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Enseñanza pública pierde matrícula y sube la privada

Más de 5.500 alumnos de instituciones educativas estatales se pasaron al otro ámbito entre 2020 y 2022. El SPEPM sostiene que la migración responde a la eclosión de la oferta en la provincia. También aumentó la cifra de docentes en los colegios.

3 septiembre, 2023

Misiones perdió matrícula en las escuelas de gestión pública y ganó en las instituciones de gestión privada. Dicho de otra manera, más familias deciden enviar a sus hijos a colegios privados.

Los números oficiales (Relevamiento Anual del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología) muestran no solo un éxodo de los alumnos de escuelas públicas a privadas una vez iniciada la trayectoria escolar, sino también un aumento de niños inscriptos en el nivel inicial de instituciones de gestión privada.

Según los últimos datos oficiales, que corresponden al año 2022, Misiones tenía una matrícula de alumnos de 455.206 estudiantes (educación formal y obligatoria más educación no formal), 9.663 más alumnos que en 2021.

Pero este crecimiento se volcó en la oferta de educación formal del sector privado y la formación no formal en general. En los colegios privados porque las familias deciden que sus hijos comiencen desde el nivel inicial sus trayectorias en este sector y también porque hay una retracción de la matrícula en las escuelas públicas.

De hecho, entre 2021 y 2022 al menos 6.000 alumnos que estaban en la gestión estatal pasaron a la privada. Por esta razón, la distribución de la matrícula total entre ambos sectores pasó del 78% (estatal) y 22% (privada) en 2020 al 76% (estatal) y 24% (privada) en 2022.

Consultado al respecto, el director ejecutivo del SPEPM, Luis Bogado, señaló que el aumento de alumnos y docentes en el sector privado de la educación responde a la eclosión en la oferta educativa a lo largo y ancho de la provincia, incluidos los lugares con más necesidades de Misiones.

 

Los cambios por tipo de educación

Según datos oficiales presentados por el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, en la Cámara de Diputados en 2022, la provincia tenía por ese entonces 365.967 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en instituciones de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial, desde jardines maternales, nivel inicial, primaria, secundaria, escuelas especiales y de adultos. Este año, esa matrícula creció a 369.972 alumnos.

Pero en ese mismo período, las instituciones de gestión estatal (nivel inicial, primaria y secundaria) perdieron 3.330 alumnos (de 278.967 estudiantes pasó a 275.637). Comparados esos datos con los presentados días atrás en la comisión de Presupuesto por el mismo funcionario, en los jardines maternales de gestión estatal se pasó de 599 a 520 niños el año pasado (23% menos), en el nivel inicial de 39.576 niños en 2020 se contrajo a 36.831, en el nivel primario hubo un pequeño aumento de matrícula en ese período: de 152.240 pasó a 153.746 en el sector público. En secundaria bajó el número de alumnos en las escuelas públicas, que pasaron de 75.283 en 2020 a 74.457 en 2022.

La modalidad de educación especial pública restó un alumno en dos años: de 2.504 pasó a 2.503 estudiantes y la educación de adultos se contrajo en ese período: de 26.810 alumnos pasó a 24.618 en 2022, siempre en instituciones de gestión pública.

 

Cursos de formación profesional crecieron un 18,4%

La matrícula no formal incluye a los estudiantes que realizan capacitación laboral y formación profesional a través de talleres y cursos. Entre 2020 y 2022, el número de personas que estaban en estos cursos de rápida salida laboral pasó de 39.997 a 47.363.

Un dato no menor a tener en cuenta es que el 83% de esta oferta de formación profesional es de gestión estatal.

 

Más docentes pero en colegios

Hasta julio de este año, el Consejo General de Educación (CGE) liquidó 34.464 haberes docentes, de los cuales 23.656 (68%) pertenecen a escuelas de gestión pública, 7.484 (22%) y 3.324 (10%) que dan clases en ambos sectores.

Entre 2022 y 2023, Misiones sumó 1.069 docentes, pero las escuelas de gestión pública perdieron 75 educadores y los colegios de gestión privada ganaron 911 docentes. También aumentó el número de docentes que trabajan en ambos sectores: de 3.091 pasaron a ser 3.324.

En este período, los colegios privados sumaron 6.921 alumnos.

La educación pública no solo perdió alumnos, sino también unidades de servicio, entendiendo estas últimas como las escuelas, no como los edificios, pues en estos pueden funcionar varias unidades educativas.

En la gestión pública, Misiones restó 3 unidades educativas del nivel inicial (de 913 pasó a 910), en primaria sumó 9 unidades (pasó de 1.095 a 1.104), en secundaria restó 3 unidades (pasó de 479 a 476), en educación especial sumó tres unidades (pasó de 66 a 69) y en adultos sumó 7 unidades (pasó de 262 a 269).

Tags: #EducaciónColegiosDocentesEducación PúblicaEnseñanza privadaescuelasSPEPM
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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