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Fábricas reclaman el saldo de los planes de ahorro: aconsejan esperar el final del juicio

Los ahorristas que completaron 84 pagos reciben un reclamo de las terminales con sumas que van desde los $400 mil hasta el millón de pesos en concepto de lo descontado por la cautelar. Abogados señalan que los clientes no están obligados.

23 mayo, 2023
INCERTIDUMBRE. La Corte tiene el fallo en sus manos pero no resuelve.

INCERTIDUMBRE. La Corte tiene el fallo en sus manos pero no resuelve.

La novela de los planes de ahorro de 0km no termina. La acción judicial entablada contra las ocho empresas automotrices más importantes del país continúa esperando la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ya lleva más de 3 años pero en los últimos meses las terminales fabricantes han comenzado a reclamar el pago completo del saldo del plan de ahorro a todos los ahorristas que llegaron a cancelar la cuota 84.

Las cifras del remanente ascienden a 400 mil pesos y, en algunos casos, llegan a un millón de pesos. Sin sentencia firme, los ahorristas se sienten atrapados en una espiral de incertidumbre.

Se trata de la famosa “cuota 85” donde se suma el monto completo del dinero que el ahorrista no pagó en las cuotas anteriores debido a la medida cautelar que se encuentra vigente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que le puso un límite a los aumentos mensuales que pretendían aplicar las empresas.

Muchos ahorristas aún no llegaron a esa instancia pero los que recibieron el reclamo se alarmaron al considerar que la cautelar había perdido vigencia o que la justicia terminó por resolver en favor de las empresas. Nada de esto es así y por eso, desde los estudios jurídicos que llevan adelante esta medida “colectiva” aclararon la situación.

“Es importante destacar que en todo este tiempo y hasta tanto la justicia ordene algo contrario, la medida Cautelar se encuentra plenamente vigente. Esto quiere decir que los ahorristas deben ver el descuento aplicado en su boleta, como “medida cautelar” “diferimiento de alícuota” explicó a PRIMERA EDICIÓN el abogado Jair Dib, del estudio que lleva adelante un amparo con cientos de ahorristas.

Advirtió que es una maniobra: “Cuando se llega al final del plan, en la cuota 84 muchos ahorristas se ven amenazados por las fabricas que los “obligan” y pretenden cobrarles todo lo descontando por aplicación de la medida cautelar”.

“No existe ninguna obligación del ahorrista de pagar esas diferencias, reiteramos hasta que la justicia se expida al respecto”, aclaró.

“No hay que dejarse amedrentar por estas maniobras abusivas de las empresas que aprovechan el desconocimiento de los ahorristas. Tampoco es obligatorio pagar los descuentos hechos para tramitar la prenda con registro. Esto es un derecho del ahorrista cuando paga todo el plan, y las empresas abusan de su posición para no entregarla. Obligando al ahorrista a realizar el reclamo” agregó el profesional.

Por último solicitó a los ahorristas que “denuncien cualquier trato abusivo o discriminatorio por parte de estas empresas, como así llamadas intimidantes, llamadas de supuestos estudios jurídicos, etc”.

Por su parte, el director de Defensa al Consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda, explicó que “la información que tengo es que la cautelar sigue vigente y que el expediente se encuentra en la Corte Suprema”. Pero aclaró que “el valor de los automóviles aumenta todos los meses”.

 

Explosión en 2018

El problema explotó en agosto de 2018. Las demandas por los planes de ahorro comenzaron a ingresar a la Justicia en 2018 y muchas se transformaron en demandas colectivas. El recorrido judicial fue largo y complejo.

Para medio millón de personas, los autoplanes de ahorro se transformaron en una suerte de “corralito”: el dólar comenzó una escalada sin freno, las partes de los vehículos que son importadas aumentaron su valor y, ello motivó que el precio de los automóviles se encareciera exponencialmente; en consecuencia, las administradoras de los planes de ahorro trasladaron los costos reclamando cuotas casi impagables a los ahorristas que se habían suscripto. Sumado a todo esto, muchas automotrices dejaron de producir algunos modelos y los reemplazaron por otros más caros.

En todas las provincias los ahorristas interpusieron amparos colectivos ante la Justicia.

Las concesionarias se defienden explicando que los aumentos que han sufrido las cuotas son legales y están contemplados en las cláusulas de los contratos firmados por los clientes.

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos no hubo una voluntad por parte del consumidor de asociarse para la compra de un automóvil ni de dejar librada la determinación del precio del producto financiado a una decisión unilateral y arbitraria de quien emite las cuotas. Simplemente, el consumidor buscaba adquirir un vehículo a plazo, confiando en la publicidad de las empresas vendedoras que ofrecían “cuotas sin interés”.

Las cautelares lograron reducir el valor de las cuotas mensuales pero ahora, a los que llegan a la cuota 85 le aparece el reclamo total de o descontado.

Las cifras del remanente ascienden a 400 mil pesos y, en algunos casos, llegan a un millón de pesos. Los ahorristas y los estudios jurídicos esperan una sentencia firme lo antes posible. La justicia tendrá que resolver entre medio millón de suscriptores y las ocho terminales más poderosas del país. En un año electoral, se estima difícil una solución inmediata pero la incertidumbre crece y serán cada vez más los que completen las 84 cuotas y caigan en esta situación.

 

Los reclamos de los ahorristas 

• La cuota, y el valor del vehículo 0km son establecidos por administradoras de los planes, arbitrariamente y sin control.
• La publicidad es engañosa al momento de la oferta del producto y forma de financiación.
• El incremento del valor de la cuota/unidad oscila entre 700% y 1.200% por sobre el índice de inflación.
• Se cobran “ítems” extras, dentro del detalle de la factura, que no son informados previamente al ahorrista, y que son determinados unilateral y arbitrariamente por la entidad administradora del plan.

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Tags: 0 kmahorristasCautelarConflictocréditosEmpresas automotricesMisionesPlanes de ahorro
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
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El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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