Desde la Fundación Vida Silvestre expresaron en las últimas horas su “preocupación por la falta de fondos para la protección de los bosques nativos de Argentina“. Es que, si bien el monto en pesos aumenta de forma considerable en el proyecto de Presupuesto 2024 de la Nación, el porcentaje disminuye en comparación al ejercicio anterior y representaría apenas el 7,37% de lo que le correspondería por la Ley de Bosques.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, tiene el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza. Sin embargo, en todos estos años, “su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración”, denunció Vida Silvestre.
Según la Fundación, el proyecto de Presupuesto 2024 asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de 15.004.325.000 pesos y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos $1.500.480.600, “apenas el 7,37% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques si la ley se cumpliera correctamente”, ya que ésta estipula que la primera de esas partida “no podrá ser inferiores al 0,3% del Presupuesto nacional”, es decir, que para 2024 debiera ascender a 203.532.806.865 pesos.
También se debería recibir para este fin “un 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes del sector agropecuario y forestal”, cosa que no ocurre.
El director de Conservación de Vida Silvestre, Fernando Miñarro, planteó este jueves en la FM 89.3 Santa María de las Misiones que “lamentablemente no nos sorprende porque ya llevamos más de 15 años desde la sanción de la Ley de Bosques y al menos en los últimos 10 años se le ha venido asignando menos del 10% de lo que le deberían asignar”.
Es un monto “absolutamente muy escaso para la conservación de los bosques de todo nuestro país, que son muchísimos, son unas 50 millones de hectáreas que deben cuidarse“, lamentó, teniendo en cuenta que “estos recursos, además de servir para el buen manejo y conservación de los bosques, también son muy necesarios para controlar la deforestación“.
“Estamos viendo y viviendo día a día como sociedad, en nuestro país y a lo largo del mundo, lo que implica la deforestación, la pérdida de nuestros bosques, la conversión también de otros ecosistemas naturales que acompañan a los bosques. Se amplifica la problemática del cambio climático y por otro lado también perdemos los servicios que un bosque brinda: la absorción de las grandes lluvias, previniendo así grandes inundaciones. Ni hablar de la biodiversidad que se pierde”
“La verdad es que ese tipo de señales no son adecuadas para un proceso que debe velar por la conservación de los bosques y su biodiversidad”, sentenció Miñarro.
¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe no más del 10% de lo que corresponde. Los aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.
Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido y continúan siendo procesos lentos y con deficiencias que incluyen el incumplimiento de estándares determinados por la Ley, como, por ejemplo: fallas en la participación ciudadana requerida, retrasos de tiempos y falta de progresividad en la protección de los bosques.
Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: la ley establece que se deben adoptar metas cuantitativas para la protección de bosques nativos y formas de medir su progreso y logro. Durante el 2022 el consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), emitió una resolución por la cual cada jurisdicción debe desarrollar Planes Estratégicos Provinciales de Bosques Nativos y sus respectivos Planes Estratégicos Anuales actualizados para acceder a las asignaciones presupuestarias anuales. Estos planes han sido presentados, resta ahora analizar si cuentan con metas e indicadores que permitan evaluar su impacto a corto, mediano y largo plazo.
La deforestación ilegal persiste: a pesar de la implementación del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, es preocupante que alrededor del 76% de la deforestación ocurra en zonas prohibidas por la ley (amarillas y rojas), Esto evidencia la falta de control y fiscalización en terreno, y las sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes que se reflejan en la ausencia de un registro nacional de infractores actualizado. Algunos sectores indican la necesidad de una prohibición total de la deforestación, lo cual sería de dudosa eficacia, ya que en los sectores donde la deforestación está prohibida hace más de 10 años sigue ocurriendo, sin mayores consecuencias para los responsables. No ha habido avances en la tipificación del delito penal ambiental que permita mayores sanciones a quienes deforestan, ni se ha avanzado significativamente en la restauración de las áreas deforestadas y quemadas, como determina a Ley.
Avances en la gestión y rendición de fondos: si bien la rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que ha mejorado desde su creación y puesta en marcha, continúan habiendo demoras y problemas para una eficiente implementación y rendición de fondos.
¿Cuáles son los espacios de mejora en el marco de esta ley?
La correcta aplicación de la Ley de Bosques es el primer paso -y lo mínimo que deberíamos hacer- para proteger los bosques nativos. Pero también es importante ir más allá de la ley y asumir compromisos superadores que permitan conservar no sólo los bosques, sino también las culturas asociadas a ellos, la biodiversidad, y los servicios ambientales.
El refuerzo de las estructuras de control y fiscalización, el aumento en la capacitación y profesionalización de operarios forestales, agentes de conservación, técnicos de campo, responsables técnicos y funcionares públicos será central para avanzar en los desafíos que demanda la correcta implementación de la Ley.
La buena gobernanza, basada en el acceso a la información en tiempo y forma para los diversos grupos de interés permitirá la genuina participación en los procesos de revisión de las diferentes instancias de implementación de la Ley, desde la realización y audiencias públicas de Estudios de Impacto Ambiental a los procesos de revisión de los Ordenamientos Territoriales de los bosques nativos en las diversas Jurisdicciones.
Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina
