Aunque es la variable sine qua non, la macroeconomía no podrá corregirse, una baja de la inflación tendrá efectos no deseados en las cuentas públicas, nacionales y, sobre todo, de las provincias.
En el primer caso, a nivel del Estado nacional, la dificultad eventualmente provendría por el menor aumento de la recaudación, que reflejaría precisamente la menor presión sobre los precios, combinado con un gasto que todavía debería convalidar la inflación anterior, más alta. Esto porque las fórmulas de ajuste que rigen la economía -jubilaciones y AUH, Ganancias, deuda- lo hacen por inflación pasada. Así, las cuentas fiscales ya complicadas atravesarían un período de complicación aún mayor.
El mismo impacto, incluso más fuerte, se percibiría en las finanzas de las provincias, a tal punto que la agencia de calificación crediticia Moody’s ya anticipa posibles dificultades para el pago de la deuda.
Los compromisos de las distintas jurisdicciones con acreedores externos quedaron en tela de juicio cuando a fin de mayo el Banco Central impuso una restricción según la cual las provincias solo podrían acceder al mercado de cambios oficial por un monto equivalente a apenas 40% de los vencimientos a pagar.
Para el 60% restante, la alternativa es recurrir a dólares propios, lo que en definitiva encarece notablemente esa deuda. La medida no prosperó ante la presentación en la Justicia de la provincia más afectada, Córdoba.
Sin embargo, el foco quedó instalado. Otras 13 provincias, entre ellas Mendoza, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos, quedaron alcanzadas por la resolución del Central. La provincia de Buenos Aires, en cambio, con un alto volumen de pagos comprometidos, no quedó comprendida ya que solo debe abonar intereses, que quedaron excluidos de la norma.
“Jurisdicciones subnacionales con mayor exposición a deuda en moneda extranjera presentarán desafíos para afrontar servicios de deuda a partir de este año”, fue el subtítulo bajo el cual Moody’s alertó en una publicación reciente que los gobiernos regionales y locales comenzarán a enfrentar mayores vencimientos de capital e interés de la deuda internacional, luego de haber concluido sus procesos de reestructuración llevados cabo durante el 2020 y 2021.
“La eventual falta de fuentes de financiamiento alternativas junto a la escasez de divisas en el país, incrementa la probabilidad de incumplimiento durante los próximos años. Asimismo, las recientes restricciones en materia de acceso al mercado cambiario reflejan la materialización de los riesgos de conversión de monedas”, sostuvo la calificadora.
El documento también hizo foco en la cuestión central: los números fiscales de las provincias se encuentran, en su mayoría, ordenados gracias no solo a la recuperación económica pospandemia sino, sobre todo, gracias a la inflación que le permitió a los gobiernos locales “licuar” gastos, no sujetos a fórmulas de indexación.
Ya el mes pasado el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) que dirige el economista Jorge Colina, advirtió que el desequilibrio fiscal de la Nación contrasta con la holgada situación financiera de las provincias, lo que se debe a que “las provincias usaron la inflación para licuar gastos”.
Por eso, la entidad elaboró un análisis en el que simuló el impacto de una baja de la inflación. El resultado fue que esas jurisdicciones volverían a ser deficitarias.
“Si desde el 2017 los salarios de los empleados provinciales se hubiesen ajustado igual que la inflación, el resultado habría sido un déficit de 5% de sus ingresos. Estos datos muestran que la licuación del gasto público gracias a la inflación es el factor más decisivo para explicar la mejora en las finanzas públicas provinciales”, afirmó Idesa.
Un factor adicional sumaría presión a las cuentas públicas. Al mismo tiempo que es esperable, en algún momento a partir del próximo año, una baja de la inflación, también lo es una caída de la actividad que afectará los ingresos nacionales y también provinciales, por menor coparticipación de impuestos.
“Por el lado de los resultados fiscales, la actividad económica en la Argentina ha demostrado tendencias contractivas ante escenarios de fuertes variaciones del tipo de cambio. Una eventual recesión reduciría las principales fuentes de ingresos de los gobiernos locales como son la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos y la masa de impuestos coparticipables recaudados por el Gobierno nacional, lo que potenciará aún más el deterioro de las métricas de endeudamiento”, advirtió Moody’s.
