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Prorrogan decreto que hace compatible el empleo rural con los planes sociales

La medida estaba vigente hace dos años y vencía en agosto.

25 agosto, 2023
YERBA MATE. El “oro verde”, nuevamente objeto de cruces entre el oficialismo y la oposición.

YERBA MATE. El “oro verde”, nuevamente objeto de cruces entre el oficialismo y la oposición.

El Ministerio de Trabajo de la Nación prorrogó por dos años, a partir del 1° de septiembre, la vigencia del decreto 514/2021 que permite la compatibilidad de los planes sociales con el empleo rural temporario en todas sus actividades. La medida estaba vigente por dos años y su vigencia vencía el 31 de agosto.

La prórroga se realizó mediante el decreto N° 423/23 del 18 de agosto, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Nación.

El mencionado decreto establece la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado y permitió que las personas titulares de los programas conocidos como “Potenciar Trabajo” y la “Tarjeta Alimentar” que sean contratadas “en blanco puedan seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan esos programas”.

De esta manera se pretende que los peones rurales acepten ser contratados temporalmente para actividades de cosecha que duran pocos meses y que no pierdan los pagos de los programas sociales. El objetivo es reducir el trabajo en negro en las chacras, teniendo en cuenta que muchos peones rurales, principalmente los cosechadores de yerba mate de Misiones (tareferos) no aceptaban ser blanqueados por temor a perder definitivamente los beneficios.

A raíz de esto, los productores pidieron que cesen los controles y las sanciones a aquellos que tienen tareferos trabajando “en negro” en la cosecha de yerba porque “ellos no quieren blanquearse”. Este año hubo casi cien actas de infracción en Misiones. El Gobierno sostiene que el temor de los peones a blanquearse no puede ser justificativo de tenerlos trabajando por fuera de las leyes.

 

Asignaciones iguales

Otro inconveniente que se generaba es que algunas familias numerosas no aceptaban blanquearse porque la asignación familiar por hijo significaba un monto menor que la asignación universal que cobran aquellos que no están blanqueados. Para una familia con varios hijos, la diferencia económica entre un pago y otro es importante.

A raíz de esto, el decreto publicado ayer sostiene que el monto de la Asignación Familiar debe ser igual a la AUH. Esta medida también busca fomentar el “blanqueo” de los peones.

El decreto sostiene que “quienes sean contratados o contratadas bajo la modalidad de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo y aquellas personas que sean contratadas para desarrollar actividades agropecuarias, las asignaciones familiares que les correspondan en ningún caso podrán ser inferiores al monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social”.

Se agrega que “las medidas dispuestas han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores y las trabajadoras del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y las de sus grupos familiares” y por esta razón “la continuidad de su aplicación es una respuesta a las necesidades planteadas por las asociaciones sindicales y de productores de las economías regionales del país, estimándose, en consecuencia, necesario y oportuno prorrogar su vigencia para asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos”.

Se establece que el Ministerio de Trabajo, a través del Consejo Federal del Trabajo (CFT), lleve adelante “en conjunto con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, acciones territoriales de difusión, asesoramiento y capacitación en materia de registración laboral y de la seguridad social dirigidas a los trabajadores y las trabajadoras rurales, a las asociaciones sindicales y a las asociaciones de productores”.

 

Siguen los problemas

Es relativo que la compatibilidad entre trabajo registrado y planes sociales haya cubierto las expectativas de las entidades que la impulsaron, en especial en algunas economías regionales.

En Misiones, por ejemplo, en actividades como la yerba mate o la recolección de cítricos, siguen siendo frecuentes las quejas porque siguen sin encontrar mano de obra a la hora de levantar las cosechar o realizar las podas de los frutales. Y mucha fruta queda en el suelo.

El problema principal se generó porque el Ejecutivo tardó mucho tiempo en reglamentar el primer decreto y durante ese tiempo hubo trabajadores que se blanquearon y perdieron los planes sociales. Enseguida el comentario circuló por las chacras y generó temor y rechazo.

Además hubo escasa difusión de este potencial beneficio entre quienes cobran planes sociales en las localidades del interior.

También ocurrió que la compatibilidad era solamente con el Potenciar, al principio, y recién hace tres meses, a poco de vencer el decreto, se agregó a la Tarjeta Alimentar.

A raíz de esto, hace unas semanas, el principal gremio rural, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) apoyó explícitamente un proyecto de ley para consagrar esta compatibilidad entre planes e ingreso salarial, pretendiendo que no dependa más de un decreto y se convierta definitivamente en una política de Estado permanente y durable.

“Los trabajadores tienen miedo de perder los planes y por eso no se presentan a las temporadas de cosecha o lo hacen en negro”, afirmó el secretario general de UATRE, José Voytenco, al reclamar por esa ley.

El gremio informó que ya estuvo trabajando el tema con la presidenta de la comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado, Nora del Valle Giménez. Los sindicalistas mantuvieron este lunes un nuevo encuentro con esa senadora para avanzar en la redacción de un anteproyecto que “permita vincular los planes sociales con empleo genuino”.

La gran pregunta es si el Congreso debería eternizar esta compatibilidad. El argumento de UATRE es que hay miles de familias, en las diferentes provincias del país, que desde hace décadas se dedican al empleo temporario y no tienen perspectiva de cambiar de actividad. Incluso sus padres lo hacían y sus hijos también. Por lo tanto, siempre estarán vinculados a esa actividad “temporal”.

 

“No quieren trabajar”

El vocero de los productores autoconvocados, Sergio Delapierre, dijo que “la gente que tiene un plan no quiere trabajar” y aseguró que la compatibilidad “es un principio de solución pero no fue efectivo”. Entrevistado por FM 89.3 Santa María de las Misiones, el dirigente de los productores señaló que “es duro lo que voy a decir, seguramente si me escucha un gremio no le va a gustar, pero es el comentario generalizado entre las personas que buscan trabajadores para la chacra”.

Opinó que es una cuestión cultural “que no se modifica con un decreto” pero aclaró que “la gente no tiene la culpa porque cada uno quiere vivir bien pero se conforman con un plan sin salir a cumplir con un trabajo ocho o nueve horas.

Dijo que esa es la realidad que se percibe en el interior de Misiones y que “tengo comentarios similares de otras provincias”.

El problema de la falta de peones rurales no se solucionó y los que más sufren son los pequeños productores, dijo. Al respecto de la compatibilidad, consideró que hubo muchos errores, falta de información y compromiso por parte del Gobierno.

Consideró que “sería bueno que la gente humilde que quiera registrarse y trabajar pueda seguir teniendo los beneficios de los planes sociales entonces mejora sus ingresos” pero lamentó que muchas veces se conforman.

Tags: CompatibilidadMinisterio de TrabajoMisionesPlanes socialesProductoresTrabajo ruralUATREYerba Mate
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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