que nos corresponden”, sostuvieron desde la parte demandante.
En el Comité de Vigilancia hay actores muy importantes de Misiones, como la CEM, la CGT, el Gobierno provincial y el municipio de Iguazú.
El sector comercial de la ciudad de las Cataratas siempre se opuso y en los fundamentos de la presentación judicial están los argumentos: “Esta normativa no solo produce una competencia desleal con la comunidad comercial de Puerto Iguazú, sino que además resulta inconstitucional toda vez que establece una exención impositiva para ciudadanos argentinos vedada al Poder Ejecutivo Nacional y solo permitida por la Constitución nacional al Congreso de la Nación”.
“De acuerdo con lo expuesto en el punto I del presente dictamen, la actora solicita se declare la inconstitucionalidad de los Decretos Nº 963/1998 y 1882/2002, por encontrarse vedado el Poder Ejecutivo Nacional dictar normas que eximan de pago de impuestos, materia reservada al Congreso de la Nación”, se agrega el planteo de Comercial San Nicolás SRL.
En este sentido, el fiscal Federal Miguel Ángel Gilligan opinó que la cuestión se debe resolver en los Juzgados Federales de CABA: “Habida cuenta que en el caso se plantea la impugnación de actos emanados de autoridades nacionales dictados en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto resulta ser la sede donde se asientan las autoridades de la República (conf. art. 3° de la Constitución Nacional), por lo que entiendo que corresponde la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal de esta ciudad”.
Los propietarios del comercio iguazuense están confiados en que la Justicia podría darles la razón, en base a un documento del Ministerio de Economía (Provisorio1507/2002 producido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dirigido al Subsecretario de Asuntos Legales con fecha 14 de agosto de 2002) donde se afirma que “se estaría previendo la exención impositiva lo cual le está vedado al Poder Ejecutivo Nacional aún a través del mecanismo excepcional del DNU”.
Esto, además de generar desigualdad respecto a otros comercios.
Sin el polémico decreto, el funcionamiento estaría penado por presunta evasión impositiva. Siendo así, creen que debería cerrar el espacio de libre comercio. Pero deben esperar la decisión de un juez.
Si le extienden la concesión, sería el segundo beneficio de parte de la Nación desde su habilitación ya que en el año 2010, Economía de la Nación firmó la Resolución General Nº 1230 (con fecha 22 de octubre, publicado en el Boletín Oficial el 1 de noviembre) ampliando la superficie de la zona franca minorista en 928,30 m2.
Ese beneficio se otorgó bajo la gestión de Amado Boudou como ministro de Economía. Un mes después, uno de los principales accionistas de London Supply, Miguel Ángel Castellanos, aportó dos millones de pesos para levantar la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, información que está en la causa por la que fue condenada el ex vicepresidente.
Se entiende que Economía le otorgó el beneficio y enseguida apareció el aporte económico pero, sumado a esto, Boudou modificó “por resolución” las condiciones de una licitación publica adjudicada, agrandando la zona de explotación comercial para beneficiar a los aportantes.
