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“Hay grandes vacíos legales que no protegen los bienes ambientales”

Juan Manuel Díaz, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, explicó que el Congreso Nacional debe profundizar el trabajo en leyes de cuidado, donde Misiones “es vanguardia”. Elogió el avance de la inteligencia artificial pero “con supervisión humana”.

11 julio, 2023
Juan Manuel Díaz (Archivo)

Juan Manuel Díaz (Archivo)

El perfil ambiental que busca profundizar y conservar la provincia de Misiones, para el turismo y la calidad de vida, debe ser acompañado por leyes provinciales y nacionales que protejan los bienes comunes con mayor rigurosidad: el suelo, el aire, las semillas, el agua, entre otras cosas. En este sentido, la designación del abogado Juan Manuel Díaz como nuevo ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en la vacante producida por el fallecimiento de Liliana Picazo, pareciera apuntar a saldar esa deuda y reforzar ese camino.

El propio magistrado, en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, reconoció las carencias y anticipó que trabajará en ese objetivo, entre otros.

“La provincia de Misiones ha dado un paso fundamental en la construcción del Estado de Derecho Ambiental como nueva fase del constitucionalismo con la instauración del fuero ambiental, que está compuesto por un Juzgado y una Fiscalía, hay que apuntalarlo y acompañarlo desde el Superior Tribunal de Justicia y desde todas las instancias del Poder Judicial para que Misiones continúe siendo una vanguardia y pionera en el cuidado del medio ambiente”, sostuvo Díaz.

Admitió las carencias y deudas pendientes en este sentido, sobre todo a nivel nacional.

“Nosotros tenemos un proyecto de investigación dentro de la Universidad Católica de Santa Fe, un Observatorio de Derecho Penal y Ambiental donde analizamos que de los diecinueve países de Iberoamérica, solo en tres no existían tipos penales, ambientales autónomos, es decir, que tutelen de manera directa y exclusiva el bien jurídico ambiental”, señaló. Argentina es uno de ellos. Cuba y Uruguay son los otros.

“Es un podio que nadie quiere integrar, hay que hacer un trabajo legislativo muy importante con la incorporación de figuras al Código Penal o bien como legislación penal complementaria. Y de aquellos tipos penales aislados que protegen de manera directa, o indirecta el bien jurídico ambiente, como la caza furtiva, la Ley de residuos peligrosos que primero debe afectar la salud pública y recién entonces la afectación al medio ambiente podrá ser considerada”, enfatizó.

Y agregó que “hay grandes vacíos vinculados a bienes ambientales que no están protegidos, en el caso de los bosques se requiere que un incendio afecte la propiedad de la persona humana”.

Y ejemplificó que “un incendio de un pastizal de alto valor de conservación con especies endémicas como hay en una chacra muy chiquita de Misiones, si uno las incendia no va a caer en ningún tipo penal de ninguna figura delictiva. Entonces esa cuestión es lo que el Congreso de la Nación tiene que abordar de manera urgente, inmediata”, remarcó el ministro designado.

 

Inteligencia artificial

Díaz también abordó la temática de la inteligencia artificial en la Justicia y su utilización para mejorar el servicio y la velocidad de las sentencias. “Es una de las grandes disrupciones tecnológicas de la modernidad. Una tecnología que es capaz de trabajar con grandes cantidades de datos, procesarlos muy rápidamente y automatizar una gran cantidad de procesos”, dijo.

“Esta situación tan abarcativa tiene que ser estudiada, investigada, conocida, abordada y utilizada porque paulatinamente, en distintas órbitas del Poder Judicial, empieza a ser utilizada esta tecnología, que en todos los casos requiere de supervisión humana. No se deja librado automáticamente a que el algoritmo arroje sus resultados, sino que existe un entrenamiento, una supervisión por parte de seres humanos porque nuestro procedimiento constitucional exige que sea una persona, el juez, el que sea a cargo de una decisión”, explicó.

Agregó que “así tiene que ser y va a seguir siendo, lo que no implica que de manera paulatina algunas instancias puedan empezar a automatizarse”.

 

Ley Yolanda

Sobre la capacitación en legislación ambiental dentro de la provincia, Díaz señaló que el “Poder Judicial está llevando adelante una serie de capacitaciones vinculadas a la Ley Yolanda, que es una ley instituida en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Ambiente de Latinoamérica en 1974 en Argentina”.

En ese marco, indicó que se busca que “el funcionario público de los distintos poderes de Estado se capacite en temas ambientales, tanto las cuestiones legales, en las cuestiones vinculadas a la educación y a la gestión ambiental para tener un conocimiento que sea interdisciplinario integral”.

“No solamente los aspectos vinculados a la fiscalización o control sino también recibir, aprender y ser inculcado de valores es lo que va a producir las transformaciones que necesita nuestro planeta”, dijo.

 

El camino de la designación

Juan Manuel Díaz explicó que la jura para asumir el cargo se hará luego de la feria judicial y que ya se cumplieron dos pasos previos de la designación, que son el acuerdo legislativo (el jueves 5) y el decreto del Ejecutivo (publicado ayer en el Boletín Oficial).

Contó que estando en la Universidad Católica de Santa Fe, de la cual es decano de Derecho, recibió el llamado con la propuesta del gobernador Oscar Herrera Ahuad, la cual aceptó enseguida.

Explicó que viene teniendo permanente vinculación con el Colegio de Abogados de Misiones y ello continuará de la misma manera en la búsqueda del objetivo de mejorar el servicio para los misioneros.

 

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Tags: FM 89.3Juan Manuel DíazMisionesSuperior Tribunal de Justicia
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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