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El INCAA actualiza los topes de subsidios para financiar películas nacionales

La actualización se fundamenta “en los incrementos que hubo en los costos de producción y con el fin de garantizar el apoyo a la cinematografía nacional de manera eficaz”.

19 octubre, 2023

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) elevó los topes de subsidios a los que podrán acceder las producciones de películas nacionales.

La Resolución 1607/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial establece que el costo de una película nacional de presupuesto medio es de $105 millones, tras haber llegado a un consenso en la Asamblea Federal del Incaa del pasado 28 de septiembre en la provincia de Salta.

Este presupuesto promedio es utilizado por el organismo para determinar los topes de subsidio que se les otorgará a los largometrajes nacionales en sus diversos géneros, formatos y presupuestos. Dependiendo del esquema, esta cifra será tomada como referencia para los proyectos que se estrenaron, iniciaron su rodaje o solicitaron los beneficios desde el 1 de septiembre último.

La norma se encontraba sin modificaciones desde el año pasado, cuando el monto se había fijado en los $ 70 millones.

La actualización se fundamenta “en los incrementos que hubo en los costos de producción y con el fin de garantizar el apoyo a la cinematografía nacional de manera eficaz”, indican los considerandos.

En la asamblea realizada en Salta también se presentó la propuesta preliminar para un nuevo plan de fomento al cine nacional, que permitirá actualizar y modernizar el régimen vigente.

El financiamiento del INCAA proviene, en su mayor parte, del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) conformado por los ingresos provenientes de la recaudación del 10% del valor de las entradas de cine, 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD´s) y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en impuestos a operadores de telecomunicaciones.

Dicho fondo aún no prevé ingresos provenientes de plataformas de streaming, pese al cambio en las tendencias de consumo.

No obstante, a través de la Resolución 361/2023 publicada a fines de marzo pasado, el INCAA ordenó la inscripción de oficio ante el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual (Rpaca) de estas plataformas, donde se incorporan a las personas físicas y jurídicas que integran las diferentes ramas de la industria.

Esto se considera un paso previo para que las plataformas realicen también su aporte al FFC.

En la Cámara de Diputados aguarda su tratamiento en comisiones una normativa –presentada en diciembre del año pasado por un conjunto de legisladores encabezados por Gabriela Pedrali de Unión por la Patria (UxP)- que modifica la Ley de Cine de 1994 destinando el 10% del IVA cobrado por las plataformas al fondo, es decir, sin crear nuevos impuestos sino redirigiendo uno ya existente.

También amplia la cuota de pantalla exigida a etas plataformas para que incorporen un catálogo de producciones nacionales y les establece la obligatoriedad de producir como mínimo 20 horas por año.

El del INCAA no se trata del único tributo dirigido al fomento de un sector: hasta 2017 existía un impuesto de 1% en las facturas de telefonía móvil para el Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard) con el objetivo de financiar el deporte, tributo que fue eliminado por la administración de Mauricio Macri, sin reestablecerse posteriormente en alguna modalidad.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: ArgentinaCine nacionalIncaaSUBSIDIOS
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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