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Rescataron a catorce trabajadores misioneros que eran explotados en una forestación

El procedimiento ocurrió en una estancia en Paso de los Libres. Las víctimas permanecían en condiciones inhumanas y en una situación de desprotección total. Aseguraron ser oriundas de San Javier, y aparentemente fueron engañadas por quien les ofreció el trabajo.

19 agosto, 2022

Al menos catorce trabajadores que eran explotados en una forestación fueron rescatados en una estancia cercana a la ciudad fronteriza. Todas las víctimas eran oriundas de San Javier, Misiones, y permanecían en una vivienda muy precaria, no tenían acceso a luz eléctrica, agua potable, baños, ni agua caliente. De hecho, consumían agua contaminada con los químicos empleados para la extracción de resina.

Como si fuera poco y a pesar del frío intenso, no tenían abrigos y debían dormir en colchones en mal estado que estaban apoyados sobre la tierra.

Según las primeras averiguaciones, a los trabajadores les pagaban salarios muy por debajo del monto establecido por el convenio del sector y el salario mínimo, vital y móvil. La explotación se hacía aún más evidente porque cumplían jornadas laborales que superaban el máximo legal permitido.

El calvario habría comenzado aproximadamente desde el mes de julio de este año.

 

La investigación y el procedimiento de rescate

El Juzgado Federal de Paso de los Libres a cargo de Gustavo Fresneda, ordenó el viernes pasado a pedido del fiscal Aníbal Martínez, el allanamiento de la estancia “Don Enrique”, ubicada en el kilómetro 493 de la Ruta Nacional 14. Allí identificaron a 14 personas que se encontraban en condiciones inhumanas víctimas de explotación forestal.

En el operativo intervinieron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) seccional Posadas, la Dirección del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de Personas (Delegación NEA), la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Corrientes y Paso de los Libres), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (delegación Chaco), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Corrientes y Paso de los Libres) y Aguas de Corrientes (oficina Paso de los Libres).

 

A la deriva

La causa se conoció el sábado 6 de agosto, tras un llamado telefónico que recibió la Guardia de Prevención del Escuadrón 7 Paso de Los Libres de Gendarmería, en el que un hombre contó que él y otras personas habían sido trasladadas desde la provincia de Misiones “para trabajar en el campo” y después fueron abandonados frente a la “Estancia Enrique”, cerca de la localidad correntina de Bonpland.

Aseguró que se encontraban a la deriva, con miedo, y aportó un número telefónico para que los contactaran. Fue entonces que la guardia de prevención informó a la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional sobre la problemática.

Luego, una patrulla motorizada, con personal y medios de la Gendarmería Nacional se dirigió al lugar para constatar la existencia de la estancia y de las personas mencionadas. Los efectivos encontraron un predio con diferentes campamentos de distancias considerables entre sí, donde permanecían los trabajadores.

Al ser interrogados, todos afirmaron ser oriundos de San Javier, localidad de la provincia de Misiones, y detallaron que habían arribado al lugar una semana antes y que las condiciones en las que se encontraban no eran las que les habían prometido.

Relataron que la persona que les ofreció el trabajo les había dicho que tendrían ganancias de, aproximadamente, 100 mil pesos. Sin embargo, por los dichos de los otros trabajadores del predio, tuvieron conocimiento de que las ganancias rondaban aproximadamente los 40 mil pesos, dado que se les paga quince pesos por metro de madera.

Los trabajadores no contaban con abrigos y cocinaban sobre brasas. Expresaron que algunas de las personas que se movían por la estancia estarían armadas, porque cazaban animales silvestres -que en ocasiones cocinaban allí-, y explicaron que esa situación les generaba “miedo”.

En cuanto a la actividad laboral, indicaron que las jornadas comenzaban a las 6.00 hasta finalizar los trabajos. Debían trasladarse caminando por alrededor de tres kilómetros hasta los asientos donde realizaban la tala de árboles o cortes.

Las víctimas declararon que habían llegado a través del transporte Crucero del Norte, y que el valor de los pasajes les iba a ser descontado de los salarios, al igual que los gastos de comida, uso de maquinarias o herramientas, e incluso de la electricidad consumida.

Por último, relataron que tuvieron una única entrevista con la persona que se presentó como el responsable del lugar y que en esa oportunidad, les habló con una actitud amenazante y les dijo a dos de ellos que no podían salir del lugar hasta haber cumplido al menos treinta días de trabajo.

Fuente: Diario El Libertador

Tags: CorrientesDenunciaExplotaciónExplotación laboralMisionesRescateTrabajadores Forestales
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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