En las últimas semanas, unas veinte empresas de transporte urbano y suburbano de pasajeros de la zona centro de Misiones concretaron varias reuniones, donde los propietarios manifestaron su preocupación y la incertidumbre laboral que están atravesando, a raíz de la falta de información sobre cómo funcionará el Sistema Integrado de Transporte que se creó recientemente y que tiene a las empresas del Grupo Z como las principales protagonistas del negocio.
La preocupación principal es el futuro laboral, tanto de los empresarios como de los trabajadores. La mayoría son grupos familiares pequeños, que cumplen un rol social con la comunidad. Sus choferes o empleados son, en muchos casos, vecinos de los pasajeros.
PRIMERA EDICIÓN consultó a algunos que prefirieron el anonimato. Explicaron su situación: desde la Provincia no les informaron cómo funcionará el Sistema Integrado; no saben si ellos serán incorporados; si mantendrán las rutas; el flujo de pasajeros actual; y qué harán con el plantel de empleados. “Hay un montón de preguntas que tenemos en el aire pero la más importante es saber si continuaremos trabajando, eso nos preocupa a nosotros como empresa y también a nuestro personal”, relató un empresario de una PyME de muchos años en el rubro.
El antecedente de Oberá
También hubo conversaciones entre los intendentes de la zona, que analizaron la situación luego de dialogar y recepcionar la preocupación de los empresarios.
En los municipios están recibiendo una carta documento de parte de la empresa Nuestra Señora del Rosario, donde se indica: “Tenemos el agrado de comunicarle nuestro interés en trabajar con el Sistema Integrado de la Zona Centro haciendo partícipe a su municipio. Por tal motivo, le requerimos tenga a bien manifestar su interés, fuera negativo o positivo, para integrar este proyecto”. La firmante es Eugenia Alejandra Ruiz, apoderada de la empresa.
Lo que llama la atención es que sea el interesado quien está invitando a los municipios y a sus colegas empresarios, función que pensaban que le correspondería al Gobierno misionero. Pareciera que la Provincia le entregó el manejo al Grupo para que reparta las rutas y el negocio.
Esta posibilidad les preocupa mucho a los jefes comunales, principalmente después de ver las declaraciones del empresario Marcelo Zbikoski en una entrevista televisiva, donde aseguraba que había una demanda judicial millonaria contra el municipio de Oberá y que la opción de resolver esa demanda era subiendo la tarifa (que pagan los usuarios) o extendiendo los años de concesión.
Si bien este dato fue negado, trascendió que la demanda asciende a 941 millones de pesos, lo que equivale a cinco meses completos de coparticipación de Oberá, y que la intención empresaria sería conseguir subsidios municipales, como aporta Posadas, que se sumarían a los provinciales y nacionales.
Rutas de tierra, tercerizadas
Otro hecho que detonó la alarma es la forma en que se repartirán las rutas. Es que la Subsecretaría de Transporte de la Provincia publicó algunas resoluciones repartiendo rutas al Grupo Z y luego dio marcha atrás.
En los últimos meses hubo “inspectores” que se acercaron a las empresas tradicionales de la zona y les “ofrecieron” sumarse al Sistema Integrado, con la condición de que acepten seguir recorriendo las rutas de tierra, porque todas las que tienen asfalto en buenas condiciones serán para las empresas del Grupo. Las rutas principales “quedarán para ellos y las marginales van a tercerizar”, dijo un empresario que recibió la visita de un “enviado”.
Las rutas de tierra no son rentables pero los empresarios las realizan por la función social que cumplen. Pero, para subsistir económicamente, necesitan continuar con las rutas de asfalto, que concentran la mayor cantidad de pasajeros.
Si pierden las rutas de asfalto no tendrán la rentabilidad necesaria para cubrir los caminos terrados.
