Un empleado judicial de Posadas firmó una condena de nueve años de prisión efectiva tras reconocerse culpable de abusar sexualmente de una menor de edad e hija de su concubina hasta junio de 2021.
El encartado en audiencia de visu hace pocos días ante Vladimir Glinka, fiscal del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial, aceptó el monto de pena y la calificación respectiva prevista en el artículo 119, incisos B y F, del Código Penal Argentino.
De esta manera evitó sentarse ante los camaristas del TP-2 César Antonio Yaya, Gregorio Augusto Busse y Carlos Jorge Giménez, quienes lo iban a juzgar por la causa iniciada en junio de 2021 con una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Fátima, correspondiente a la Unidad Regional X.
Según la presentación de la progenitora de una niña de 10 años, en la vivienda que compartían como familia en el barrio Ripiera, zona sur de Posadas, se cometieron los abusos contra la integridad sexual. El acusado tiene hoy 43 años y desde la denuncia permanece detenido.
De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, la confirmación de la menor de lo sufrido en Cámara Gesell fue contundente y precisa sobre lugar, días y horarios.
Los abusos se cometieron en el inmueble y aprovechando que la madre salía a trabajar o a cumplir otras acciones. El empleado judicial obligaba frente a sus hermanos más chicos a ingresar a una habitación y concretaba el delito.
“Papi me llevó a la pieza de mami y se bajó los pantalones, luego me sacó los míos y me alzó y sostuvo, me metió algo”, fue una de las afirmaciones de la víctima. También remarcó que su padrastro abusaba de ella cuando su madre salía por la tarde a trabajar.
Cuando la menor rompió el silencio y se lo contó a su madre, el 17 de junio de 2021, el sospechoso no se encontraba en el domicilio. Lo llamó pero este decidió desaparecer y solo le dijo que no regresaría. De inmediato radicó la denuncia y se activó el protocolo para asistir a la víctima.
El relato de la menor ratificó los actos abusivos aprovechándose el encartado de la situación de convivencia y las ausencias momentáneas de la progenitora de la víctima. Las lesiones fueron confirmadas por los estudios forenses.
Se ordenó la búsqueda y detención inmediata del acusado y el 21 de julio del mismo año fue ubicado gracias a la intervención de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Superior Tribunal de Justicia que lo ubicó y dio aviso a la Unidad Regional X porque el acusado deambulaba en cercanía del Campus Universitario de la UNaM, en Miguel Lanús.
A pocos días de cumplirse dos años de la denuncia, el Tribunal Penal 2 tenía agendado el debate para juzgarlo por abuso sexual calificado por la convivencia y porque la víctima es menor de edad.
