La empresa provincial Energía de Misiones Sociedad Anónima trabó un embargo judicial en la cuenta bancaria y el martes logró cobrarle 70 millones de pesos a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Eldorado por la deuda en concepto de la energía suministrada el mes pasado.
Ayer los trabajadores esperaban tener el sueldo depositado en sus cuentas pero no ocurrió, lo cual disparó la preocupación y todo tipo de especulaciones al respecto.
Las miradas y la crítica apuntan a los tres consejeros que llevan las riendas de la entidad: Rubén Kobler, presidente e intendente de 9 de Julio; Miguel Szumkoski, secretario e intendente de Santiago de Liniers; y Walter Otazú, vicepresidente y proveedor de servicios de videovigilancia.
Desde EMSA confirmaron a PRIMERA EDICIÓN que se llegó a la determinación de un embargo porque los directivos de la Cooperativa dejaron de pagar sus compromisos y cortaron el diálogo para llegar a un eventual acuerdo por la deuda histórica que supera los mil millones de pesos.
“La decisión del embargo se tomó como el último recurso ante la falta de pago y agotando las instancias de diálogo”, dijeron desde la empresa provincial.
El embargo se impulsó por la suma de 140 millones de pesos pero solamente se absorbieron 70 millones de pesos disponibles en la cuenta de la entidad en el Banco Macro. El resto quedó pendiente.
Ayer las cuentas de la CEEL ya se encontraban operativas nuevamente pero los sueldos no aparecieron y la tensión viene en crecimiento.
Crisis económica
La Cooperativa de Eldorado tiene una deuda histórica de más de mil millones de pesos que se comprometió a pagar mediante un plan mensual o canje por obras y mantenimiento. Además se comprometió a pagar la boleta mensual completa del consumo de energía. Según aclararon desde EMSA el presidente de la CEEL, Rubén Kobler, no cumplió ninguno de los dos puntos y cortó el diálogo que venían teniendo.
La administración se está convirtiendo en un problema cada vez más grave porque, a la deuda histórica y la mensual, se suma la situación institucional que se encuentra tambaleante.
Tanto Kobler como su socio político, Miguel Szumkoski, se encuentran en la cuerda floja por la maniobra que llevaron adelante para desplazar al presidente anterior de la entidad en una reunión de Consejo Directivo donde decidieron un recambio de autoridades de manera arbitraria, sin que se encontrara entre los temas del día a ser tratados, con aval del asesor legal.
Otro tema delicado es el balance presentado en 2022, que fue modificado de la noche a la mañana, pasado de casi 150 millones en rojo a 250 millones de superávit, lo cual hace sospechar.
Por estos temas Kobler, Szumkoski y Otazú fueron denunciados ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el organismo nacional designó un veedor permanente que se encuentra desde el mes pasado auditando la documentación contable, institucional y los contratos.
