La fiscal de Instrucción 3, Adriana Herbociani, apeló la excarcelación bajo caución real (fianza) otorgada por el juez Fernando Luis Verón a la agente del Servicio Penitenciario Provincial involucrada como intermediaria para adjudicaciones irregulares de vivienda del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).
Tal como lo adelantó ayer PRIMERA EDICIÓN, la fiscal opinó en contra de la excarcelación el martes, de acuerdo a fuentes consultadas, porque en libertad la funcionaria de 32 años podría entorpecer la investigación iniciada la semana, a partir del jueves 25 de agosto cuando fue detenida por el magistrado mencionado de turno en agosto.
El entorpecimiento apunta a que podría tomar contacto con sus denunciantes y presuntas víctimas de los engaños y falsas promesas con los que fueron birlados de sumas que promedian los 350 mil pesos.
La mujer que prestaba servicio en el Centro de Atención Integral para el Personal Penitenciario (CAIPP) fue apuntada como presunta estafadora con el “contacto político para la casa propia”. Varios de sus compañeros en el SPP o a familiares y amigos de estos habrían caído en el ardid, por lo que fue suspendida el lunes 22 de agosto en sus funciones y pasada a disponibilidad. Decisión ratificada por el director general de la institución penal, Manuel Dutto.
Vale recordar que esta situación se transformó en noticia y escándalo tras el informe, publicado en exclusiva por este medio.
La reacción inmediata que se suscitó fue que el propio director del SPP se aboque en esclarecer lo sucedido y obtuvo los primeros tres testimonios de subalternos que fueron engañados de manera directa o fueron sus familiares quienes confiaron montos de medio millón, 250 mil y 260 mil pesos.
Esta medida fue acompañada luego por las presentaciones o denuncias policiales correspondientes que fueron judicializadas.
Este Diario detalló, en su edición del domingo 21 de agosto, que una joven de 27 años y también miembro del Servicio Penitenciario Provincial denunció a una camarada de birlarle poco más de cien mil pesos y documentación con una promesa de vivienda que se la iba a conseguir gracias a su incuestionable garante: “un político amigo de mucho peso”.
La víctima del “cuento de la casa”, radicó la denuncia en la comisaría Decimocuarta de la Unidad Regional X en el barrio Fátima. La acusada la contactó a través de una red social y le ofreció por medio millón de pesos para “agilizar trámites” y que le otorguen el inmueble. Esta agente del SPP se desprendió de todos sus ahorros, 110 mil pesos en noviembre de 2021 y desde ese momento no fue notificada de ningún trámite en marcha en dirección a una solución habitacional, tal como se lo prometieron.
Tras la salida a la luz de la denuncia se pudo saber que, de manera paralela, otras personas que fueron engañadas por la denominada “gestora del SPP”, acudieron a la Justicia Civil de Posadas para presentar demanda y embargos con los pagarés que la subadjutora les habría firmado por el monto entregado (entre 100 y 500 mil pesos) ante un escribano público.
Con ese documento como prueba o evidencia, intentan recuperar algo del dinero a través de los descuentos directos del salario de la denunciada.
