Se destaca en la agenda pública misionera la necesidad que tienen los diferentes sectores de la actividad agropecuaria, de sentirse más seguros en las chacras frente al robo de materia prima, el abigeato, entre otros.
Sin embargo, del lado de la política no se observa el mismo interés que prima entre los afectados o víctimas de la inseguridad.
Una muestra la reveló en la edición de hoy el representante de Misiones ante Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, a su vez coautor del proyecto de ley de reforma del Código Penal nacional que ingresó en 2020 al Congreso nacional, por impulso de la organización que representa y un diputado del massismo bonaerense, que es también catedrático de las leyes.
Esa propuesta, acompañada por el hoy superministro de Economía, Desarrollo y Agricultura cuando presidía la Cámara baja, duerme un injusto sueño en los cajones de las comisiones de dicho espacio legislativo.
Massa hoy está en otro puesto y, en la conformación actual de Diputados, la inseguridad rural no parece merecer la atención de los legisladores, ante el pedido de penas más duras por los delitos rurales.
En la zona norte de la provincia, especialmente, se escucha a los dirigentes de los productores quejarse de manera constante sobre la “puerta giratoria” que sigue bien aceitada para los delincuentes que les rompen la paz que merecen los trabajadores de las chacras en la tierra colorada.
En los últimos tiempos hubo tragedias, donde personas acusadas de intentar robar terminaron asesinadas en actuaciones de justicia por mano de los productores.
Sin una decisión política de modificar esta lamentable realidad, difícilmente se restablezca la tranquilidad de poder enfocar los esfuerzos en la productividad y no en la defensa de los bienes privados que se vio violentada por los dueños de lo ajeno.
