Con participación del Colegio de Abogados, de la Cámara de Empresarios Automotores y del fiscal municipal, Manuel Freaza, el miércoles por la tarde se desarrolló una reunión de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante donde hubo acuerdo en la incorporación de varios aspectos del Código de Procedimiento de la Justicia de Faltas Municipal.
Los concejales trabajan sobre dos proyectos, uno del radical Pablo Velázquez y otro del renovador Horacio Martínez y se pusieron de acuerdo en varios temas referidos a multas, la posibilidad de defensa del supuesto infractor, secuestro y reintegro del vehículo y la cédula, recortar los tiempos de los procesos, entre otros aspectos.
La semana próxima, el martes, habrá una nueva reunión y posiblemente el jueves se apruebe la ordenanza.
También se busca disminuir la discrecionalidad que actualmente tienen los inspectores y los magistrados así como brindar herramientas para que el ciudadano pueda defenderse, acceder al expediente y garantizar su presunción de inocencia.
Los cambios en discusión
En varias reuniones los concejales revisaron los primeros 114 artículos, quedando solo 20 pendientes.
• Entre los aspectos más importantes, se decidió incorporar nuevos institutos como una defensa letrada. Se trata de un artículo que le otorga la posibilidad al ciudadano de poder elegir abogados del foro local para que lo defiendan en la primera instancia del proceso. En este sentido se enumeran pasos que permiten al abogado tomar vista del expediente mediante una ventanilla exclusiva y poder comenzar la defensa de su cliente. Esta opción no anula la posibilidad del ciudadano de defenderse solo mediante descargos.
• Se ordena la figura del Defensor Oficial, que se encuentra vigente en la ordenanza de creación del Juzgado de Faltas pero el Ejecutivo Municipal nunca disparó el mecanismo de concurso para designar al Defensor. Le permitirá al ciudadano, ante una eventual infracción, solicitar la defensa oficial. Entonces, serán tres alternativas: defenderse solo, mediante abogado contratado o mediante defensor oficial.
• En el caso de las multas, la Justicia tiene un mínimo y máximo para manejarse en ese rango, pero existe un limitante que le obliga a castigar con la mitad o más de la pena. Como ejemplo, si el máximo de una infracción es 300 Unidades Fijas (UF) y el mínimo son 100, la multa debe ser de 200UF o más, nunca menos. En este punto, se está discutiendo que pueda ser del mínimo. Aunque todavía no hay acuerdo. Consultado por PRIMERA EDICIÓN, en este punto, el concejal Velázquez dijo que “no es lo mismo pasar el semáforo en rojo con una moto que con un camión. Porque muchas veces la multa termina siendo más cara que la moto. Hoy la ordenanza obliga a fallar alto”.
• También se está considerando incorporar un artículo que le permita al Fiscal municipal tomar vista del expediente y preparar la defensa del patrimonio municipal en caso de que un ciudadano recurra a la Cámara de Apelaciones y considere acudir a la Justicia provincial contra el municipio.
• Otro de los puntos importantes es la creación de un procedimiento de restitución de vehículos que establezca formas, plazos y condiciones en que la jueza debe restituir el vehículo cuando es secuestrado. Se tiene en cuenta si es propietario o no, si hizo la transferencia o no, si tiene cédula azul, etc. También se establecen plazos que tienen los jueces para definir, que no deben superar los 20 días.
• Se incorpora un artículo para avanzar en la digitalización progresiva del proceso, empezando por la notificación electrónica, la firma digital, entre otras.
• También se discute, sin todavía llegar a un consenso, sobre la restitución de la licencia de conducir en los casos donde los conductores la necesiten para trabajar y donde no se haya dictado sentencia firme. “Hoy te retienen vehículo y la licencia sin que todavía hayas sido declarado culpable y esto, a mucha gente, le perjudica laboralmente”, sostuvo Velázquez. La idea es algún tipo de procedimiento por el cual, hasta que no tenga sentencia firme pueda tener la licencia en su poder.
• Desde la Cámara de Empresarios Automotor propusieron tres artículos que tienen relación a la agilización y simplificación de los trámites que hacen a diario, como ventas, transferencias y multas que aparecen después de obtener el libre deuda y transferir.
Los integrantes de la comisión de Legislación son Pablo Velázquez (presidente), Santiago Koch y Francisco Fonseca, todos radicales; y cuatro renovadores: Mariela Dáchary, Marlene Haysler, Flori Perié y María Eva Giménez.
La burocracia y la discrecionalidad que afectan a los ciudadanos
En una zaga de artículos, PRIMERA EDICIÓN visualizó el malestar existente por el funcionamiento del Tribunal de Faltas de Posadas, la burocracia del sistema y la discrecionalidad de los magistrados. En este sentido, Sonia Duarte, presidenta de la Asociación Civil de Mandatarios de Misiones (AMMIS), contó que también sufren los inconvenientes y que tienen muchas restricciones a la hora de gestionar un simple libre deuda para sus clientes.
“Nuestro trabajo es conseguir el libre deuda de un titular actual, nuevito y que resulta ser que el dominio tiene multas, entonces con un informe histórico demostramos sí que nuestro cliente, que es el nuevo titular, no tiene nada que ver con estas multas anteriores” explicó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, al tiempo que señaló que los Juzgados 1 y 2 les liberan el dominio de forma rápida y de esa manera la obtención del libre deuda se gestiona con mayor celeridad.
Ahora bien, esta situación cambia en el Juzgado Nº3 porque “allí tiene la postura de que primero tienen que notificar al infractor y después liberan el dominio”, algo que puede llegar a demorar de 15 días a dos meses. Es decir, “hasta tanto no se notifique al infractor, el Juzgado no libera el dominio y por lo tanto los mandatarios no pueden gestionar el libre deuda”.
Duarte explicó claramente que esa demora en poder generar el libre deuda provoca a su vez toda una cadena de retrasos que terminan afectando a los clientes.
“Se nos prohibió directamente el ingreso como gestores al Tribunal de Faltas (…) no nos permiten por ahí hacer ciertos trámites”, lamentó Duarte, al tiempo que dejó claro que los mandatarios no se meten en los pleitos con el tema multas, simplemente “buscan liberar el dominio porque generalmente el 90% de los casos las multas son de dueños anteriores”.
