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Denuncian desmanejos del titular de la Unidad Ejecutora Provincial en cooperativa de agua

Se trata de Esteban Romero, exintendente de San Ignacio. Un socio de la entidad lo acusó de no repartir el dinero de las cuotas societarias y de realizar asambleas sin avisar lugar ni fecha al punto de que participaron 32 de un total de 3.000 socios.

23 noviembre, 2022
Foto: Google Maps

Foto: Google Maps

La administración de la Cooperativa de Agua de San Ignacio, cuyo presidente es el exintendente y actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Esteban Romero, fue denunciada ante el Ministerio de Acción Cooperativa por un socio y vecino a raíz de numerosas irregularidades detectadas en las asambleas para aprobar los balances y en el manejo de los recursos.

DENUNCIA. Una de las tres presentaciones en Acción Cooperativa.

La CAPSI realizará hoy una asamblea informativa para que los vecinos puedan evacuar sus dudas y el próximo 30 de noviembre tiene prevista la asamblea anual para aprobar el balance de 2021, cerrado a mediados de este año.

Según el denunciante, “es la primera vez que darán respuesta a los socios, nunca informaron nada y en las asambleas no permiten la palabra a nadie”.

El 30 también se deberán elegir tres integrantes del Consejo de Administración y al síndico. Como viene ocurriendo desde hace más de una década, se presentará una sola lista que responde al exintendente y actual funcionario provincial. Indicó que las convocatorias se hacen, prácticamente a escondidas, sin avisar lugar ni fecha, con la participación de sólo 32 socios en la última, de un total de 3.000 aproximadamente.

La ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez, tiene las denuncias en su poder desde el pasado junio, pero todavía no ha dado respuesta a los ciudadanos.

 

Denuncias

Alfredo Barrios, vecino y socio de la cooperativa de San Ignacio solicitó el 23 de junio en el Ministerio de Acción Cooperativa que intervenga “como órgano de contralor” ante la falta de respuesta a la nota presentada ante la Cooperativa de Agua de San Ignacio el 10 de septiembre 2020, que no tuvo respuesta, en la cual solicita la aplicación de los artículos 26, 27, 28 y 29 del Estatuto de la entidad, “que dispone que los excedentes repartibles sean distribuidos en cuotas sociales, lo cual no se ha realizado”.

Asegura que prueba de ello son los ejercicios anteriores. Como el de 2020, cuyo capital social es $370.104; el de 2019 fue de $870.071; el de 2018 fue de $1.869.941; el del año 2017 fue de $1.199.745; y el de 2016 fue de $742.307, según asegura el denunciante.

“Teniendo en cuenta que esta situación perjudica a los socios de la cooperativa esperamos su intervención para sanear nuestra institución”, le pide a la ministra en la nota presentada.

El 20 de enero de 2022 el mismo vecino había presentado otra denuncia a la anterior ministra Karina Aguirre a raíz de numerosas irregularidades cometidas en la asamblea del 15 de diciembre de 2021.

ROMERO. Maneja la Cooperativa, el Municipio y la Unidad Ejecutora UEP.

Entre las que menciona la violación del artículo 25 del Estatuto que establece que una copia de balance debería haberse puesto a disposición de los socios 15 días antes de la asamblea.

La violación del artículo 31 debido a que no fueron informados los socios de la fecha, hora y del lugar de la realización de la asamblea. También apunta a la violación del artículo 34 por usencia de padrón de los socios habilitados a participar en la asamblea, que debió estar disponible con 15 días de anticipación.

Barrios también asegura que en la asamblea “no estaba disponible en el orden del día el tratamiento del proyecto de distribución de excedentes” y que en el balance, los directivos de la Cooperativa colocan la distribución de excedentes con destino “a cubrir posibles quebrantos” y señala que eso “no se ajusta el estatuto ni a la ley de cooperativas”. Sugiere que es una manera contable de evitar la distribución de las cuotas societarias.

Asimismo, indica que se viola el artículo 26 porque los excedentes repartibles deben terminar solamente en el sector “agua potable” pero en el balance aparecen para “alquiler de máquinas viales” por lo que “no se ajusta a las normas”.

El vecino indica también que la conducción de Esteban Romero incurrió en “malos tratos a los socios, ocultamiento de información antes y durante la asamblea por lo que solicita un veedor del organismo de contralor para las próximas asambleas, facilitando la participación de los 3.000 socios”.

Y recuerda “en la última asamblea sólo participaron 32 de los mismos porque no fueron informados”.

Además, en el 2021 “no se realizó ningún curso de capacitación en cooperativismo a pesar de los fondos disponibles para educación cooperativa”.

Tags: CAPSICooperativa de AguaEsteban RomeroMisionesSan Ignacio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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