El juez Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero se inhibió de continuar con la investigación por la muerte de los gendarmes Carlos Fabián Antúnez y Diego Javier Aranda, ocurrida hace 22 años en la cabecera argentina del puente Posadas-Encarnación.
El sábado 30 de septiembre notificó su decisión al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas y expuso como argumentos de su decisión “la falta de asignación de recursos específicos para el trámite de esta causa de alta complejidad, resultando en la actual situación de colapso del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado por falta de funcionarios y empleados, imposible asignar un equipo de trabajo para la instrucción de esta causa, ni siquiera un escribiente auxiliar con los conocimientos y experiencia que el caso demanda, y con una relación diaria con quien esto escribe que permita diseñar los pasos que corresponde disponer”.
También sostuvo en su resolución a la que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN que: “El incremento extraordinario de causas y su complejidad en esta jurisdicción (…) La acumulación de causas de índole penal, civil, comercial y laboral, en situación de dictar sentencias definitivas, correccionales y resoluciones inéditas al carecer de un marco legal preciso y específico y ante la ausencia de jurisprudencia que marquen un camino a transitar (…) Resultando en más de ocho años (a cargo del Juzgado) la primera vez que me inhibo de seguir interviniendo en una causa reiterando lo manifestado a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas respecto a mi estado de salud e indicación médica de reducir de modo imprescindible la jornada laboral”.
Respecto a este último punto, el juez de Eldorado asegura que trabaja a disposición del juzgado “quince horas diarias de lunes a lunes” y que tal dedicación ya no está en condiciones de prestar.
Durante la noche del martes 18 de septiembre del 2001, los oficiales de Gendarmería, Diego Aranda y Carlos Antúnez, murieron en dudosas circunstancias debajo del puente San Roque González de Santa Cruz donde cumplían sus funciones en la guardia.
Versión polémica
Según la primera versión, perecieron accidentalmente en la persecución a un presunto contrabandista de cigarrillos. Siempre según la versión oficial, ambos se arrojaron al agua para retirar las cajas de mercadería que había tirado en su fuga el sospechoso. Que lo hicieron con borceguíes puestos y el resto del uniforme que pudo desembocar en el desenlace trágico pero accidental.
Hace 22 años que los familiares de ambos sostienen una postura radicalmente contraria. Enfatizaron y argumentaron siempre que los jóvenes gendarmes fueron asesinados al ser arrojados al agua. La ausencia de una autopsia inmediatamente posterior a los decesos se transformó en uno de los puntos de mayor polémica.
También ya adelantado oportunamente por este Diario, en julio de 2018 los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes revocaron el sobreseimiento de todos los implicados en la investigación de la muerte de los gendarmes Carlos Fabián Antúnez y Diego Javier Aranda.
Este tribunal de alzada, por subrogación de la Cámara Federal de Posadas, resolvió anular -y volver a la etapa de instrucción de la causa- los sobreseimientos de los efectivos de Gendarmería Juan Daniel Morel, Ernesto Andrés Pérez, Eduardo Mariano Sánchez y Juan José Álvez por su presunta participación en el delito de doble “homicidio agravado” (artículo 80 del Código Penal), a Juan Bernabé Sánchez por violación de deberes de funcionario público, y a una médica de la Policía provincial, Mirian Lojewski respecto del delito de “falso testimonio y violación de los deberes de funcionario público”.
Cambio de rumbo
Los camaristas correntinos Selva Angélica Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo de Andreau, analizaron los más de quince cuerpos, por entonces del expediente y afirmaron que “pese al tiempo transcurrido desde la iniciación de las actuaciones, no puede soslayarse que las decisiones como la que ataca la querella, deben contener una autosuficiencia de cara al material probatorio alcanzado, como así también una certeza que descarte toda duda para el dictado de un sobreseimiento”. “Que en dicho contexto, se observa que el decisorio se apartó de la sana crítica racional, en la medida en que ha parcializado el análisis del acervo probatorio colectado (…) La sentencia recurrida evidencia defectos en su fundamentación y valoración de la prueba, con relevancia decisiva para dirimir la controversia”.
“El juez subrogante (José Briñóccoli), basó sus fundamentos solo en argumentos aparentes y evaluó las pruebas en forma parcial, sin tener presente que se debería efectuar un análisis probatorio profundo que compruebe el carácter accidental de las muertes descartando la ilicitud sobre las mismas”.
Desde entonces, el expediente fue girado al juez Miguel Ángel Guerrero. Pero el primer magistrado al frente la investigación fue Claudio Ramón Chávez (hoy exjuez federal de Posadas), quien se inhibió tras los primeros incidentes planteados y fue subrogado por José Luis Casals (juez de Posadas), quien confirmó el procesamiento de Eduardo Sánchez, entonces jefe de la sección “Puente Posadas” de GN, y de Juan José Álvez, oficial de servicio durante la fatídica noche.
Casals también se inhibió en la causa por lo que la Justicia Federal designó como conjuez a José Roberto Briñóccoli, que sobreseyó a todos los implicados. Los querellantes recurrieron a la Cámara de Casación Penal y desde allí se ordenó el análisis final de los magistrados de Corrientes y luego el retorno a foja cero del expediente al juez Guerrero.
